El Gobierno español ha asegurado que hará lo que haga falta para evitar la proclamación de la independencia de Catalunya. La aplicación del artículo 155 de la Constitución es una de las medidas que el Ejecutivo se plantea llevar a cabo, lo que ha suscitado una gran controversia. Pero no es la primera vez que se desata la polémica en torno a la aplicación, hace 28 años ya fue objeto de debate político a cuenta del desarme arancelario canario.

La historia casi olvidada era muy diferente de la que tenemos presente con Catalunya. Tuvo como protagonistas al Gobierno del PSOE de Felipe González y a la Comunidad Autónoma de Canarias a principios de 1989. 

La Comunidad Autónoma se negaba a aplicar la desaparición de aranceles que establecía el Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea (ese fue el año en el que España se incorporó al club comunitario), al considerar que perjudicaba económicamente a los intereses los intereses isleños. Las autoridades insulares querían establecerse por su cuenta porque demandaban una serie de salvedades fiscales para entrar en la UE.

En febrero de 1989, el Consejo de Ministros presidido por Felipe González, aprobó mandar un requerimiento a Canarias para la inmediata aplicación en dicha Comunidad Autónoma del desarme arancelario. El artículo 155 de la Constitución contempla que el Gobierno mande un requerimiento a la Comunidad Autónoma que no cumpla las "obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España". 

A pesar de la amenaza del Gobierno del PSOE, no llegó a "retirar las competencias" a Canarias

El entonces presidente canario, Lorenzo Olarte, del CDS, mantuvo un enfrentamiento con el entonces ministro de Hacienda, Carlos Solchaga, y su secretario de Estado de Hacienda, Josep Borrell, manteniendo su rechazo a aceptar la medida. El Gobierno amenazó a la isla con "retirar las competencias" a Canarias si no desarrollaba el Tratado europeo.

La situación se comenzó a desbloquear tras una reunión entre los equipos económicos del Ministerio de Hacienda y del Gobierno canario. Y el proceso abierto para suspender la autonomía quedó interrumpido.

En aquel momento, el artículo de la Carta Magna no llegó a aplicarse completamente, por lo que sigue sin haberse llegado a aplicar la excepcional norma que da al Gobierno la facultad de suspender una autonomía.