Madrid.- El Promotor de la Acción Disciplinaria sobre los jueces, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha archivado la denuncia presentada por el PP de Andalucía contra la juez María Núñez Bolaños, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, y que habría cometido en la instrucción de la macrocausa de los cursos de formación.

Los populares, dirigidos por el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, denunciaron a la juez por tres supuestas faltas: revelación de datos, dictar resoluciones carentes de motivación e "inobservancia en su deber de abstención".

Esta maniobra del PP ha sido archivada, denuncia a denuncia, por el Promotor de la Acción Disciplinaria. El último archivo se ha anunciado este viernes y se centraba en pedir una sanción disciplinaria muy grave por una supuesta falta de motivación de las resoluciones dictadas por la magistrada.

Fonseca-Herrero archiva la denuncia porque no ve "relevancia disciplinaria" en las resoluciones que motivaron la queja de los populares. El Promotor es una figura creada en el año 2013 y está encargado de la disciplina de los jueces, dentro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ostenta esta competencia constitucional.

La juez María Núñez Bolaños consiguió la plaza de titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, donde Mercedes Alaya instruía el caso de los ERE, en marzo de 2015 mientras Alaya logró un puesto en la Audiencia de Sevilla.

Los populares reclamaban en su última denuncia que el Promotor sancionara a la juez por una falta muy grave (del artículo 417.15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPJ). Este artículo sanciona la falta de motivación de las resoluciones judiciales "firmes".

Las resoluciones en las que el PP basó sus denuncias contra la juez Núñez Bolaños fueron anuladas después por la Audiencia de Sevilla. Estas resoluciones fueron dictadas en varias de las piezas en las que se dividió la causa sobre los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía, y en ellas se acordaba declarar compleja la instrucción de las distintas causas y decretar su sobreseimiento provisional.

Fonseca-Herrero destaca que la motivación de aquellas resoluciones fue insuficiente y generaban indefensión, por lo que así lo decretó la Audiencia de Sevilla, el órgano judicial encargado de su revisión. Pero esa falta de motivación no reúne "las características de 'absolutamente inexistente' y 'manifiesta' que la jurisprudencia" exige para adoptar sanciones disciplinarias, concluye el Promotor en el escrito en el que archiva su investigación.

Fonseca-Herrero acuerda archivar la denuncia del PP porque la ausencia de motivación debe referirse únicamente al pronunciamiento relativo al sobreseimiento provisional. En estos acuerdos, la juez añade la expresión conforme se interesa" en relación con peticiones de la Fiscalía.

"Es preciso considerar que la expresión conforme se interesa se debe entender como la justificación o motivación de la decisión, pues en todas las causas penales donde fueron dictadas las resoluciones existe una petición en ese sentido formulada por el Ministerio Público", indica el acuerdo del Promotor.

La Audiencia de Sevilla anuló estas resoluciones porque creaban indefensión, pero no son suficientes para imponer una sanción disciplinaria. El Promotor recuerda que la propia Audiencia reprochó al PP el no haber permitido a la magistrada una mayor motivación de su decisión al no interponer recursos de reforma ante ella y, en su lugar, apelar directamente a dicho órgano superior.

Es más, el PP cuestionó en sus recursos ante la Audiencia las razones por las que la juez había acordado el sobreseimiento, prueba de que era conocedor de los motivos a los que se refería la Núñez Bolaños cuando decía "conforme se interesa ".

El CGPJ también ha archivado las otras dos denuncias presentadas por el PP de Juan Ignacio Zoido, nuevo ministro del Interior.

Así, el pasado mes de octubre tampoco vio tacha disciplinaria alguna en la denuncia que los populares andaluces presentaron contra la juez Núñez Bolaños por la supuesta filtración del archivo de la denominada pieza 'política' de los cursos de formación, que afecta a 24 exdirigentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o los ex delegados en las ocho provincias andaluzas.

La filtración se produjo en plena campaña electoral andaluza y el PP consideraba que la juez estaba detrás de esta difusión. En su denuncia la acusaba además de no ser imparcial y de haber "incurrido en una falta muy grave de inobservancia del deber de abstención al entender que en este procedimiento existen resoluciones y hechos, como su forma de interrogar a los testigos, que evidencian su parcialidad".

Otra de las quejas del PP de Andalucía fue rechazada por la Comisión Permanente del CGPJ. Consistió en la recusación planteada el pasado 15 de septiembre contra Núñez Bolaños en relación con la entrega de las grabaciones de todas las declaraciones celebradas en la causa de los cursos de formación, al entender que este asunto es de carácter jurisdiccional y no le compete.