La Audiencia de Madrid tumba las bases de la campaña mediática contra Podemos

@Alopezdemiguel /  @patricialopezl

MADRID.- Cambian las instancias judiciales a las que recurren, pintan y barnizan ligeramente la superficie de los documentos que presentan, pero el fondo es el mismo: la supuesta financiación irregular de Podemos a través de países como Irán o Venezuela, el blanqueo de capitales o incluso la hipotética constitución de una organización criminal. Es todo un listado de supuestos delitos repetidos en bucle por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y por varios medios de comunicación ideológicamente enfrentados con el partido de Pablo Iglesias.

En este proceso de reciclaje de acusaciones y recortes de periódicos en el que se repiten nombres e ideas, la última carga de profundidad llegaba con la confección del informe PISA

Hace un año, el sindicato ultraderechista lanzó varios procedimientos contra Iglesias, Juan Carlos Monedero y otros impulsores del partido o de La Tuerka. De ahí surgieron unas primeras pesquisas policiales que no convencieron a la Fiscalía ni a los jueces, que desmontaron estas querellas y los sucesivos recursos. Sin embargo, la Secretaria de Estado de Interior, la cúpula de la Policía y el sindicato ultraderechista han creado una cadena para volver a llevar ante el Tribunal Supremo una nueva versión de esa investigación, en este caso gracias al informe fantasma conocido como PISA, que nada nuevo aporta sobre lo archivado y sobre el que aún no se ha pronunciado la Fiscalía.

La sala 15 de la Audiencia Provincial de Madrid volvía a tumbar esta semana las teorías del sindicato ultra sobre los múltiples delitos teóricamente cometidos por el partido y distintos dirigentes, trabajadores de La Tuerka y su propio secretario general, al inadmitir el recurso de apelación interpuesto por el sindicato, con el consiguiente archivo de la querella, como siempre ha venido haciendo hasta hoy. 

La respuesta de la Audiencia madrileña al recurso de apelación del sindicato -fechada el pasado 8 de febrero aunque transcendió el 22- hace referencia a la querella contra la junta directiva de la Asociación Cultural Producciones con Mano Izquierda (ACPMI, impulsora de la tertulia política) por los supuestos delitos de desobediencia, contra la Seguridad Social, organización criminal o alternativamente asociación ilícita, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública. Unos meses antes de que la justicia madrileña rechazase por primera vez este proceso, en abril de 2015, el Tribunal Supremo tumbaba otra querella que llegaba a comparar a Iglesias con Adolf Hitler, y condenaba al sindicato ultra a correr con las costas del proceso.

En este caso la lista de supuestos delitos era aún más ambiciosa: delitos contra los derechos de los trabajadores, organización criminal o alternativamente asociación ilícita, apropiación indebida o alternativamente delito societario de administración desleal, tráfico de influencias, cohecho o alternativamente corrupción entre particulares y delito contra la Hacienda Pública.

"En relación con el fondo o contenido de la querella, acompañados de simples fotocopias, se exponen confusamente y en un totum revolutum hechos, opiniones y sospechas, donde es difícil advertir la presencia de los elementos o requisitos dogmáticos de los múltipes delitos que se dicen han sido cometidos", respondía el Alto Tribunal. De hecho, el Supremo aseguró que los hechos denunciados "no son constitutivos de ilícito penal alguno", e incluso manifestó sus sorpresa por la falta de indicios para imputar algunos de estos delitos. "Sorprende la imputación de delito fiscal cuando no se dice nada de las cantidades que debía haber ingresado en Hacienda".

Y esta es, de nuevo, la base de la respuesta de Audiencia Provincial de Madrid, que no deja pasar por alto el corta y pega realizado por el sindicato, al que recuerda que ha querella inadmitida por la Sala II del Supremo presentaba una "idéntica relación de hechos y circunstancias".

En este proceso de reciclaje de recortes de periódicos en el que se repiten nombres y acusaciones, la última carga de profundidad llegaba hace un par de meses con la creación del informe fantasma PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), que se sustenta en las mismas ideas que las ofensivas judiciales anteriores, y que a su vez ha dado pie a una nueva querella presentada ante el Tribunal Supremo el pasado 26 de enero. Hasta ahora, la ofensiva comenzaba con una denuncia y continuaba en los medios, pero en este caso han decidido invertir el orden. 

