Un atentado contra la libertad al que llaman "seguridad"

"Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de su persona". (Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3).

Derecho a la seguridad, que equivale entre otras cosas a poder vivir sin miedo a que nos hagan daño, con confianza en el día a día y en el futuro, sin correr más riesgo que el que cada cual quiera asumir libremente.

Nos tienen acostumbrados, sin embargo, a identificar esa palabra, "seguridad"; o esa expresión con apellido, "seguridad ciudadana", con políticas que muy poco o nada tienen que ver con el anhelo vital del ser humano de poder vivir  a salvo de amenazas, atropellos y violaciones de derechos elementales.

Jaume Asens y Gerardo Pisarello* advierten contra ese otro concepto de "seguridad", el de quien "tiende a convertir cualquier forma de protesta no convencional en una cuestión de orden público".

Una llamada de atención en toda regla, una voz de alarma contra poderes que restringen progresivamente el derecho a protestar, que invocan "coacción y violencia cada vez que se les incomoda". Una denuncia  contra esa "seguridad ciudadana" siempre en  boca de burócratas, asociada a la presencia de gente uniformada y armada, que satura el espacio público y que "lejos de disuadir el conflicto, lo espolea".

En su libro La bestia sin bozal, (Los libros de la Catarata, 2014) explican cómo y porqué los gobernantes criminalizan la protesta. Escriben en tanto que expertos, profesionales del Derecho, y también como activistas comprometidos, implicados en "algunos de los episodios de protesta" que describen.

Xavier Pedrol, profesor de Filosofía del Derecho, sintetizaba hace unos días en pocas palabras la idea central del libro de sus colegas: "la lucha entre el poder y la libertad, entre el despotismo y la democratización".

Efectivamente, Asens y Pisarello señalan desde el principio una evidencia reconocida desde hace siglos, desalentadora para cualquier demócrata devoto del orden establecido y el "sentido de Estado": "Todo poder, librado a su lógica, tiende a acumularse y a convertirse en despótico".

¿Qué se puede hacer para que la ciudadanía se defienda de quienes  acaparan poder político y económico?

Contra la resignación existe un antídoto, explica Asens:

"Cuando las instituciones están bloqueadas, cuando desconocen las necesidades básicas de miles personas, la protesta se convierte en el primero de los derechos. Perder el trabajo, la casa, puede conducir a la parálisis, a la depresión, incluso al suicidio. En un contexto así, protestar no solo es un antídoto contra la resignación, es una expresión de dignidad personal y colectiva. Esto es lo que nos enseñan día a día la PAH, los Yayoflautas, las mareas ciudadanas y tantas otras luchas. Que sin el derecho a la protesta, el resto de derechos y la propia democracia acaban pereciendo".

El poder respondió a las huelgas contra las imposiciones de la Torika con desinformación, violencia policial y detenciones

Asens y Pisarello recuerdan la puesta en marcha de las políticas de austeridad, la reforma laboral, las restricciones de derechos en educación, sanidad, protección social.... por exigencia del Banco Central Europeo en carta dirigida al gobierno español hace ahora cuatro años. Evocan las huelgas generales con las que los sindicatos intentaron contrarrestar la ofensiva de la Troika. Y explican en qué consistió la respuesta de los aparatos de poder, en forma de desinformación,  violencia policial y detenciones.

Describen la eclosión de 15 de Mayo de 2011, el 15M, las asambleas permanentes, las acampadas... Movilizaciones que sorprendieron a todo el mundo, incluso a sus protagonistas, descolocaron a la izquierda tradicional y provocaron todo tipo de despropósitos por parte de jerarquías gubernamentales, mediáticas e incluso religiosas. Los autores rememoran las barbaridades que se llegaron a decir sobre un movimiento pacífico y profundamente democrático. Hubo quien asoció las acampadas al terrorismo, sin cortarse un pelo. Otros, como Esperanza Aguirre, tildaron a los manifestantes de golpistas. No faltó de nada, ni siquiera la condena del arzobispo Rouco, que llegó a declarar que los acampados tenían un problema con su alma...

¿Qué sentido tiene tanta descalificación?

"Lo que se busca es deslegitimar las razones de fondo de las protestas", aclara Pisarello. "Calificar a los adversarios de radicales, de extremistas, permite presentar su demandas como irracionales. El Gobierno y la policía no han tenido problemas en caracterizar a estudiantes, huelguistas o desahuciados como ‘filoterroristas' o ‘nazis'. Este despropósito no es inocente. Se intenta dejar a las víctimas fuera de juego y tratarlas como culpables. Y también es muy útil para desviar la atención. Para minimizar u ocultar la violencia que implica privar al grueso de la población de sus derechos y su futuro mientras se favorecen los privilegios de unos pocos".

