Ayuso acusa al Gobierno de querer "acabar con la sanidad" de Madrid y "que nada funcione"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este martes que, con su anteproyecto de ley para priorizar la gestión pública de la sanidad, el Gobierno quiere "acabar con la sanidad" en la Comunidad de Madrid y llevarla "a la revolución" para "que nada funcione". La nueva norma, de aprobarse, establecerá un marco jurídico que potencia el carácter universal y equitativo del sistema sanitario.

Ayuso ha defendido que la Comunidad de Madrid necesita mantener su modelo, con varios hospitales públicos concesionados a gestores privados, para hacer frente al crecimiento demográfico y al envejecimiento, y ha cuestionado: "¿Qué tenemos que hacer? ¿Acabar con la Fundación Jiménez Díaz? ¿Decirle a los pacientes que se equivocan cuando eligen este tipo de hospitales?".

La norma exhibe, a juicio de Díaz Ayuso, la "absoluta obsesión" del Gobierno de Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid, que muestra "amenazando, mintiendo e imponiendo", y ha asegurado que en otras regiones como Catalunya se trabaja "mucho más" con empresas sanitarias privadas.

Díaz Ayuso ha augurado que el anteproyecto de ley no saldrá adelante, "pero ya está el daño hecho" al mandarse un mensaje "azuzando el miedo y la revolución".

"Es insensato ir contra el empleo, contra la realidad y contra aquello que funciona", ha subrayado la presidenta, quien ha reclamado "respeto para Madrid" y para el modelo que sus ciudadanos han elegido "en las urnas".

Gestión directa

El anteproyecto del Gobierno consolida la gestión directa como modalidad preferente en la prestación sanitaria pública y deroga la ley de 1997 sobre nuevas formas de gestión del SNS, aprobada en el Gobierno de José María Aznar.

Esta proliferación de modelos privados ha derivado, a juicio del Gobierno, en fragmentación, déficits de transparencia y menor capacidad de control institucional.

En la Comunidad de Madrid hay cinco hospitales de titularidad pública y gestión privada, la mayoría concesionados a Quirón: la Fundación Jiménez Díaz (Madrid); el Hospital Universitario Rey Juan Carlos (Móstoles); el Hospital Universitario Infanta Elena (Valdemoro); y el Hospital Universitario General de Villalba (Collado Villalba).

A ellos se suma el Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por Ribera Salud y que ha sido objeto de polémica en las últimas semanas después de que El País publicara unos audios en los que se escuchaba a responsables del centro sanitario pedir alargar las listas de espera para aumentar el beneficio económico de la empresa. 

"El chiringuito, el negociete"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha replicado a Díaz Ayuso, que con el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno para priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios, no quieren acabar con la sanidad, como ella ha dicho, sino que quieren cargarse "su chiringuito, su negociete".

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Así se ha pronunciado la titular de Sanidad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha asegurado que con esta iniciativa se "pone coto a las garras especuladoras y privatizadoras de nuestra sanidad".

Una norma, con la que se pretende, según ha dicho, que cada euro destinado y presupuestado a la salud vaya a sus fines y no a "engrasar las cajas de empresas", muchas de las cuales no son españolas sino fondos buitre y europeos.

"No, señora, queremos cargarnos su chiringuito, su negociete", ha subrayado la ministra en respuesta a las declaraciones de Ayuso ante la aprobación de este anteproyecto.

Un "negocio" —ha proseguido— por el cual en los últimos años se ha dado al grupo Quirón 5.000 millones de euros, que es la mitad del presupuesto de la sanidad madrileña de un año.

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Y un "negociete", ha continuado, por el cual "cuando estábamos en plena pandemia de la covid, y cuando el Gobierno de España transfirió 3.000 millones a la Comunidad de Madrid, esta utilizó 1.300 para saldar deudas con el Grupo Quirón, no para cuidar a los pacientes, no para cuidar a las residencias de mayores".

Todo esto es, en sus palabras, "tan obsceno" que hace necesario esta ley a la que espera que no se oponga para su tramitación ningún partido político porque entiende que no se pueden poner por delante los beneficios económicos a la salud.

Es una ley, como ha incidido, que pone coto las "manifestaciones obscenas" de algunos directivos de empresas privadas sanitarias, que ha leído, como que "la sanidad pública es un filón para las empresas privadas", "que hay que hacer una selección de riesgos de los pacientes" o "que hay enfermos que hay que dejarlos en la lista de espera".