El Gobierno ha asegurado que hará lo que haga falta para evitar la proclamación de independencia de Catalunya y el artículo 155 de la Constitución es una de las medidas excepcionales que podría intervenir la autonomía de Catalunya.

Hasta ahora, el presidente Mariano Rajoy no ha mencionado explícitamente su aplicación, a pesar del apoyo recibido por varios partidos y políticos españoles. Tras la declaración del president de la Generalitat en el Parlament este martes, la activación del 155 se ha puesto en marcha, dando los primeros pasos. 

¿Qué es?

El artículo 155 tiene que ver con las vías del Gobierno nacional para controlar la actividad de las comunidades autónomas. Según la Constitución española, "si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno (...) podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

¿Quién lo activa?

Para poner en marcha esta medida, el Gobierno no puede actuar el solitario, sino que, según la Constitución, el presidente necesitaría la aprobación por mayoría absoluta del Senado. Por tanto, es una de las claves.

El procedimiento exige que el Gobierno envíe al presidente de la Cámara Alta una propuesta con las medidas concretas y exactas que plantea y estas deben ser debatidas en la Comisión General de Comunidades Autónomas.

A su vez, el Senado debe pedir al presidente autonómico afectado, en este caso Carles Puigdemont, las alegaciones que considere oportunas. La propuesta final se debe votar en el Pleno. 

¿Cuándo se puede aplicar?

Según la redacción del propio artículo, el Gobierno "podrá adoptar las medidas necesarias" para obligar a la Comunidad Autónoma al "cumplimiento forzoso" de sus obligaciones establecidas por la ley siempre que las hayan incumplido con anterioridad. Además, la Constitución afirma que también se podrá activar este artículo si las acciones de Catalunya, en este caso, van en contra de la protección del interés general. 

De todos modos, el artículo recoge el premisa de "previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma", por tanto, para la puesta en marcha del 155, el primer paso es el requerimiento que Rajoy envía a Puigdemont sobre la declaración de independencia de Catalunya, instándole al cese de las actuaciones.

¿Cómo se aprueba?

Cómo se explica anteriormente, en primer lugar, debe existir una Comunidad Autónoma que incumpla la ley, como es el caso de Catalunya con la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre que fue rechazado por el Tribunal Constitucional y la posterior declaración en el Parlament. 

A continuación, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, deberá  enviar una partición de cumplimiento de la legalidad al mandatario de la autonomía, en este caso a Carles Puigdemont como presidente del Govern. Si este se niega a revertir la situación, entonces el Gobierno enviará al presidente del Senado las medidas que pretende llevar a cabo para la solución del conflicto .

Pero este proceso no tiene un tiempo estimado. La Constitución no establece el tiempo máximo que se puede alargar la aprobación del artículo 155. 

¿Cuál es el papel del Senado?

La aplicación del artículo 155 en su fase parlamentaria está recogido en el artículo 189 del reglamento del Senado.

Ahí se contempla que el Gobierno presente ante el presidente de la Cámara alta un escrito en el que explique las medidas a aplicar, y la justificación de haber realizado el correspondiente requerimiento al presidente de la comunidad autónoma de que se trate, y el incumplimiento de ésta.

La Mesa del Senado remitirá esta documentación a la Comisión General de las Comunidades Autónomas que, por su parte, también enviará un requerimiento al presidente de la comunidad implicada para que presente sus alegaciones y designe a una persona para que ejerza su representación.

La Comisión emitirá un dictamen sobre si procede o no aprobar la solicitud del Gobierno central. Finalmente, el Pleno del Senado debatirá y votará la propuesta,  que tiene que ser aprobada por mayoría absoluta.

¿Qué medidas se pueden utilizar?

Sin bien es cierto que la redacción del artículo 155 de la Constitución no afirma que medidas excepcionales sí y qué medidas no se podrían emplear, los expertos descartan el uso de la fuerza mediante el empleo de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Del mismo modo, también descartan la posibilidad de la disolución de los órganos de la Comunidad Autónoma. 

