Arrancan las vacaciones parlamentarias oscurecidas por la corrupción del PP

La Constitución señala en su artículo 73 que los periodos ordinarios de sesiones de las cámaras parlamentarias, Congreso de los Diputados y Senado, son dos: de septiembre a diciembre y de febrero a junio. Fuera de esas fechas las convocatorias tienen un carácter extraordinario y se han de realizar con un motivo concreto cerrado.

Esa norma, que se ha seguido casi a rajatabla desde la Iª Legislatura, comporta formalmente que la actividad parlamentaria queda suspendida tres meses al año, uno en invierno y dos en verano. A partir de 2009, en plena crisis económica, se decidió “llenar” esos huecos con la celebración de plenos y comisiones, sobre todo en el Congreso de los Diputados, con el fin de no dar mal ejemplo ante la sociedad.

Sin embargo, a partir de este año hay una tenencia a volver a los hábitos anteriores a la crisis. El pasado mes de enero la actividad parlamentaria bajó considerablemente y para este verano la tenencia sigue ese camino: cumplir el ritmo marcado en la Carta Magna.

La pasada semana el Senado celebró un pleno en el que se aprobaron definitivamente los Presupuestos Generales del Estado para este año que, al no introducir ninguna modificación respecto al texto remitido por el Congreso se envió directamente al BOE en el que ya h sido publicado. La Cámara alta no volverá a celebrar un pleno hasta el 11 de septiembre con el inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones. Dos meses y medio después.

El resto de la actividad parlamentaria del Senado en este tiempo se limita a la reunión de tres comisiones en la primera semana de julio en tres días - lunes, martes y viernes -, y a partir de ahí la actividad finaliza hasta ya entrado el mes de septiembre. Es decir, la mayoría de los senadores disfrutarán de dos meses y medio de vacaciones estivales y unos pocos alrededor de dos meses.

La actividad en el Congreso de los Diputados es mayor, pro no mucho más. La Cámara baja ha “habilitado” el mes de julio para que haya actividad parlamentaria, aunque se desarrollará con una intensidad bastante relajada respeto a un mes en periodo ordinario.

La actividad más llamativa será la celebración de un pleno extraordinario convocado para la segunda semana del mes en el que el Gobierno someterá a aprobación el techo de gasto. También habrá sesión de control al Ejecutivo con preguntas a Rajoy.

La cámara no volverá a reunirse en sesión plenaria hasta la segunda semana de septiembre, es decir dos meses después. Según fuentes parlamentarias consultadas por Público es probable que a finales del mes de agosto se convoque una reunión de la Diputación Permanente, la instancia que sustituye al pleno fuera de los periodos ordinarios; pro no es seguro en estos momentos.

En principio, la mayor actividad la desarrollarán las tres comisiones parlamentarias de investigación que están constituidas en paralelo, un hecho sin precedentes en el Congreso de los Diputados. Todas ellas deberán escuchar a los diversos comparecientes convocados.

La primera en reunirse será la que investiga el uso de los recursos del ministerio del Interior bajo el mandato de Jorge Fernández Día con fines partidistas. Este miércoles están convocados el inspector jefe de la Policía, José Ángel Fuentes Gago, y el ex director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino.

Esta comisión debe finalizar sus trabajos el 31 de julio por lo que es previsible que al menos celebre nuevas reuniones para tomar declaración a nuevos comparecientes o, como mínimo, para redactar sus conclusiones que deberán ser trasladadas al pleno para su debate.

La comisión que investiga la presunta financiación ilegal del PP se reunirá el día 12 para recibir testimonio de los ex secretarios generales de la formación conservadora Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas y Ángel Acebes. Según su presidente, el nacionalista canario Pedro Quevedo, la lista de comparecientes ante la comisión es larga “por lo que no descarto que haya más reuniones este mes”, dijo a Público la pada semana.

La tercera comisión, la que investiga la crisis financiera de las cajas de ahorro, sobre todo Bankia, tiene dos reuniones fijadas para recibir a los primeros comparecientes solicitados por los diferentes grupos parlamentarios. El día 13 está citado el actual Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, para que dé su versión como supervisor del sistema financiero español.

Dos semanas después, el día 25, está citado Jaime Caruana, ex Gobernador del Banco de España entre los años 2000 y 2006. Esta comisión está pendiente, según ha explicado su presidenta, la nacionalista canaria Ana Oramas, de recibir la confirmación de varios responsables internacionales del ámbito financiero para fijar fechas para su comparecencia.

Esa será toda la actividad parlamentaria que se desarrolle durante los dos próximos meses fuera del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de los Diputados, según la programación difundida hasta ahora. Todas las convocatorias citadas están previstas para el mes de julio. La cámara retomará su ritmo habitual a partir del 5 de septiembre.