En ocasiones la historia no es más que un conjunto de representaciones que nos hacen sentir cómodos. Un imaginario colectivo en el que apoyarse para construir la realidad, sin cuestionar constantemente si es correcta o no, mientras ayude a encajar las piezas. En este proceso hay poco espacio para los grises, para las partes discordantes.

Quizá sea éste uno de los motivos por los que ya casi nadie recuerda el Sindicato Unificado de la Guardia Civil, el SUGC. O puede que la misma maquinaria que lo aniquiló se encargara luego de borrar sus huellas. No en vano, el Servicio Central de Información de la Guardia Civil no es un adversario fácil, y menos en una época en la que sus rivales habituales eran ETA, GRAPO o FRAP y los grupos armados de la ultraderecha tardofranquista.

Sea como fuere, todo empezó el 17 de diciembre de 1976. Aquel día se manifestaron frente al Ministerio de Gobernación 400 guardias civiles y miembros de la Policía Armada, los grises. Protestaban por no tener acceso a la Seguridad Social a pesar de ser trabajadores del Estado, además de por su condición de militares cuando su principal cometido era el orden público.

Invirtieron los papeles: el represor se contagiaba de la conflictividad social y se convertía en un foco más de esta. Sus compañeros, conscientes de la justicia de sus peticiones, no actuaron contra ellos, "manteniéndose en actitud pasiva": "A pesar de que algunos oficiales fueron a la puerta del Ministerio a disolver la manifestación, las órdenes que daban para cargar no eran obedecidas", recuerda el investigador Rodrigo M. Rico en Guardias civiles versus guardias civiles.

La cobertura mediática que logró la protesta de los principales cuerpos de represión del Estado, junto a la complicidad que los agentes en servicio para con sus camaradas –"las fotos que debían tomarse de los cabecillas aparecían veladas o desenfocadas", recoge Rico– exasperó al alto mando militar. La sensación de riesgo que dejó la movilización llegó hasta lo más alto del Estado.

La represión fue casi inmediata. Unos 200 guardias y policías fueron detenidos e interrogados a la moda de la época, medio centenar perdieron el uniforme y los restantes fueron destinados al País Vasco, entonces primera línea de batalla.

El avasallamiento desactivó el embrión sindical en los cuerpos de seguridad, pero no acabó con él. La idea perduró, y fue precisamente en el País Vasco donde tomó fuerza. Las movilizaciones resurgieron a principios de los 80 y esta vez, al menos para los policías, resultaron imparables. Mediante leyes y victorias judiciales consiguieron ser considerados un cuerpo civil y constituyeron el Sindicato Unificado de Policía en 1984.

La cúpula del Ejército había renunciado a la Policía Armada, pero no soltaría fácilmente a la Guardia Civil, cuyo mando seguía ostentando. El cuerpo continuaba retenido en el militarismo y anclado con tradiciones preconstitucionales, aunque no todos sus miembros estaban dispuestos a permitirlo.

La Transición clandestina

La victoria de los policías en la guerra por la sindicación y el ejemplo de la Unión Militar Democrática (UMD) animó a los guardias civiles a impulsar el SUGC como sindicato clandestino. Si en una primera etapa los agentes repetían que sus reivindicaciones eran neutrales políticamente y solo buscaban mejoras laborales, en la segunda mitad de los 80 la trascendencia política del movimiento ya no se oculta.

"Democracia en la Guardia Civil, para que no se proteja solo a los poderosos, para que no hayan más 23-F" [sic] eran consignas reflejadas en las octavillas del SUGC.

"Empezamos a movernos por toda España exigiendo derechos, porque en aquellos años e incluso hasta principios de los 90, se hacían jornadas laborales de 80 o 100 horas a la semana, ni siquiera teníamos un día libre", cuenta José Morata, uno de los fundadores del movimiento.

"Necesitábamos poner de acuerdo a las diferentes organizaciones que surgían a través del territorio. Usábamos las estructuras de los sindicatos policiales y de los sindicatos de clase, UGT, CCOO, juristas…", narra Fernando Carrillo, otro de los promotores.

El principal peligro estaba en el propio cuerpo. Algunos guardias delataban a sus compañeros sindicalistas

"El PSOE lo sabía todo, se hablaba, se hacían reuniones preparadas por ellos en Iglesias de Valencia para que nadie supiese dónde estábamos. Sin embargo cuando salía la información desde el PSOE de Valencia hacia el Gobierno de Madrid, cortaban. Lo que era sí en un sitio se convertía en no en otro", relata Alejandro Borja, también fundador del SUGC.

