El Ayuntamiento de Madrid regulariza la situación de 88 familias okupas

MADRID.- La Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), con los votos de Ahora Madrid y PSOE y el rechazo de PP y Ciudadanos, regularizará de manera excepcional la situación de 88 residentes en 88 pisos okupados y que no cuentan con el debido título siempre y cuando se encuentren en esa situación desde antes del 1 de enero de 2016, junto a otras condiciones, para que "no haya efecto llamada", ha explicado la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras.

Higueras ha insistido en que con estas medidas no están llamando a la okupación, sino que están pensando en aquellas personas que ya tienen un arraigo en la zona

Para acceder al contrato de alquiler se debe acreditar que se han cumplido las normas de la comunidad, es decir, que no han sido vecinos conflictivos. Se dará fe de ello mediante un informe emitido por la Dirección de Servicios Sociales y Patrimonio de la EMVS, donde se confirmará que han hecho un uso correcto de las instalaciones comunes. Otro requisito es el compromiso por parte del okupante de abonar las rentas de alquiler y las cuotas atrasadas de comunidad desde la fecha de okupación hasta un máximo de cinco años.

¿Quiénes no podrán acceder a la regularización?

Los criterios han fijado excepciones para la regularización, como pertenecer o haberlo hecho a organizaciones que ilícitamente se lucran de ventas o de traspasos de viviendas públicas. Lo mismo ocurrirá si no se puede demostrar que la vivienda es el domicilio permanente o si se ha sido condenado judicialmente por conflictos vecinales o si otro miembro de la unidad familiar haya visto rechazado su expediente por estos motivos.

Por otro lado, será en este pleno de septiembre cuando se debata la modificación puntual del reglamento de acceso a viviendas de la EMVS. Ahora Madrid no consiguió sacar adelante meses atrás en la comisión de Equidad, Derechos Sociales y Empleo la modificación del reglamento de la EMVS, que incluía la posibilidad de que quien hubiera okupado ilegalmente una vivienda pública, municipal o regional, en los últimos diez años sí pueda optar a una en régimen de alquiler de la empresa municipal. El actual reglamento, de 2012, imposibilitaba el acceso por esa okupación.