La Audiencia de Madrid dice que el escrache de la PAH a Sáenz de Santamaría fue democrático

La Audiencia Provincial de Madrid ha repetido por segunda vez que el escrache de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, no fue constitutivo de delito. Es la segunda vez que la Audiencia madrileña tiene que pronunciarse al respecto. La primera fue ante la denuncia de los familiares de Santamaría y, en esta ocasión, ante el recurso que la Fiscalía interpuso contra la primera resolución, que ha quedado desestimado.

En un auto de diez páginas del pasado día 29, la Sección Decimosexta de la Audiencia de Madrid desestima el recurso del Ministerio Público al entender que en este caso no concurrieron al domicilio de la vicepresidenta personas con armas, explosivos ni objetos contundentes; y que tampoco se ha acreditado que la protesta se convocara para cometer delito de coacción o atentado.

"El único elemento de observancia inexcusable del derecho de manifestación en la vía pública es que la misma sea pacífica [...] y ningún indicio obrante en autos apunta a lo contrario, según las manifestaciones e imágenes aportadas" a los autos, por lo que no procede estimar la petición del Fiscal para que se reabriera la causa.

Por este asunto se abrieron inicialmente diligencias contra un total de 27 personas y en sus primeras resoluciones consideraba como al exsecretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge como uno de los instigadores de la concentración.

Los gritos no son violencia

El tribunal integrado por los magistrados Miguel Hidalgo, Francisco David Cubero e Isabel Valldecabres entiende que si bien se produjo en ese lugar una concentración numerosa de personas convocada por la PAH que no fue comunicada previamente, también es cierto que no hubo en los 20 minutos que llegó a durar incidentes violentos más allá del vocerío de consignas y el agitar de pancartas.

Los jueces lo ven como un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil Los jueces consideran que la citada concentración debe entenderse como un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil y expresión del pluralismo de los ciudadanos, según señala el auto dado a conocer este martes.

Además explican que en los hechos denunciados no se aprecia el delito de amenazas, ya que no se recogen ni se refieren por los denunciantes en ningún momento actos o expresiones por parte de los denunciados que pudieran ser indicativas de la intención de causar algún perjuicio a la vicepresidenta del Gobierno, ni de coacciones, porque nada en lo ocurrido avala la tesis de que la finalidad perseguida por los ciudadanos concentrados fuese la de quebrantar la voluntad política de los denunciantes, salvo que todo legítimo intento o deseo de influir en el criterio de otro sea calificado como tal.

Tampoco hubo coacciones leves

Además, los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid estiman que la falta de coacciones leves también queda descartada, ya que la conducta de los concentrados no fue violenta ni hay indicios de que la finalidad perseguida fuera la de impedir que la familia de la vicepresidenta pudiera salir de casa.

Por último, los jueces concluyen que tampoco se aprecia la comisión de los delitos de desórdenes públicos ni de manifestación ilegal, en el primero de los casos porque no se trató de una injerencia grave y en el segundo porque desatender el requisito de comunicar previamente la concentración no constituye en sí mismo infracción penal.

En mayo del pasado año, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Macelino Sexmero archivó la denuncia interpuesta por familiares de la vicepresidenta al no encontrar que los concentrados atentaran contra la libertad, intimidad y seguridad de la vicepresidenta y su familia pues la finalidad del escrache no era quebrantar por la fuerza la voluntad política" de Sáenz de Santamaría, "sino expresar en la vía pública la información y las ideas del colectivo concentrado sobre el problema de la ejecución hipotecaria y la crítica a la por ellos considerada inactividad de los políticos gobernantes".

Así, se consideró lo ocurrido amparado por la libertad de expresión "aunque para ellos las palabras y las consignas puedan ofender o perturbar", dado que el derecho a la intimidad de la vicepresidenta "cede" ante los derechos colectivos "por su carácter de persona de relevancia pública dedicada a la gestión política".

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