Anticorrupción pide la suspensión de la entrada en prisión de Griñán

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia de Sevilla que suspenda por el momento el ingreso en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, enfermo de cáncer. En paralelo, ha pedido al Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla un nuevo informe "más preciso sobre la procedencia o no" de la entrada en la cárcel.

En un escrito enviado este miércoles a la Audiencia, los fiscales reclaman, que, una vez recibida la información solicitada y emitido nuevo informe por el IML, se recabe también el informe de los servicios médicos penitenciarios del Centro de Sevilla, con el fin de evaluar el asunto.

Griñán fue condenado por el caso de los ERE a inhabilitación por un un delito de prevaricación y a seis años y dos días de prisión por otro delito de malversación. La sentencia del Tribunal Supremo no fue unánime. Dos magistradas de cinco la discutieron con el argumento de que no existían pruebas sólidas de que hubiera cometido el segundo delito, el de malversación, que es el que conlleva penas de prisión. 

Así "[Griñán fue condenado como autor] de un delito de prevaricación precisamente por haber aprobado y tramitado de forma ilegal los proyectos de presupuestos y ponerlos, una vez aprobados por el Parlamento Andaluz, a disposición de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo para que procediera a su distribución y adjudicación. Sin embargo, ello no quiere decir que supiera que en la Consejería de Empleo se estuviera distribuyendo y adjudicando el dinero de una forma fraudulenta en perjuicio del erario público y en beneficio ilícito de patrimonios particulares".

La actuación de Griñán como consejero de Hacienda de Chaves es lo que puso bajo la lupa la sentencia de la Audiencia, que confirmó el Supremo: "Siendo Griñán consejero de Economía y Hacienda, se siguió haciendo este uso inadecuado" del modo de pago de los ERE. El fallo añadía que era el destinatario de los informes de control financiero permanente del organismo que pagaba las ayudas, "por lo que tuvo conocimiento de las deficiencias detectadas", aunque él ha afirmado siempre que jamás lo tuvo.