La batalla en los tribunales por la amnistía recrudece la hostilidad judicial contra el entorno de Sánchez

Una nueva denuncia falsa. Con esta definición tan rotunda califican en Moncloa y Ferraz la causa judicial abierta al hermano del presidente del Gobierno. Los socialistas han reaccionado contra la ofensiva judicial en los últimos tiempos. Primero, por el caso de la esposa de Pedro Sánchez. Ahora, por el de David Sánchez. A estos asuntos se le suma también la aplicación de la ley de amnistía, una vez ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

Sobre el entorno familiar de Sánchez, la ultraderecha ha buscado un nuevo objetivo tras Begoña Gómez. El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha abierto diligencias de investigación contra el hermano del líder socialista por los presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Lo hace a instancia, al igual que en el caso de Gómez, de una denuncia de la organización ultra Manos Limpias. 

En las filas socialistas han sido tajantes. Incluso desde la portavocía del Gobierno que ostenta Pilar Alegría. "Otra vez Manos Limpias. Es lo mismo, estamos delante de una denuncia falsa, construida a través de recortes y retazos de tabloides digitales. La desconfianza que se genera desde este grupo provoca que la jueza ha pedido que formalice los trámites procesales y una fianza de 10.000 euros", ha destacado Alegría este martes. 

Fuentes de la dirección socialista destacan que el propio Juzgado reconoce que no existen indicios de delito alguno. "Una vez que las administraciones aporten toda la documentación requerida, se podrá comprobar el comportamiento intachable de David Sánchez y de la Administración en la que desarrolla su trabajo profesional", añaden en el PSOE. 

A este hecho, conocido pocas horas después de las elecciones europeas, se le suma el comunicado del caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En él se pedía "contención" a Sánchez por las críticas al juez Peinado, que investiga a Gómez. La contestación del PSOE fue contundente también el lunes. "¿Es normal que el CGPJ caducado y con su mayoría de conservadores se dedique a hacer política? En vez de contención debería gritar renovación", dijo la portavoz de la Ejecutiva socialista, Esther Peña. 

Sobre esta cuestión, en el aire está todavía la vía que planea el Gobierno para desbloquear el órgano del poder judicial. Públicamente, como hizo este lunes Peña, se continúa apelando al PP de Alberto Núñez Feijóo para llegar a un acuerdo. Pero no hay el más mínimo indicio de que los populares tengan esa intención. El propio Sánchez ya ha destacado que si el PP no pacta, la solución tendrá que llegar de mano de los grupos parlamentarios. 

Las "medidas de regeneración democrática" que propuso Sánchez tras sus cinco días de reflexión deberían, en teoría, incluir asuntos relacionados con la judicatura. No hay novedades al respecto. Los socialistas postergaron estas decisiones hasta que se celebraran los comicios del 9 de junio. Fuentes socialistas destacan ahora que se llevarán a cabo "antes del verano". "Estamos trabajando", se limitan a decir fuentes cercanas a Sánchez en Moncloa. 

La interpretación judicial de la amnistía 

En toda esta maraña judicial se incluye ahora la aplicación de la ley de amnistía. Las primeras señales no parecen ser satisfactorias para el Gobierno. El Tribunal de Cuentas ha solicitado llevar la ley de la amnistía ante la Justicia europea. Y el Tribunal Supremo mantiene la orden de arresto a Puigdemont. El juez Pablo Llarena ha pedido a la Fiscalía que informe la manera en la que la ley de amnistía afecta al expresident de Catalunya.

En este asunto, los socialistas evitan confrontar directamente contra la judicatura. La portavoz Alegría ha reiterado su misma respuesta este martes ante las innumerables preguntas que se le han realizado en rueda de prensa. "El Gobierno ya ha hecho su trabajo. La ley está en vigor y le corresponde a los jueces hacer su labor. La ley es muy clara, cumple una misión en pro de la convivencia y le corresponde aplicarla a los jueces", ha señalado. 

Fuentes de Moncloa sí apelan a que los jueces deberían respetar la voluntad del legislador y confían en que así sea. En el equipo de Sánchez insisten en que la ley es "plenamente constitucional" y que cuenta con el aval de Bruselas a través de la Comisión de Venecia que solicitó el PP. 

"Esperamos que los tribunales apliquen la ley en los estrictos términos, no cabe interpretación y no tenemos duda de que así lo harán. La ley es muy clara y tiene contemplados todos los supuestos. Seguro que todo el mundo cumplirá", apuntan fuentes gubernamentales. Algunas voces socialistas consultadas tiran de ironía para mostrar la incertidumbre ante lo que pueda venir y señalan la "imaginación" que algunos jueces están mostrando. Con solo 24 horas en vigor, la amnistía será uno de los principales focos de atención en las próximas semanas. También las reacciones desde el Gobierno.