Este artículo se publicó hace 11 años.
La Audiencia rechaza la versión de que Oswaldo Payá fue asesinado
El juez Eloy Velasco no admite la querella de la familia del disidente cubano y recuerda los antecedentes de Carromero en infracciones de tráfico
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha rechazado admitir a trámite la querella presentada por la familia del disidente cubano Oswaldo Payá contra dos mandos del Ejército de Cuba a los que atribuía delitos de lesa humanidad, y asegura que el nuevo testimonio ofrecido por el dirigente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid Ángel Carromero , que apuntaba a una persecución como motivo del accidente de tráfico, "no puede ser verificada".
En un auto hecho público este lunes, Velasco recuerda que la sentencia dictada en Cuba "ha sido objeto de reconocimiento explícito por parte del Gobierno español" y por parte del propio condenado, es decir, Carromero.
El magistrado rechaza, además, la competencia de los tribunales españoles para investigar la muerte de Payá, fallecido en accidente de tráfico el 22 de julio de 2012 junto al miembro del consejo coordinador del Movimiento Cristiano de Liberación (MLC) Harold Cepero al sufrir un accidente en un vehículo que conducía Carromero. "La pretensión de dotar a los tribunales españoles de jurisdicción para la revisión y nuevo enjuiciamiento del caso es abusiva", dice.
El magistrado asegura que la admisión de esa sentencia "deja totalmente desdibujada la existencia de un asesinato cometido como consecuencia de la persecución de un grupo" y recuerda que el cuarto pasajero del coche accidentado, el sueco Aaron Modig "se encontraba dormido".
"Nadie le alertó o despertó pese a que Carromero afirma que eran perseguidos", indica el juez que destaca, además, que el dirigente de Nuevas Generaciones tiene, en materia de tráfico,"antecedentes administrativos en España que condujeron a la pérdida de la autorización para conducir".
La querella se dirigía contra el teniente coronel Águilas, jefe de Instrucción de Delitos de la Seguridad del Estado cubana, el coronel Llanes y el resto de personas que la Audiencia Nacional pudiera considerar "partícipes" en "los delitos que culminaron" con la muerte de Payá y Cepero.
La familia justificaba que esta investigación era "necesaria e "indispensable por un cuestionamiento elemental de Justicia", ya que el actual régimen cubano no puede seguir "persiguiendo, maltratando, mintiendo, asesinando e intimidando a una sociedad impunemente, cual dueños absolutos de la vida de millones de personas".
Velasco asume con su decisión el criterio ofrecido por la Fiscalía de la Audiencia Nacional que se mostró contraria a la admisión a trámite y descarta la existencia de delito relacionado con la jurisdicción universal porque "de los hechos relatados en la querella no se deriva ni un ataque masivo a la población civil, ni contra un grupo suficiente de la misma, ni es generalizada ni sistemática, ni hecha a propósito con intención de persecución política".
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