Fue vendido con grandes titulares por medios con buenas relaciones con la cúpula policial, como el digital Ok Diario de Eduardo Inda, pero el supuesto informe de la UDEF contra Podemos bautizado como PISA no es mucho más que una suerte de remix de las acusaciones contra la formación, y desde luego no ha sido elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía, como afirman estos medios.

Según desveló Público, la Secretaría de Estado de Interior había ordenado a la cúpula policial que encontrara un arma contra la formación de Iglesias, y finalmente echaron mano de una denuncia que había sido archivada y que intentaba vincular la financiación del partido morado con los regímenes de Irán y Venezuela. El encargo fue hecho después de las elecciones generales, en concreto por un miembro de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) que para ello solicitó información a diferentes departamentos, como la propia UDEF o el Servicio de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblanc).

PISA no es un informe de la UDEF, no incorpora denuncias nuevas ni  fue elaborado a petición de la Fiscalía, Hacienda ni ningún juzgado

Pero ni es un informe UDEF, ni está respaldado por ninguna denuncia nueva, ni fue elaborado a petición de la Fiscalía, de Hacienda o de ningún juzgado. Es más, tras desvelar Público el verdadero origen de este informe fantasma fabricado a medida fue cuando la Policía remitió el informe a la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria, sin que estos se hayan pronunciado al respecto hasta la fecha.

Sin embargo, antes de comenzar ese "procedimiento judicial" como lo definió la vicepresidenta del Gobierno en Funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, en plena rueda de prensa del Consejo de Ministros, o esa "supuesta investigación" en palabras del titular en funciones de la cartera de Interior, Jorge Fernández Díaz, la cúpula policial filtró el documento a medios de comunicación afines, y de algún modo este llegó también a Manos Limpias, que asienta sobre él una parte importante del peso de su nueva querella.

La novedad es que en este caso también va dirigida contra la CUP, a la que imputa los mismos delitos que al partido de Iglesias: asociación ilícita y contra la Seguridad Social, financiación ilegal de partidos políticos y justificación y enaltecimiento del terrorismo. Manos Limpias les acusa de incurrir en "irregularidades" en lo económico desde "su constitución hasta la actualidad", y eleva el nivel de sofisticación lingüística para referirse a las "asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro y mercantiles pantalla, con financiación procedente del asesoramiento que prestan a terceros países, como Venezuela e Irán".

Además de solicitar comparecencias como la del director del CNI, Félix Sanz Roldán, el sindicato aporta apenas una docena de documentos, de los que casi la mitad, cinco, son en esencia únicamente dos adjuntos: de ellos, tres versan sobre el viaje de algunos miembros de Podemos y la CUP a Venezuela en 2014, hecho público por ellos mismos, y realizado cuando aún no existía el partido de Iglesias.

Y aquí es cuando vuelve a escena el informe hecho a medida: aparece doblemente incorporado -documentos 12 y 13- con el oficio de la Dirección Adjunta Operativa que dirige el comisario Eugenio Pino. Sin embargo, nadie ha explicado cómo pudo llegar al poder de Manos Limpias sin que alguien de la Policía o el Ministerio del Interior cometiera una revelación de secreto. Las fuentes consultadas recuerdan que, como se anunció desde este diario hace meses, Porfirio Jiménez, comisario e hijo del presidente de Manos Limpias fue ascendido a la DAO.

Las relaciones entre el sindicato ultraderechista y determinados comisarios de Policía se remontan a la etapa en la que su presidente, Miguel Bernard era el secretario de Blas Piñar en Fuerza Nueva. De hecho, no es la primera vez que un informe que la Policía no reconoce oficialmente como una investigación cae en manos de Bernard. Uno de los antecedentes es el Informe Pujol que también fue desvelado por el periodista Eduardo Inda cuando trabajaba en el periódico El Mundo, y que la Policía no vio a priori como suyo.

Manos Limpias ha afrontado numerosas polémicas por lanzar ofensivas judiciales sin pruebas que las respaldasen, pero varios medios de comunicación y partidos políticos se han aferrado al informe PISA -del que se han limitado a reproducir la primera página- para desprestigiar a la formación que se convirtió en tercera fuerza tras las elecciones del 20 de diciembre.