Ayuso busca desatascar su plan estrella para las universidades madrileñas tras defenestrar al consejero

En mayo de 2025, Isabel Díaz Ayuso daba por inevitable la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC). Tras diferentes borradores, entraba en su fase de consulta pública y se preveía aprobar en diciembre. A tres meses de la fecha límite autoimpuesta por la propia presidenta, tras la caída del consejero de Educación Emilio Viciana (apartado de la toma de decisiones desde hace meses), el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha confirmado que, por ahora, la ley no verá la luz. El proyecto queda enterrado en un cajón y la crisis del Ejecutivo ha servido para que afloren rivalidades dentro del Gobierno madrileño en una crisis inédita.

La LESUC era uno de los proyectos estrella del Gobierno de Ayuso, que lo ha aparcado sin ofrecer explicaciones convincentes. Este miércoles, el consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García Martín, dejaba en el aire si esta ley vería la luz antes del final de la legislatura y reducía el proyecto a un único objetivo: "La prioridad es el sistema de financiación plurianual".  Sin embargo, esta propuesta ya estaba contemplada en los borradores de la norma y desde la Consejería de Educación aseguran a Público que nunca han "oído críticas de los rectores en ese sentido". Pero nadie explica qué partes de la ley habrá que reescribir al gusto del Ejecutivo de Ayuso para que se tramite. 

Fundamentalmente, las voces consultadas por Público entienden que Ayuso ha frenado la LESUC para evitar una guerra abierta con las universidades a un año y medio de unas nuevas elecciones autonómicas y que la norma no verá la luz, al menos durante la actual legislatura. La aprobación de la ley lanzaba a las universidades públicas a una relación directa con capital privado e iba a ser el comienzo de una guerra mediática que la podría haber desgastado en 2027. 

Las seis universidades públicas y sus rectores advirtieron a la presidenta de su total oposición a la norma y ese fue el detonante. De esta forma, Ayuso optó por priorizar los intereses electoralistas. El malestar de los rectores era tan rotundo que Amaya Mendikoetxe, rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Madrileñas (CRUMA), ha declarado tras el cese de Viciana que es el momento para empezar la ley de nuevo porque se habían "distorsionado mucho las propuestas iniciales".

 El principio del final para Viciana  

Uno de los errores de Viciana fue intentar agradar a Ayuso con medias verdades y asegurarle que la comunidad educativa aceptaría la LESUC. Eso pensaba la misma presidenta hasta junio de 2025, momento en el que los rectores de las seis universidades públicas se encontraron con Ayuso en Miami. "Allí, le dijeron que era un desastre", aseguran a Público voces cercanas al sentir de los rectores. Desde ese momento entran otros agentes en la negociación con la comunidad universitaria, entre ellos Miguel Ángel Rodríguez, Mercedes Zarzalejo (que ha asumido el mando ahora de la consejería de Educación) y el consejero García Martín y Viciana era apartado. Es ahí cuando el núcleo duro del Gobierno de Ayuso se cerciora de la mala gestión realizada por Viciana, que comienza a estar cuestionado. No ayudó que en su historial tenía la marca de ser él quien había llevado a la Fiscalía el caso de los contratos troceados en la construcción de centros de FP. Lo que en su momento parecía un ejercicio de transparencia, ahora se reinterpreta como un reto a los dos implicados en la trama, la consejera de Economía Rocío Albert y el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio. Aquel día Viciana perdió el apoyo del ala dura del PP y en Más Madrid y PSOE no tiene ninguna duda de que esta mala relación ha sido el motor para la destitución de Viciana. En octubre de 2025 ya no formaba parte de las decisiones. 

Además, el ya exconsejero pertenecía al círculo de Antonio Castillo Algarra, persona de la máxima confianza de Ayuso y que estaba colocado como director artístico del Ballet Español de la Comunidad de Madrid para que tuviera un sueldo público y que tras esta crisis también ha dimitido. Era una suerte de asesor de Ayuso desde los comienzos de su carrera y hace unas semanas el diputado de Más Madrid, Juan Varela, apuntaba a su influencia tóxica sobre la presidenta de la región. Este diputado fue el primero en hacer público el mote de "los pocholos" en la Asamblea de Madrid en referencia a los diputados afines a Castillo y que también han dimitido de sus cargos. Fuentes conocedoras de la elaboración de la ley aseguran que era el mismo Castillo el que estaba a cargo de la redacción de la LESUC y que nadie de la comunidad educativa estaba al tanto de su contenido, cosa que generaba malestar en las universidades públicas. 

¿Ha muerto la LESUC?

Con la Consejería de Educación en plena crisis y las elecciones en menos de año y medio, todos dan por acabada la ley de universidades que la propia Ayuso vendía como proyecto estrella de su legislatura. "Se puede dar por perdida. Está muerta. No se hace una ley en tres meses y menos en el final de esta legislatura", apunta a este medio Juan Varela, diputado de Más Madrid en la Asamblea. La obsesión del Gobierno de Ayuso son los planes de financiación plurianual para las universidades públicas y el diputado apunta a que "la financiación la pueden diseñar sin una ley". 

Mercedes Zarzalejos queda al mando de la consejería. La diputada fue portavoz de la comisión de investigación creada para interrogar a Begoña Gómez, pareja del presidente Pedro Sánchez. Horacio Díez, diputado del PSOE en la Asamblea, considera que solo tiene dos opciones: "O acelerar todo lo posible el texto para aprobarlo en junio y no arriesgarse a manifestaciones cerca de la campaña, o si no llega hecho al verano, es difícil que se apruebe", apunta sobre la ley de universidades.

Este miércoles, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) anunciaba su plan de financiación y recortes de hasta el 35% del gasto total en los próximos tres años. Tras la crisis dentro del Gobierno de Ayuso, el problema de la financiación se perpetúa. Si en 2024 la UCM gastó 632 millones de euros, recibió de financiación vía presupuestos autonómicos 404, un 36% menos de lo que necesitaría para tener sus cuentas saneadas. La Universidad Carlos III, en el ejercicio de 2025, gastó 275 millones y recibió 123, un 55% menos. La universidad pública mantiene su proceso agónico y de asfixia económica y a pesar de las crisis y peleas internas en el Gobierno de Ayuso, esa realidad parece inamovible para la comunidad educativa de la Comunidad de Madrid.