El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha acordado abrir diligencias de investigación para analizar los siete contratos de emergencia del Gobierno de Pedro Sánchez que están contemplados en la denuncia que presentó el Grupo parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. 

En un decreto de ocho páginas, al que ha tenido acceso este diario, Luzón indica que los hechos denunciados "revisten especial trascendencia" por lo que incoa diligencias para el esclarecimiento de los mismos, "debiendo abrirse unas diligencias por cada una de las empresas supuestamente favorecidas" entre las que están Beeddigital, participada por el marido de la vicepresidenta Nadia Calviño, e Industrias Plásticas Playbol, con vinculación con los padres del Presidente de Gobierno. 

La denuncia, anunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid a los días de iniciarse la investigación en Anticorrupción por la comisión de su hermano en el contrato de mascarillas de la empresa Sportive Priviet, tuvo entrada en la Fiscalía el pasado 10 de marzo. Ahora el fiscal jefe de Anticorrupción abre diligencias por siete de los 13 contratos denunciados por el PP de Madrid, por valor de 326 millones. 

Los indicios que quiere investigar el fiscal se refieren a "la vinculación de cada una de las sociedades denunciadas con las distintas administraciones públicas y la falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para la formalización de los contratos". Los presuntos delitos que la Fiscalía va a investigar en sus diligencias prejudiciales son los de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Una de las empresas adjudicatarias es Soluciones de gestión y apoyo a empresas SL, que, según el fiscal, "tiene relación, según información periodística, con el entonces ministro de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos". 

Luzón destaca en su decreto sobre esta mercantil la mercantil que "faltó comprobación de la solvencia de la adjudicataria" y además que en 2019 "su cifra de negocio fue de 0 euros, frente a los 53,13 millones de euros en 2020 por las adjudicaciones públicas directas". 

"Los medios de comunicación apuntan como causa de la adjudicación de FCS Select Products, SL la relación de amistad de los administradores de la sociedad
con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa", consta en el decreto.  

La actividad social de esta mercantil era "servicios de fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas. "No
tiene relación directa con el objeto del contrato", dice el fiscal. También pone en valor que en 2018 su cifra de negocio fue inferior al millón de euros y que en 2020 alcanzó los 263,1 millones de euros por las adjudicaciones públicas
directas. "La administradora de la empresa fue condenada en 2016 por un
delito de estafa", destaca Luzón. 

Sobre la sociedad Member of the Tribe SL, "su objeto social es el diseño, fabricación y comercialización de prendas de vestir y accesorios. No existe correlación alguna con el suministro de productos sanitarios", indica la Fiscalía. 

"Sanidad adelantó el 30% del primero de los contratos que se relacionan por un importe de 1.669.200 euros. La compañía incumplió el plazo de entrega por lo que se resolvió el contrato. La administración no ha recuperado el dinero adelantado". 

Respecto a la mercantil Hyperin Grupo Empresarial, tampoco ve concordancia el fiscal entre su objeto social y la venta de dispositivos de ventilación mecánica. invasiva. En este caso, el Ministerio de Sanidad adelantó el importe total de contrato que alcanzaba la suma de 3.310.556 euros. La compañía incumplió el contrato y está pendiente de reintegrar 1.801.481, 74 euros.

En el caso de Weihai Textile Group Import & Export Co LTD, el fiscal llama la atención sobre "el precio de adjudicación excesivo de la unidad de bata, 16,7 euros, frente a otros proveedores cuyas ofertas rondaban los 0,3263 euros y 0,2783 euros. 

El marido de Calviño

El resto de contratos investigados no se refieren a la covid. En este apartado, Luzón pone el foco en la mercantil Páginas Amarillas Soluciones Digitales SA, denominada ahora como Beedigital. "Esta sociedad es relacionada por el denunciante con la titular del Ministerio de Economía, Nadia Calviño, al ostentar su cónyuge el puesto de director de marketing de la empresa". 

Destaca la Fiscalía que la adjudicación del contrato de 532.000 euros para mejorar la imagen online de la Seguridad Social se realizó cuando la adjudicataria tenía deudas con el Estado por un importe de 1,6 millones de euros. "Cuando se prorrogó el contrato en 2020 la deuda con el estado ascendía
a 884.000 euros", añade. 

Los padres de Pedro Sánchez

También aparece como una de las empresas investigadas Industrias Plásticas Playbol SL. Según el PP, la mercantil recibió ayudas públicas por su vinculación con los padres del Presidente de Gobierno. "Al parecer, estos vendieron en 2018 los activos, fondo de comercio y maquinaria de la empresa Playbol, SA, de la que continúan como administrador y apoderada ambos cónyuges", indica el fiscal. 

La empresa compradora, Industrias Plásticas Playbol, se subrogó en los contratos laborales. La empresa Playbol sigue siendo propietaria de las
naves en las que se desarrolla la actividad empresarial trasmitida, por
cuyo arrendamiento percibe anualmente 156.000 euros. 

Esta empresa, Industrias Plásticas Playbol, recibió 14 ayudas públicas, en forma de avales, de la empresa pública Compañía Española de Refinanciamiento por valor de 64.900 euros en 2020. 

El fiscal pone en evidencia que la denuncia del PP "nada aporta, salvo la referencia a la publicación en diversos medios de comunicación, sobre la relación de los adjudicatarios con las personas aforadas que se indican y su posible intervención o ayuda en la obtención de los contratos". 

Por tanto, "excluida cualquier participación ab initio de personas aforadas, que
determinaría la falta de competencia de esta Fiscalía Especial para la
comprobación e investigación de los hechos, se ha de valorar si del relato que
de los mismos se hace y de la documentación aportada resultan elementos que
nos permitan apreciar la existencia, al menos indiciariamente, de cierta
relevancia penal que justifique la incoación de las diligencias de investigación
solicitadas por el denunciante". 

El fiscal Luzón dice que "resulta forzosa" la comparación con la situación derivada de la denuncia de los grupos políticos de la Asamblea de Madrid respecto al contrato de mascarillas vinculado al hermano de Ayuso. "Esta inicial indagación no puede llevarse a cabo sin la previa incoación de Diligencias de Investigación penal, imperativa cuando se recibe noticia de la comisión de hechos que pudieran tener relevancia penal, aunque los mismos no
estén perfilados", indica el fiscal.