Aragón sube los impuestos a los ricos y a las eléctricas

ZARAGOZA.- El Gobierno de Aragón impulsa una reforma tributaria con la que pretende subir el IRPF a las rentas de más de 90.000 euros anuales, reducir de 700.000 a 500.000 las carteras de bienes exentas del Impuesto de Patrimonio, imponer un tributo a las empresas eléctricas por los valles que inundan los pantanos y otro por los tendidos de alta tensión, elevar los gravámenes sobre las operaciones inmobiliarias y, entre otras novedades impositivas, aplicar una carga de 2,4 céntimos a cada litro de hidrocarburos de uso particular.

“El objetivo es garantizar el mantenimiento de los servicios públicos”, recalcó el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, antes de anotar que la estimación del aumento de la recaudación es equiparable al coste que, según los primeros cálculos, tendrá la renta social básica que el ejecutivo de Javier Lambán prevé poner en marcha el año que viene.

“¿Qué es mejor, tener ingresos o no tenerlos? Eso es lo que hay que poner en la balanza. No nos engañemos, esto es un instrumento”. Gimeno, que destacó que las cuentas autonómicas afrontan una insuficiencia presupuestaria de 690 millones en lo que queda de año, se encomendó este martes al pragmatismo al presentar la reforma tributaria con la que, mediante la creación de tres impuestos, la recuperación de otro y la revisión al alza de cuatro más, el Ejecutivo autonómico prevé aumentar en más de cien millones su recaudación anual. Resaltó también que Aragón es la segunda comunidad con menor presión fiscal, por detrás solo de Madrid.

El Ejecutivo es consciente de las dificultades que entraña sacar adelante una reforma de este calado cuando lo sostiene menos de un tercio de los diputados de la cámara autonómica (18 del PSOE y 2 de Cha) y cuando a ambos lados del arco parlamentario le ven peros a la iniciativa: por el centro-derecha, PP (21), PAR (6) y C’s (5) rechazan subir impuestos y, por la izquierda, Podemos (14) e IU (1), perplejos ante los contradictorios planeamientos que el PSOE muestra en el Ayuntamiento de la capital y en la comunidad, reclaman mayor progresividad.

La tramitación parlamentaria de esta iniciativa coincidirá con la precampaña de las elecciones generales, lo que hace prever un enconamiento de las posturas de los grupos.

El proyecto de ley de Medidas Tributarias para el Mantenimiento de los Servicios Públicos crea tres nuevos impuestos: uno para recaudar 12 millones a las compañías eléctricas por la capacidad de los embalses y la altura de sus presas, otro para ingresar 1,5 por el impacto visual y ambiental de los tendidos de alta tensión y uno más, de tipo indirecto y efecto indiscriminado, que debería generar otros 18 millones al gravar con 2,4 céntimos cada litro de combustible de uso privado –quedan fuera los gasóleos agrícolas, de calefacción y de uso profesional - que se reposte en las gasolineras aragonesas.

Gimeno consideró “imposible” que las eléctricas puedan repercutir esos tributos en el recibo de la luz y argumentó que los propietarios de un vehículo de uso privado que recorra 15.000 kilómetros al año y consuma diez litros a los cien pagarán tres euros mensuales.  “La propuesta que hacemos es muy moderada”, dijo sobre el gravamen de los embalses. “No queremos -aseguró- perjudicar a las empresas que los explotan”, que son básicamente Acciona y Endesa.

El Ejecutivo descartó la propuesta de Podemos para gravar la producción por kilowatios al entender que los tribunales podrían tumbarla si estimaban que generaba una situación de doble tributación. Eso deja fuera las centrales que funcionan sin pantanos, entre las que se encuentran algunas de las de mayor producción de la comunidad.

La batería de medidas, que incluye recuperar el impuesto de los telecabinas (1,5 millones) que en la práctica tiene el propio Ejecutivo como el principal pagano por su participación en el negocio del esquí, contempla aplicar tramos del 23,5% al 25% a las rentas de más de 90.000 euros en el IRPF (4 millones) y suprimir la desgravación por contratar seguros sanitarios privados (2), además de reducir de 700.000 a 500.000 euros las carteras de propiedades muebles –acciones, principalmente- e inmobiliarias exentas de tributar por Patrimonio. De esta última medida quedan exentos los autónomos y las empresas familiares.

El grueso de la recaudación saldrá del negocio inmobiliario: la subida del 7% al 8% del tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que grava la compra de viviendas de segunda mano y que se elevará al 9% en operaciones de más de 500.000 euros, debe aportar 34 millones, mientras que la previsión apunta a ingresos por valor de otros 20 anuales por las subidas en los de Sucesiones –herencias-, Donaciones y Actos Jurídicos Documentados –escrituración-.

El Ejecutivo sostiene que la subida de estos últimos impuestos sólo afectará a un 2,5% de los contribuyentes, una estimación que coincide con la de quienes en los últimos cuatro años se beneficiaron de la bonificación del 65% de la cuota por tener patrimonios preexistentes de 402.000 euros o de la reducción del 100% cuando el valor de los bienes que pasaban de padres a hijos no superaba los 300.000.