El Ayuntamiento de El Ejido (Almería), formado por la coalición entre PP y Vox, ha ordenado la demolición de 120 infraviviendas ubicadas en el paraje Chozas de Redondo y correspondiente desalojo de las casi 300 personas migrantes que allí viven, entre ellas menores, sin que tengan derecho al realojo ya que "no se aprecia" que concurran los supuestos previstos en la ley.

La ejecución del desalojo, para el que da a los afectados un plazo de 72 horas, y el derribo se aprobó, por unanimidad, en junta de gobierno el 26 de septiembre tras rechazar las alegaciones que presentaron los moradores de las chabolas contra un procedimiento que se inició hace tres meses.

Según el acuerdo, consultado por Europa Press, en el polígono 24, parcela 66 del citado paraje se "aprecia" la existencia de un asentamiento con "120 habitáculos autoconstruidos" como chabolas "bajo deficientes condiciones de habitabilidad y salubridad".

Recoge que estas infraviviendas se encuentran ocupadas por "entre 250 y 300 personas", entre ellas mujeres y niños, que habitan "en una situación de riesgo físico" y señala que "no tendrían derecho de realojo tras el desalojo" al no estar en los supuestos contemplados por los artículos 19 y 21 de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

El acuerdo de junta de gobierno insta, ante el "inminente riesgo físico", a los moradores de las infraviviendas a que las abandonen en "un plazo de 72 horas, con sus respectivos útiles y enseres" y ordena a los propietarios del suelo a que, en 48 horas después "del completo desalojo de moradores y transeúntes", procedan a su costa a la demolición.

"Los habitáculos, viviendas y chabolas incumplen los requisitos de superficie, número, dimensión y características de piezas habitables", remarca el Ayuntamiento ejidense, que añade que presentan "deficiencias graves de seguridad y salubridad, así como de dotaciones básicas, lo que no se puede subsanar mediante obras de rehabilitación".

Asimismo, les ordena que procedan a la "limpieza y la desinfección" del camino de acceso a la parcela y que, en un plazo de diez días, "piquen, enfosquen y pinten" las fachadas de la decena de viviendas en la zona identificadas con referencias catastrales" con encargo a personal cualificado y bajo supervisión técnica.

Por último, advierte de que, ante un posible incumplimiento, se incoará expediente sancionador con imposición de multa y el Ayuntamiento llevará a cabo lo acordado "todo ello previo auto judicial de entrada en domicilio en su caso".

"Aumentar la vulnerabilidad de las personas"

Ante el acuerdo, el presidente de Cepaim, Juan Miralles, ha trasladado a Europa Press que los servicios jurídicos de la fundación estudia presentar un recurso contra este por vía contencioso-administrativa en "representación de las familias y personas afectadas" por el desalojo.

Miralles ha remarcado que, desde Cepaim y Almería Acoge, comparten la necesidad de proceder a la erradicación de este tipo de asentamientos pero ha lamentado la forma en la que se plantea.

"Somos conscientes del grave problema dado que desde hace muchos años venimos denunciando esta situación, actuando en estos asentamientos y asistiendo a las personas afectadas, pero no podemos aceptar como solución la demolición de los asentamientos sino va a acompañada de un programa o plan complementario que dote de soluciones o alternativas habitacionales a las personas afectadas", ha señalado.

Al hilo de esto, ha criticado que, tal y como el ayuntamiento ejidense ha planteado la actuación, "contemplando solo la demolición", no hace sino "aumentar la vulnerabilidad de las personas ya de por si especialmente vulnerables".

"Además, supone una quiebra de la legislación vigente, especialmente del cuerpo de tratados internacionales de los que es parte España en materia de derechos humanos", ha subrayado.

Miralles ha indicado que, desde que se planteó el desalojo y demolición, Cepaim ha trabajado en "mediación y otras medidas" para paliar sus efectos y ha advertido de que "hay personas que se han visto forzadas a salir de ahí por causa de estas amenazas".

"No es admisible una gestión pública que pase por encima de las personas. No se entiende una actuación así sin alternativas si no es desde la sospecha de que fuerzan a salir del territorio a una parte de la población que hoy por hoy son, además de personas con derechos, mano de obra necesaria para los empresarios de la zona", ha concluido.