Ayuso sigue sin explicar quién dio la orden de comprar el ático, quién iba a ocuparlo y quién ejecutó la operación
La presidenta madrileña sostiene que el inmueble no era para ella, pero oculta quién iba entonces a vivir allí, teniendo en cuenta que solo se puede usar como residencia.
A priori, solo hay tres personas con competencias para ordenar la compra: la propia Ayuso, el consejero de Presidencia o el consejero delegado de Planifica Madrid.
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"Ya ha dado todas las explicaciones por activa, por pasiva y por perifrástica", quiso zanjar este lunes la vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, la polémica suscitada por la compra del ático de Chamberí. Una operación de 6,3 millones de euros, a cargo de la empresa pública autonómica Planifica Madrid, cuyos datos fundamentales, sin embargo, siguen ocultando Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno madrileño.
Poco antes, la propia presidenta de Madrid había asegurado que todo estaba ya dicho sobre la adquisición del lujoso inmueble. "No he necesitado una residencia oficial ni la he pedido y no la voy a pedir a 10 meses de unas elecciones", respondió cuando se le volvió a preguntar por el propósito de la compra. "Se podrán dar todas las vueltas que se quiera, pero yo estoy en lo importante, que es estar aquí", apuntó durante la visita a una bodega de San Martín de Valdeiglesias, uno de los municipios afectados por el incendio de la Sierra Oeste madrileña el pasado mes de julio. "Poco más se puede decir [respecto a la compra del ático]", remachó Díaz Ayuso.
Pero lo cierto es que el Gobierno de Madrid tiene aún mucho que explicar sobre la operación inmobiliaria, cerrada el pasado mes de abril y de la que no hubo constancia oficial hasta que fue destapada por el diario El País a finales del mes de julio. La compra se realizó en secreto, no figuraba en el portal de transparencia. Tras hacerse pública, las explicaciones de la Comunidad de Madrid y de la propia Díaz Ayuso han sido escasas, variables y confusas.
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Y no sólo porque primero se dijera que el ático, de 485 metros cuadrados, cinco habitaciones, seis baños y 200 metros cuadrados de terraza, iba a convertirse en la "oficina temporal" de Díaz Ayuso mientras se hacían unas obras en la Casa Real de Correos –donde ésta tiene su despacho– de las que nada se sabía y cuyo proyecto ni siquiera estaba licitado. Enseguida quedó claro que el piso sólo podía tener un uso residencial, tal y como establece la normativa urbanística municipal, y no podía emplearse para usos administrativos.
Ni siquiera ha dado más detalles el Gobierno madrileño cuando Planifica Madrid puso a la venta el ático el 7 de agosto, apenas una semana después de que se desvelara la compra. Sólo se sabe el precio que pide la empresa pública: 6,694 millones de euros, sin impuestos, 300.000 más de los que supuestamente pagó cuatro meses antes. Pero sigue callando sobre si cumplió los requisitos que se le exigen a una empresa pública para garantizar el interés público de sus actuaciones: nadie ha aclarado si Planifica Madrid hizo una tasación independiente del ático antes de comprarlo ni si redactó un informe de necesidad de la adquisición, donde justificara la operación.
En cualquier caso, hay tres cuestiones esenciales sobre el ático de lujo que Ayuso sigue sin despejar: quien iba a ocuparlo, quién ordenó comprarlo y quién ejecutó la adquisición.
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Quién iba a vivir en el ático
La primera es quién iba a vivir en ese piso. "No es mi casa, no es para mí, yo no me he comprado nada", fue la primera respuesta que dio la presidenta madrileña cuando se le preguntó por el ático. Incluso avanzó que se destinaría a "reuniones institucionales". "No sé si me quedaré en la Consejería de Presidencia o en la de Transportes, que es muy grande, y es el consejero el que se va para allá", se atrevió a sugerir. "Se está adelantando", añadió, "a un futuro que no ha llegado".