"La criminalización de la protesta está estrechamente vinculada al recorte de derechos sociales y al crecimiento de la impunidad", dice Pisarello.

Pero frente a esa justificación sin tapujos de la violencia de las fuerzas de "seguridad", los autores insisten en que actuaciones policiales como la ordenada en su día por el conseller Felip Puig para el desalojo de acampados de la Plaça de Catalunya, "lejos de restaurar el 'orden', sirvió para intensificar la movilización".

Criminalizar, entonces, ¿para qué?

"Mientras mayor es el ataque al Estado social y a la democracia, más crece el Estado policial", insiste Pisarello. "Basta mirar qué partidas presupuestarias se recortan y cuáles no. Se criminaliza para generar miedo, para que la gente se encierre en sus casas y acepte mansamente lo que está ocurriendo. Pero también es un gesto de impotencia, de debilidad. Ser sumiso ante los poderes financieros y la corrupción y pretender ser duro con la protesta ciudadana es arriesgado. Al final, solo se consigue provocar más indignación y descontento".

Aun así, Asens y Pisarello no menosprecian los efectos de la represión más concienzuda, la más selectiva. La represión silenciosa, las "identificaciones", la "burorrepresión",  sanciones económicas, detenciones ... de apariencia menos espectacular que las cargas policiales y las palizas pero a menudo más dañina para las víctimas.

"La imposición sistemática y arbitraria de multas -explican- se convertiría así en un nueva modalidad de restricción ilegítima del derecho a la protesta, sobre todo si se tiene en cuenta que muchas veces los sancionados son personas pertenecientes a colectivos en situación de vulnerabilidad económica".

En las manifestaciones de protesta a veces se producen enfrentamientos. Mas allá de las provocaciones que denunciais, ¿cabe el recurso a la violencia para hacer efectivo el derecho a la protesta?

Jaume Asens,  señala la conveniencia de valorar las circunstancias y la falta de recursos de quien necesita hacer oír su voz.

"La violencia aislada de algunos vecinos no es comparable a la ejercida de manera sistemática por el poder privado o estatal""En un contexto de emergencia social, es indecente exigirle a la protesta ciudadana maneras impecables". "A veces, quemar un contenedor o romper un cristal es la única forma en que los más débiles pueden hacer sentir su voz en un espacio público capturado por los más fuertes". "Pero la violencia contra las cosas no puede equipararse con la violencia contra las personas. Del mismo modo que la violencia aislada de algunos vecinos no es comparable a la ejercida de manera sistemática por el poder privado o estatal", explica. "Los vecinos de Gamonal, por ejemplo, no pedían privilegios sino el respeto de los derechos de todos. Pero carecen de recursos económicos, de medios de comunicación propios y se enfrentan a poderes auténticamente mafiosos ¿Cómo pueden hacer llegar su mensaje? La dureza de su protesta, en realidad, refleja la insuficiencia de los canales democráticos y la arrogancia de los que mandan. Lo que debería sorprender, de hecho, es el pacifismo y la calma de la mayoría de la población frente a abusos de poder tan generalizados".

En La bestia sin bozal, Asens y Pisarello sostienen que el estallido de la crisis ha venido acompañado de una cierta reformulación en el ejercicio del derecho a la protesta. Aparecen formas de movilización no convencionales, como la ocupación prolongada de plazas y bancos, el rodeo de instituciones públicas, las cadenas humanas y, significativamente, los "escraches" contra los responsables políticos de la crisis. Eso no significa, según los autores, que otros instrumentos clásicos como las huelgas o las manifestaciones desaparezcan o queden obsoletas. Constatan que el repertorio se ha ampliado y con ello también, las vías de criminalización. Para el gobierno del PP, observan, es tan importante endurecer el Código Penal como impulsar la Ley mordaza o la Ley anti-huelga. Su ideal es que la gente se quede en casa atemorizada o proteste en un ‘manifestódromo'. Pero el descontento, indican, no ha dejado de crecer. "Del 15-M a la PAH y a Gamonal hay un hilo de de rebeldía, de desobediencia, que no se ha extinguido". Reivindican lo que dice Ada Colau en el prólogo del libro libro. Que "sólo podremos gozar de nuestros derechos si estamos dispuestos a defenderlos, a ejercerlos y a reconquistarlos tantas veces como sea necesario".

*Gerardo Pisarello es profesor de Derecho constitucional de la Universitat de Barcelona. Jaume Asens es miembro de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona. Ambos forman parte del Observatorio de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC).