La Audiencia de Barcelona ha amnistiado a los cerca de 40 empresarios y ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont procesados por los preparativos del referéndum del 1-O, así como al exconseller de Exteriores Raül Romeva en la causa en que estaba investigado por la promoción exterior del procés.

En un auto, la sección 21ª acuerda aplicar la amnistía a todos los investigados, tal y como solicitó la Fiscalía, y revoca la resolución de la jueza instructora que acordaba dejarlos a un paso de juicio por su papel en la planificación del referéndum del 1-O. 

Entre los investigados a los que se ha aplicado la Ley de Amnistía figuraban el exdirector general de Comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet; la expresidenta de la Corporació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, Núria Llorach; el exdirector de TV3, Vicent Sanchis, y el exdirector de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo.

También, el exdelegado del Govern ante la Unión Europea, Amadeu Altafaj y la exinterventora de la Generalitat, Rosa Vidal.

Unificación en una sola causa

La magistrada Alejandra Gil, titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, al terminar la instrucción sobre el primer procedimiento contra una treintena de políticos empresarios y periodistas por su presunta participación en los preparativos del referéndum del 1-O, remitió la causa a la Audiencia Provincial de Barcelona para que dictase la conclusión de sumario.

Este hecho se produjo antes de que una segunda causa que se instruía en el Juzgado de Instrucción 18, relativa al otorgamiento de subvenciones públicas directas, eludiendo los requisitos de publicidad, recalase en Instrucción 13 y ambas se unificaran en una sola.

Sobre los delitos investigados en el Juzgado de Instrucción número 13, la Audiencia de Barcelona concluye que debe "declarar amnistiarles todos los delitos por los que se ha seguido esta causa en relación a los procesados, incluyendo el de malversación de caudales públicos".

También aplica esta ley a los delitos investigados inicialmente por el Juzgado de Instrucción 18, por los que se investigaba al entonces conseller del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia, Raül Romeva.

También al secretario de la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la UE, Roger Albinyana Saigi; al Secretario General de Diplocat, Albert Royo, y la Directora de Servicios del Departamento de la Presidencia, Teresa Prohias.

Sobre los hechos que se le atribuyen, la Audiencia de Barcelona considera que comprenden "un elenco de conductas claramente orientadas a dar conocer a nivel internacional el proyecto independentista", así como a preparar su consecución, por lo que quedan amparados por la Ley de Amnistía.

En lo referente a Albert Royo y Rosa Clavell dice que los hechos que se le atribuyen son "aparentemente típicos" de un delito de prevaricación y que las 3 acusaciones se mostraron a favor de continuar la causa contra ellos al considerar que no tienen relación con el procés independentista.

Entre los hechos amnistiados constan la contratación de un informe sobre los nuevos sistemas de defensa internacional por parte del Departamento de la Presidencia ante el supuesto de que Catalunya alcanzara la independencia en un futuro y se constituyera en un Estado independiente.

También, el arrendamiento de un espacio coworking en Bruselas o el pago de un informe a un profesor de Sociología sobre los distintos instrumentos de cooperación internacional entre España y Catalunya en el supuesto de que esta última alcanzara la independencia.

Figura asimismo la contratación de dos informes doctrinales sobre tratados multilaterales de los que forma parte España y sobre los procedimientos que debe seguir un nuevo Estado para poder entrar en organizaciones internacionales.