Morata, Borja y Carrillo prestaban servicio en el entorno de la Comunidad Valenciana, que se convirtió en otro de los focos más activos del sindicato clandestino. Las actividades de los guardias civiles sindicalistas volvieron a llamar la atención de los mandos del cuerpo, que comenzaron a vigilarlos.

"El primer gran objetivo era sacar el debate de la Guardia Civil de los círculos que sí eran conocedores de la problemática. Lo primero que nos planteamos es que había que transmitir a la sociedad que eso estaba ocurriendo", rememora Carrillo.

Había un colectivo que podía ayudarles en esta misión, con el que los agentes ya tenían contacto gracias a su trabajo diario. El problema era que, hasta ese momento, las ambiciones de los periodistas y las del cuerpo de la Guardia Civil no podían haber sido más dispares.

Aliados inesperados

"Desde los primeros momentos los sindicalistas de la Guardia Civil se dan cuenta de que la batalla más importante está en los medios de comunicación. Y la colaboración nace en un principio por la relación que tenían los guardias con los medios por la cobertura de los sucesos, los tribunales...", revela Carrillo.

"Estamos hablando de algo que se producía en la clandestinidad, que despierta una simpatía muy importante en diversas capas de la sociedad y mucho más en el caso de la Guardia Civil que era un cuerpo muy anquilosado, muy cerrado. Muchos periodistas descubren que hay una realidad paralela, les choca mucho con la imagen que ellos tenían. Hicieron de esa lucha por la apertura de la Guardia Civil mediante el sindicalismo una batalla propia, y empezaron a darle salida porque en la sociedad de aquel momento era una noticia llamativa, pero también por la impresión positiva que causó en un colectivo como el de periodistas, que fue muy perseguido en la dictadura e incluso en los primeros años de la democracia".

"Los periodistas hicieron del sindicalismo una batalla propia"

"Se involucraron con esas reivindicaciones no como simples testigos, sino también como profesionales implicados en la lucha por las libertades de este país. Ahí es donde se tejen esos vínculos", rememora el exguardia.

Los guardias sindicalistas dieron el paso a las ruedas de prensa para aumentar el impacto de sus reivindicaciones, pero para entonces el Servicio Central de Información del cuerpo ya los persigue activamente. Para salir indemnes de ese acoso necesitaban la cobertura que podían ofrecerles los periodistas.

Se suceden entonces peripecias como convocatorias falsas de ruedas de prensa, que los plumillas difunden deliberadamente para engañar a los agentes de información que pretendían infiltrarse en ellas (mientras el acto real se desarrolla en otro lugar); periodistas llevando uniformes de guardia civil a esos eventos para que los agentes pudieran llegar vestidos de paisano; agentes que salían luego del edificio escondidos en el maletero de los coches de miembros de la prensa.

La mayoría de aquellos profesionales eran miembros de la Unió de Periodistes del País Valencià, surgida para contrarrestar a la conservadora Asociación de Periodistas de la época. Los guardias aparecían en los periódicos encapuchados, transmitiendo las reivindicaciones del movimiento: desmilitarización del cuerpo, jornada de 40 horas, aumento del número de efectivos o unificación con la Policía.

"No esperábamos que fueran militantes de la izquierda radical... Pero que fueran demócratas ya era la hostia", confiesa un periodista involucrado en aquellos hechos. Prefiere no dar su nombre y evitar el protagonismo en esta historia. A cambio cita a Emili Gisbert, entonces redactor de El País, como pieza clave de aquella colaboración. Gisbert falleció hace años, pero sus colegas mantienen su recuerdo con una beca para estudiar periodismo que lleva su nombre.

"Entender que había gente dispuesta a perder su trabajo (y todos con familia, que aunque eran muy jóvenes la inmensa mayoría tenían mujer e hijos) nos hizo comprender que iban en serio. Estaban dispuestos a arriesgar mucho e incluso a perderlo todo por algo en lo que creían", explica este periodista en una conversación con Público.