El 155 no prevé la suspensión directa de la autonomía, sino que abre un amplio campo de posibles medidas de intevención, como puede ser, por ejemplo, la sustitución del propio president al frente del ejecutivo catalán, así como la asunción de las competencias en materia de orden público, por citar otra posible, según han explicado varios juristas consultados.

La aplicación de este precepto constitucional podría llegar incluso, según algunas fuentes, a la pérdida de la condición de aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para el president, circunstancia que, a su vez, podría facilitar la acción penal contra él desde la Audiencia Nacional o incluso el Supremo.

¿Cuánto tiempo duraría?

El artículo 155 no expecifica cuánto tiempo dura la aplicación del mismo, pero los expertos aseguran que no es para siempre. Esta medida se mantendrá activa hasta que se restaure el cumplimiento de la norma.

Además, los actos realizados por el Gobierno en uso de la autorización recibida del Senado podrán ser objeto de recurso contencioso administrativo o de amparo si incurren en infracciones del ordenamiento jurídico.

¿Cuáles son sus consecuencias?

El artículo 155 nunca ha sido puesto plenamente en práctica y, por lo tanto, se desconocen sus consecuencias.

Algunas entidades como la banca estadounidense Citibank, han aconsejado no aplicar el 155 porque podría suponer una "rebelión civil" en Catalunya. 

El único precedente de una situación similar en España es del año 1989, y el Gobierno no llegó a aplicar en su totalidad. Ese año, el de la integración de España en la Comunidad Económica Europea (lo que ahora es la UE), Canarias se resistió a aplicar la eliminación de aranceles que implicaba la entrada en el club europeo, al considerar que perjudicaba los intereses económicos del archipiélago. El Gobierno de Felipe González le envió un requerimiento al Ejecutivo canario, tras el cual se inició un proceso de diálogo y negociación.

¿Hay algún referente internacional?

Existen artículos similares en otro países. El artículo de la Constitución española está inspirado en la Ley Fundamental de Bonn, en Alemania. En el país germano también se estipula esta clase de medidas en el caso de que una región no cumpla con sus obligaciones.

Artículo íntegro del artículo de la Constitución

Constitución española de 1978

Título VIII. De la Organización Territorial del Estado

Capítulo tercero. De las Comunidades Autónomas

Artículo 155:

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Lo que dice el reglamento del Senado

Título noveno

Capítulo tercero

De las Comunidades Autónomas

Artículo 189:

1. Si el Gobierno, en los casos contemplados en el artículo 155.1 de la Constitución, requiriese la aprobación del Senado para adoptar las medidas a que el mismo se refiere, deberá presentar ante el Presidente de la Cámara escrito en el que se manifieste el contenido y alcance de las medidas propuestas, así como la justificación de haberse realizado el correspondiente requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y la de su incumplimiento por parte de ésta.

2. La Mesa del Senado remitirá dicho escrito y documentación aneja a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, o bien procederá a constituir una Comisión conjunta en los términos previstos en el artículo 58 del presente Reglamento.

3. La Comisión, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67, requerirá, por medio del Presidente del Senado, al Presidente de la Comunidad Autónoma para que en el plazo que se fije remita cuantos antecedentes, datos y alegaciones considere pertinentes y para que designe, si lo estima procedente, la persona que asuma la representación a estos efectos.

4. La Comisión formulará propuesta razonada sobre si procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno, con los condicionamientos o modificaciones que, en su caso, sean pertinentes en relación con las medidas proyectadas.

5. El Pleno de la Cámara someterá a debate dicha propuesta, con dos turnos a favor y dos en contra, de veinte minutos cada uno, y las intervenciones de los Portavoces de los Grupos parlamentarios que lo soliciten, por el mismo tiempo. Concluido el debate, se procederá a la votación de la propuesta presentada, siendo necesario para la aprobación de la resolución el voto favorable de la mayoría absoluta de Senadores.