Asociaciones memorialistas acuden al Defensor del Pueblo para recurrir la derogación de las leyes de memoria

Representantes de más de medio centenar de asociaciones memorialistas han acudido este jueves al Defensor del Pueblo para solicitar que interponga un recurso de inconstitucionalidad y amparo por las derogaciones de las leyes de memoria en Aragón y País Valencià. En ambas autonomías la derogación ya ha sido aprobada, no así en Illes Balears y Cantabria, donde todavía no se ha efectuado.

En Aragón, el Gobierno ya presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que fue admitido a trámite, por la derogación de la ley autonómica de memoria por parte del PP y Vox. En el caso del País Valencià, el Ejecutivo de Mazón acudirá también a este órgano para recurrir la ley de concordia aprobada recientemente por el PP y Vox en sustitución de la ley de memoria democrática. 

Las derogaciones de las leyes de memoria fueron impulsadas por estos dos partidos cuando, hasta hace poco, gobernaban en coalición. A pesar de la reciente ruptura de los pactos autonómicos entre ambas formaciones, las asociaciones memorísticas no creen que la salida de Vox de los ayuntamientos cambie la situación. 

El presidente de la Coordinadora de Asociaciones de Memoria Democrática del País Valencià, Ángel González, reconoce que no tiene "ninguna esperanza" de que haya cambios tras la salida de Vox del Ejecutivo autonómico.

"Recordamos perfectamente que, cuando aprobamos nuestra ley de memoria democrática en el año 2017, el Partido Popular votó en contra y a lo largo de todos estos años, en reiteradas ocasiones, ha manifestado que si llegaban a gobernar derogarían esta ley", declara.

El caso de Balears y Cantabria

Aunque las derogaciones de las leyes de memoria de Balears y Cantabria todavía no se han aprobado, estas asociaciones han pedido también al Defensor del Pueblo que las recurra al Constitucional. 

"Celebramos que el Gobierno esté actuando, pero nosotros también tenemos derecho a acudir a los tribunales porque entendemos que  están dañando directamente nuestros derechos fundamentales", ha declarado este jueves la presidenta de la Asociación de Memoria de Mallorca, Maria Antònia Oliver. Además, añade, "estas personas han sufrido muchísimo y las están revictimizando con estas derogaciones".  

Desde esta agrupación mallorquina se han mostrado "muy decepcionados" con la presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), quien consideran que lleva años con "desprecios" y "dilaciones" en esta materia. "Hemos pedido una reunión con la señora Prohens y no nos ha contestado. Entendemos que en este momento no tienen excusa porque el pretexto que tenía era que había un pacto de gobernabilidad con Vox", ha protestado la presidenta de la asociación. 

El caso de Cantabria es distinto, ya que ahí el PP gobierna en solitario pero su programa electoral ya recogía la intención de derogar la ley de memoria. En representación de esta comunidad autónoma, el presidente de la asociación Héroes de Cantabria, Antoño Ontañón, ha alertado de que "no se puede hacer ningún tipo de memoria sana si no se identifica y se cierran esas heridas". 

Todos los firmantes confían en que el Defensor del Pueblo escuche sus peticiones y han recordado que hay otro caso similar en Castilla y León. En esa comunidad, la proposición de ley de concordia que sustituirá al actual decreto de memoria histórica aún no ha sido debatida en el pleno de las Cortes.