Guerra sucia. La 'Operación Columna'

"Sabíamos que iban a controlar nuestros movimientos –admite este periodista sobre las operaciones policiales que se desataron contra el sindicato– pero en ningún momento pensamos que podían estar por delante de nosotros".

Lo estaban. Ante los primeros indicios, la Dirección de la Guardia Civil puso a sus mejores espías, el Servicio Central de Información –entrenado para la persecución de los grupos terroristas de la época– sobre los pasos del sindicato y los periodistas que lo apoyaban. Se lanzaron varias misiones de vigilancia con el objetivo de identificar a los líderes del SUGC, conocer su plan de acción y, llegado el momento, erradicarlo de raíz. Una de esas misiones fue la Operación Columna.

"Una parte muy elevada de los dirigentes de los denominados COMITÉS está considerando abordar una fase de PROVOCACIÓN DIRECTA, consistente en la presentación pública, y sin ocultación de personalidades, de componentes del movimiento sindical clandestino en número tal que impida la adopción, por parte del Mando, de medidas disciplinarias efectivas sin que ello suponga un fuerte costo político a las Autoridades del Gobierno", avisaban los agentes de inteligencia en documentos calificados como "secreto" fechados en 1988 y 1989.

Con expresiones y vocabulario como "eliminar objetivo", "células organizadas" o "ideología irrecuperable" para describir a sus propios compañeros, los servicios de información aconsejaban descabezar el sindicato deteniendo a "dirigentes del movimiento, que oscilaría entre 10 y 15 de los que se estimen más peligrosos".

El Servicio de Información utilizaba vocabulario como "eliminar objetivo" para hablar de sus compañeros sindicalistas

Quizá lo más paradójico sea que los propios agentes del Servicio Central de Información aconsejaban que, "antes de pasar a la fase operativa de desarticulación del movimiento sindical clandestino", se atendieran las peticiones del SUGC "aceptables". Todo "al objeto de arrebatar el mayor número posible de banderas reivindicativas que ostenta el movimiento" y minar así su fuerza.

En la lista de "objetivos de la Operación Columna" aparecían tanto el sargento José Morata como el guardia Alejandro Borja, junto a otros 16 compañeros. Todos fueron detenidos y acusados de sedición militar, un delito castigado con penas de ocho a doce años de prisión. Contra otros miembros del SUGC se empleó la guerra sucia, con imputaciones por posesión y contrabando de drogas o internamientos en centros psiquiátricos, revelan fuentes conocedoras de los hechos.

La prensa simpatizante de la cúpula militar apoyó la campaña de detenciones y publicó que el "sindicato de encapuchados" formaba parte de "una maniobra subersiva" orquestada desde "el Este" para "debilitar a las democracias occidentales". El antiguo deseo comunista de la URSS de hacer caer a la gloriosa Guardia Civil española, ya se sabe.

Olvidados

"Da casi para una película... La represión en aquel momento fue brutal", explican desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), heredera de las reivindicaciones del SUGC. Estas apenas han cambiado con respecto a las que ya recogía la Operación Columna a finales de los 80.

Los guardias aún no pueden sindicarse, aunque siguieron luchando y esquivando las prohibiciones hasta que en 2006 José Luis Rodríguez Zapatero habilitó las "asociaciones profesionales". Una figura asociativa con la mayoría de derechos laborales y de negociación colectiva recortados, por lo que el objetivo final de la sindicación y desmilitarización del cuerpo sigue muy presente entre los 33.000 afiliados de AUGC, casi la mitad del total de agentes.

En 2009, todos los partidos presentes en el Congreso de los Diputados votaron a favor de permitir el reingreso de aquellos guardias expulsados por intentar implantar el sindicalismo en el cuerpo. "Se aprobó por unanimidad de todos, hasta el punto de que la presidenta de la Comisión de Interior los felicitó porque era la primera vez que algo se aprobaba con el 100% de los votos", cuenta Morata.

A fecha de hoy no se ha producido ningún reingreso. Desde el Gobierno alegan que son "cuestiones jurídicas" pero el exagente lo achaca a "falta de voluntad política". Ni el PP ni el PSOE parecen estar dispuestos a perturbar a la cúpula militar. Aunque para la mayoría de expulsados ya es demasiado tarde: "Yo tengo 63 años, ya no podría. Pero bueno, lo más importante es el tema de la rehabilitación, la dignidad propia y de la gente que está a tu alrededor", defiende el exsargento Morata.