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Tal y como establece la normativa urbanística, el ático sólo puede tener un uso residencial. No permite otro tipo de empleo por encima de la primera planta. No hay ni una sola oficina en todo el edificio, que tiene nueve plantas. Además, es el único inmueble con uso residencial en la cartera de Planifica Madrid. Los otro 12 que la integran son oficinas, naves industriales y una escuela de cine en Pozuelo de Alarcón, según ha comprobado Público.
Cada vez que se le pregunta, Díaz Ayuso saca a colación las residencias oficiales de otros presidentes autonómicos y de los ministros. "Doce de los 15 ministros que tienen viviendas públicas no dan explicaciones nunca", contraatacó este lunes en la bodega de San Martín de Valdeiglesias. Pero, si el ático no era para ella, ¿quién iba a utilizarlo como vivienda, el único uso que se le puede dar al inmueble? Esa es una pregunta que Ayuso sigue sin contestar casi tres semanas después de que saltara el escándalo.
Quién ordenó la compra
El segundo misterio por desvelar es quién ordenó la compra, que no sólo se hizo sin concurso público sino que, además, no encaja en la operativa de Planifica Madrid ni en su cartera de edificios. Como queda dicho, ésta se compone de inmuebles para oficinas y usos administrativos, en su mayoría alquilados a organismos de la propia Comunidad de Madrid, como las consejerías de Sanidad y Cultura. A Planifica Madrid le reportan unas rentas anuales de nueve millones de euros, según consta en los Presupuestos autonómicos de este año.
La presidenta madrileña también llegó a asegurar que la empresa pública "reorganiza el patrimonio de la Comunidad de Madrid: se compran, se alquilan o también se venden inmuebles... Me consta que ha habido venta de otros muchos", subrayó. No es cierto. Planifica Madrid sólo compró su propia sede y la casa del poeta Vicente Aleixandre desde 2020 hasta 2025. Y vendió uno en la calle de Santa Catalina a una inmobiliaria de lujo llamada Be Grand España. Tres operaciones en seis años, tal y como desveló Público.
A priori, solo hay tres personas que han podido dar la orden de una compra tan inusual: la propia Díaz Ayuso, el presidente de Planifica Madrid y consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín –por iniciativa propia o por orden de Díaz Ayuso–, o el consejero delegado de la empresa pública, Pablo Corbalán Ruiz.
Cómo se ejecutó la operación
La tercera incógnita sobre el ático es quién aprobó y quién ejecutó la operación. Hay dos posibilidades: o el consejero delegado de Planifica Madrid o el consejo de administración de la sociedad mercantil.
Entre las competencias de Pablo Corbalán está firmar "actos y contratos sobre bienes o derechos mediante los pactos o condiciones que juzgue convenientes". Por tanto, el consejero delegado pudo ser quien acordase la adquisición y estampase su firma en los documentos notariales de compra.
Otra opción es que la adquisición del ático fuera sometida a la aprobación del consejo de administración de Planifica Madrid, integrado por nueve miembros. Además de su presidente, Miguel Ángel García Martín; el viceconsejero de Presidencia, José Antonio Sánchez Serrano, y el consejero delegado, Pedro Corbalán Ruiz, lo integran altos cargos de la Comunidad de Madrid. Una de las facultades del consejo es precisamente "comprar y vender bienes muebles, inmuebles, derechos y valores por el precio y las condiciones que libremente estipule".
Saber quién aprobó la compra no es un detalle menor si se terminan dilucidando responsabilidades legales.
La Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid excluye de su ámbito a las sociedades mercantiles, como Planifica Madrid, y por tanto está eximida de abrir un expediente administrativo al uso con todos los detalles de la compra del ático. Pero una adquisición deja rastro documental, que el Gobierno Ayuso mantiene de momento bajo secreto. Igual que hizo en su día con la compra del inmueble.
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