PALMA.- El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha presentado hoy una querella contra el expresidente del Govern balear Jaume Matas, el presidente de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, y otras seis personas por la presunta corrupción en la adjudicación del hospital Son Espases de Palma. El resto de querellados son la exconsellera de Salud balear Aina Castillo, el ex director general del Servicio de Salud Sergio Beltrán, el propietario de la consultora Global PM, Jesús Peinado, el asesor de esa sociedad Luis Francisco Piña, el director de hospitales de OHL José Magán y el exgerente del PP Fernando Areal, cuñado de Matas.

La querella, fruto de una investigación iniciada por el fiscal el año pasado, atribuye a los ocho ex responsables públicos y gestores empresariales delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración. El supuesto amaño en la adjudicación de Son Espases, la mayor obra pública llevada a cabo en Baleares con un presupuesto inicial de casi 780 millones de euros, fue objeto a principios de este año de una comisión de investigación en el Parlament balear.

"El mayor concurso público de Baleares fue manipulado y pervertido por orden de Jaume Matas, quien ostentaba un control absoluto sobre el mismo", sostiene Horrach, que subraya que pese a que los imputados Castillo y Beltrán han colaborado aportando numerosos datos, aún queda por aclarar una cuestión clave: "si se solicitaron y abonaron comisiones o sobornos". Antes de su relato de los hechos, el fiscal resume que Matas dirigió "maniobras criminales fraudulentas para manipular el concurso con finalidades espurias" ocultas bajo "una falsa apariencia de corrección y pulcritud", y para ello se sirvió de subordinados como "títeres complacientes" que una vez empleados de "escudo protector" fueron "abandonados sin escrúpulos".

Expone que Matas, que había anunciado antes de concurrir a las elecciones de 2003 dónde pensaba construir un nuevo hospital a empresarios constructores de la isla, determinó la contratación de la consultora Global PM para valorar las ofertas que se presentarán al concurso convocado a finales de 2005 y así manejarlo a su antojo. Para ello, ordenó a Castillo la puesta en marcha de un procedimiento negociado sin publicidad que fue "una absoluta simulación", indica Horrach, quien hace un detallado relato de la forma en que se manipuló el proceso para que pareciera que había informes diferentes e independientes para facilitar la decisión de la mesa de contratación.

Matas, sostiene el fiscal, manipuló el concurso por medio de Castillo, Beltrán y el presidente de la mesa de contratación, el fallecido Juan Sanz, con el fin de que se le adjudicaba a OHL, para lo que incluso facilitó a la consellera los argumentos técnicos que debían hacer que la unión de empresas liderada por la compañía de Villar Mir ganará a la oferta encabezada por Dragados. El acusador público, que considera que los directivos de OHL necesariamente cooperaron en el fraude, explica que la situación cambió cuando, el mismo día en que la mesa iba a adjudicar la obra a OHL, el diario El Mundo publicó que la decisión estaba tomada y sugirió que podía haber irregularidades.

Matas, sostiene el fiscal, manipuló el concurso por medio de Castillo, Beltrán y el presidente de la mesa de contratación, el fallecido Juan Sanz, con el fin de que se le adjudicaba a OHL

Ante ello, siempre a instancias del entonces presidente y líder del PP balear, se modificó el proceso previsto, se solicitaron informes justificativos y finalmente se decidió, violentando las funciones de la mesa de contratación, adjudicar la obra a la unión de empresas que comandaba Dragados, que finalmente construyó el hospital de referencia del archipiélago. Todos los querellados intervinieron de una u otra forma en el proceso descrito excepto Fernando Areal, para quien la Fiscalía pide la imputación porque el exconcejal de Urbanismo de Palma Rodrigo de Santos le señaló en su declaración ante Horrach como "cobrador" de comisiones por este procedimiento, algo que concuerda con su imputación en otra causa por pagos con dinero negro de servicios electorales de publicidad para el PP.

A juicio del fiscal, este caso resulta paradigmático de cómo "con demasiada frecuencia se amoldan intereses económicos y políticos en una espiral donde el interés público es la última razón a considerar o simplemente no tiene cabida". Reflexiona también en su escrito, pendiente de reparto para la asignación de un juez que instruya la causa, respecto a que "el descubrimiento de la verdad depende en numerosas ocasiones de la delación, y aun favoreciendo esta última no siempre resulta factible alcanzar aquella".

Horrach solicita que comparezcan ante el juez en calidad de imputados los ocho querellados y que se tome declaración en calidad de testigos a los miembros del Consejo Consultivo, al que se le pidió un informe cuando se dio marcha atrás a la adjudicación a OHL.