Operación LezoLa auditora del Canal de Isabel II contrata al yerno de Ignacio González

La firma KPMG, que ha auditado las cuentas del Canal de Isabel II y para la que ha hecho además otros trabajos de asesoría, tiene contratado como asesor senior al futuro yerno del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, principal imputado en la llamada operación Lezo, sobre las irregularidades en torno a la empresa pública autonómica, y que desde el pasado 21 de abril se encuentra en prisión provisional.

Así figura en unos apartados de la denuncia presentada este jueves por los portavoces de la oposición en de la Comisión de Estudio de la Deuda en la Asamblea de Madrid (Mercedes Gallizo, del PSOE; Eduardo Gutiérrez, de Podemos, y Juan Rubio, de Ciudadanos) en la sede de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, con nuevos datos sobre posibles irregularidades en la compra por parte del Canal de Isabel II de la filial brasileña Emissao y de la colombiana Inassa.

Se trata de una ampliación de la denuncia que ya presentaron en marzo sobre el Canal de Isabel II y la adquisición en 2013 de la firma brasileña, que, en este caso, alude a la compra "con sobreprecio", años antes, de Inassa, la filial latinoamericana de Canal a través de su empresa Canal Gestión.

Tras presentar la ampliación de la denuncia ante la Fiscalía, Mercedes Gallizo ha dicho que en ella "hay informaciones nuevas y relevantes que amplían el foco que se debe investigar", como el "papel inquietante" de la consultora KPMG, contratada a precios "altísimos" sin mediación de concurso público y sin que exista información sobre las contrataciones.

El escrito entregado en la Fiscalía, denuncia miles de euros en pagos por servicios de asesoría y auditoría a KPMG, aunque la oposición no encuentra pruebas que acrediten que todos estos trabajos se llevaron a cabo.

La diputada socialista también ha enjuiciado que la misma empresa que se encargaba de esas asesorías concretas era la misma que se contrató "a un precio altísimo" para las auditorías generales de la empresa pública de aguas, "lo que es contradictorio por el papel de independencia que debe tener una auditoría". Los tres diputados han coincidido al manifestar que en su tarea de auditar esta consultora no haya detectado "ninguna de las numerosas irregularidades" en torno a la compra o gestión de las filiales latinoamericanas de Canal de Isabel II.

Trabajos compatibles con la auditoría

Por su parte, fuentes de la  auditora han señalado que los servicios prestados al Canal de Isabel II "son compatibles con la actividad de auditoría y no afectan a la independencia del auditor", según establece la normativa de la UE aplicable en España.

La firma defiende que los honorarios cobrados por  los servicios de auditoría en Grupo Canal de Isabel II Gestión están dentro de lo que se mueve en el mercado y son "comparables con compañías de tamaño y nivel de facturación similar” (son unos 516.000 euros anuales de media, cuando la media para las empresas del Ibex, opr ejemplo, ronda los 5,2 millones).

Otras fuentes señalan que las diferencias en las cifras por los servicios prestados advertidas por los partidos de la oposición madrileña se explican porque los informes de auditoría se refieren a lo devengado anualmente mientras que la información enviados por el Canal a la Asamblea de Madrid abarca varios años.

Las fuentes de la firma de auditoría han subrayado, además, que “en ningún caso se faltó a la verdad en su comparecencia voluntaria en la Asamblea de Madrid”, y aseguran que “se ha producido por parte de algunos grupos políticos una confusión entre el carácter y alcance de un informe de Due Diligence, efectivamente realizado, y un informe de Valoración, que KPMG nunca realizó”. 

Filiales latinoamericanas

Además, los portavoces de la Comisión de Estudio de la Deuda en la Asamblea han explicado que la adquisición de Emissao puede convertirse en "algo anecdótico" frente a las circunstancias irregulares de la compra de la firma Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa). Según los denunciantes, "los hechos de la adquisición de Inassa fueron muy parecidos al montaje que más tarde se haría para adquirir Emissao".

Inassa fue constituida en 1996 entre Aguas de Barcelona (Agbar), con una participación del 51%, y los inversionistas colombianos Enrique Gerlein, Luis Niccolella y Nelson Polo Carbonell (titulares de la firma sociedad Latina de Aguas), con el 49%.

La ampliación de la denuncia cuenta con testimonios del despacho de abogados Algorta y Asociados, de Montevideo, cuyos directivos han colaborado para "aclarar las circunstancias de su intervención" en la constitución de la sociedad instrumental Slasa, a través de la que fue adquirida Emissao.

En la ampliación de denuncia los parlamentarios de PSOE, Podemos y Ciudadanos han destacado el papel de algunas personas concretas en las que "parece acreditado un cierto enriquecimiento personal", pero no quieren que la investigación sólo quede ahí porque ellos "tienen la obligación de defender el dinero de los madrileños, saber qué ha sucedido, a donde ha ido y cuántas complicidades ha generado".

"Hay gente que se ha llevado dinero a casa y gente que ha utilizado dinero público para financiera actividades políticas y otro tipo de actuaciones rechazables y tan corruptas como el que se lleva el dinero a una cuenta en Suiza", ha añadido Mercedes Gallizo.