MADRID.- Un sobre anónimo llega a la redacción de Público a finales de octubre de 2015. Tiene matasellos de Barcelona y en su interior hay un pen drive que contiene un archivo, fechado el 10 de diciembre de 2012. Era un audio en el que se escucha claramente como el exfinanciero Javier de la Rosa le dice a Manuel Villar, el abogado a quien había contratado para llevarle sus asuntos contra el ex president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol. 

La voz del supuesto letrado es conocida y se podía reconocer perfectamente al comisario José Manuel Villarejo como interlocutor. Además, como se explicó a la juez que ha instruido la querella por intervención de las comunicaciones y revelación de secretos contra Público, y que acaba de archivar, al final de la grabación se escucha como uno de los interlocutores cuelga el teléfono y el otro sigue grabando unos segundos más.

Sin que hubiera más investigación abierta que un encargo del Ministerio del Interior, el comisario se había hecho pasar por Javier de la Rosa y le había animado a denunciar al patriarca del clan Pujol a cambio de dinero –según aseguró el propio ex convicto- y de solucionarle sus problemas legales. Además las fuentes consultadas explicaron a Público, que en este caso no había juez que supervisara el trabajo del policía como agente encubierto y que además Javier de la Rosa había contratado al despacho real que figura en el Registro Mercantil a nombre del comisario. Es decir, presuntamente, esa labor no estaba respaldada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Público se puso en contacto con ambos interlocutores y mientras que De la Rosa confirmaba ser quien hablaba y el resto de los hechos, el comisario José Manuel Villarejo no quiso contestar. Anteriormente sí había respondido: en una ocasión para desmentir la información que Javier de la Rosa le había dado al pequeño Nicolás sobre que el policía se había hecho pasar por abogado y agente del CNI, dejándole a deber además unos 200.000 euros; y la segunda a través de su abogado y socio, Rafael Redondo, cuando Ignacio González le acusó de chantaje con el caso del ático y la grabación que había realizado en La Mallorquina al ex presidente de la Comunidad de Madrid y al comisario Enrique García Castaño, supuestamente debido a una información obtenida en el caso Gürtel, a pesar de que no hay ninguna referencia a este asunto en dicho sumario.

Revelación de secretos

Al día siguiente de su publicación, Villarejo puso una querella acusando a este medio y a la autora del reportaje de haberle intervenido las comunicaciones y haber revelado secretos trascendentales para el procedimiento abierto contra los Pujol en la Audiencia Nacional. Sin embargo, Javier de la Rosa dejó de colaborar con dicho procedimiento después de que los ex periodistas de El Mundo, Eduardo Inda y Esteban Urrieztieta, desvelaran el supuesto informe Pujol negado por el Ministerio del Interior y que contenía la declaración del financiero catalán.

Público entregó el archivo de audio a la juez que había abierto diligencias y solicitó además que lo analizara el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, para demostrar que uno de los dos interlocutores era quien lo había grabado y, posiblemente, enviado a Público. Este departamento también es el encargado de investigar la grabación efectuada por Villarejo a Ignacio González y al comisario García Castaño. Pero el policía presentó un escrito oponiéndose a la práctica de esta diligencia.

El 6 de mayo la instructora de la causa dictó un auto de archivo de la causa contra Público y la autora del reportaje explicando que: “Parece de todo punto descartable que doña Patricia interceptara la comunicación, desde luego no hay indicio alguno que apunte a esa modalidad delictiva. Por el contrario, resulta creíble la investigada cuando sostiene que recibió la misma en la sede del periódico donde trabaja y de su declaración, plenamente convincente a juicio de esta instructora, se desprende que es verosímil que creyera que no se trataba de una interceptación ilícita (presupuesto este exigido por el tipo que nos ocupa) argumentando convincentemente los indicios que tenía de que la grabación había sido realizada por una de las dos personas que participaban en la conversación. Relató las comprobaciones que hizo para corroborar ese extremo y cómo concretamente el denunciante no le dio respuesta”.

Además añade que “tras valorar las declaraciones prestadas y lo convincente de cada una de ellas, no se considera que haya indicios suficientes de delito”.