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Aragón inicia los trámites para penalizar a las empresas con intereses en paraísos fiscales

Propuesta al Gobierno central para que lo regule en una ley básica

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Las Cortes de Aragón han aprobado por unanimidad primar a las empresas fiscalmente transparentes en los contratos de la comunidad.

Actualizado:

@e_bayona

ZARAGOZA.- Aragón inicia los trámites para penalizar en sus concursos a las empresas con intereses en paraísos fiscales y territorios offshore. Las Cortes han aprobado por unanimidad este jueves una resolución por la que acuerdan pedir a la Junta Consultiva de Contratación un informe sobre las cláusulas a incluir en los futuros pliegos de condiciones de los concursos con esa finalidad.

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Si el informe de la junta lo avala, los pliegos para optar a los contratos de la comunidad autónoma especificarán que las “empresas que tributan en paraísos fiscales no concurren en igualdad de condiciones” a los concursos –todos los grupos coincidieron en señalar que es una opción ventajista por el bajo nivel impositivo de esos territorios- y les obligarán a informar sobre su actividad en zonas offshore. Concretamente, deberán identificar a cada una de sus filiales en ellas y especificar su actividad, el número de empleados, la cifra de negocios, sus resultados, los impuestos pagados y las subvenciones recibidas.

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Propuesta al Gobierno central para que lo regule en una ley básica

La diputada de Podemos Marta de Santos, que defendió la iniciativa, conversa con el portavoz adjunto del PSOE, Florencio García Madrigal.

La resolución insta también al Gobierno de Aragón a dirigirse al ejecutivo central para instarle a que regule en la legislación básica “la exclusión de la contratación pública a empresas con amplia presencia en paraísos fiscales sin actividad económica que lo justifique” y, paralelamente, a favorecer a las sociedades “que presentan un mayor nivel de responsabilidad fiscal”.

“Tal vez estamos redefiniendo el concepto de patriota”

Todos los grupos parlamentarios mostraron su apoyo al fondo de la propuesta, aunque algunos, como Cha, C’s y el Par, mostraron dudas acerca de que las competencias formales de la comunidad para aplicarla. “Cualquier político que no estuviera de acuerdo con esto rozaría la falta de ética”, dijo el nacionalista Gregorio Briz. “¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con una iniciativa que es ética y estética?”, se preguntó retóricamente Javier Martínez, de C’s.

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