En los últimos diez días, el Congreso ha recibido las enmiendas a la totalidad a la nueva Ley de Extranjería de ERC-IU-ICV y el PNV. Ayer llegó una nueva, la del PP. Los primeros critican la escasez de garantías que el texto da a los inmigrantes. Los conservadores, por contra, piden más mano dura a la hora de prohibir, por ejemplo, las regulaciones masivas. Estas enmiendas ralentizarán la tramitación del texto, una prioridad que el Gobierno quería aprobar con urgencia después del verano.

El portavoz de Inmigración del PP, Rafael Hernando, y el portavoz adjunto, Alfonso Alonso, aseguraron ayer que el Ejecutivo está desaprovechando la oportunidad de hacer 'una reforma completa', ya que la propuesta actual de ley 'no resuelve los principales problemas ni consigue la integración de los inmigrantes'.

Para los conservadores, la nueva norma no recoge algunas recomendaciones que ha dado la UE sobre asilo ni 'regula el equilibrio de deberes y derechos de los inmigrantes a través de un contrato de integración'. El PSOE lamentó ayer 'profundamente' la decisión del PP. La diputada socialista Esperança Esteve defendió ayer la reforma legal porque 'protege al inmigrante con más derechos, le requiere más obligaciones y, al mismo tiempo, vincula la inmigración al trabajo legal'.

El Gobierno también ha manifestado en los últimos meses su intención de potenciar una inmigración selecta y cualificada, frente al modelo que se ha seguido en los últimos años. Sin embargo, el PP considera que la nueva ley no incluye un cambio de rumbo y que 'sigue apostando por la inmigración masiva y poco cualificada', no ajustada al mercado de trabajo, y que favorece las vías irregulares de entrada.

En lo que sí han coincidido todas las enmiendas de los grupos parlamentarios presentadas hasta ahora es en criticar la ampliación de las retenciones de inmigrantes en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) de 40 a 60 días. El PP cree que 'la obligación del Gobierno es expulsarlos cuanto antes', por lo que consideran suficiente el actual plazo máximo de 40 días. Las ONG, en cambio, se han opuesto desde el principio a esta ampliación, que el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, llegó a tildar hace dos semanas de 'impronta berlusconiana'.

El PP también calificó de 'fracaso' el Plan de Retorno Voluntario de inmigrantes adoptado por el Ejecutivo. Hernando destacó, además, que más del 26% de los inmigrantes 'está en el desem-pleo', una situación de vulnerabilidad que se suma a la de los 800.000 que trabajan en la economía sumergida y al millón que, según sus cálculos, se encuentran en situación irregular. Por último, los populares alegaron que la regulación por arraigo permitirá que los irregulares 'acaben consiguiendo papeles'. Esto, unido a la posibilidad de elegir entre una elevada multa económica y la expulsión, 'favorecerá la actividad de las mafias', concluyeron.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, recibió con prudencia el discurso del PP. El ministro confió en que la ley se apruebe antes de que acabe el año y aseguró que, al final, 'tendrá un amplio consenso de centralidad'.