Belarra se reafirma tras llamar "corrupto" al juez García Castellón y reivindica la inviolabilidad de los diputados
"Este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas", tuiteó en septiembre la secretaria general de Podemos. El magistrado la demandó por considerar vulnerado su derecho al honor.

Ione Belarra se ha reafirmado este jueves en los pasillos del Congreso tras llamar "corrupto" al juez García Castellón y ser demandada por el magistrado. La secretaria general de Podemos ha reivindicado además la inviolabilidad de los parlamentarios por sus opiniones, una condición que viene recogida en el Estatuto del Diputado.
García Castellón –actualmente en jubilación forzosa por edad– pide que la líder de los morados sea condenada a indemnizarle con 120.000 euros. El juez alega que considera vulnerado "flagrantemente" su derecho al honor por una publicación "claramente dirigida a menoscabar su honor de forma vejatoria". Belarra le acusó de prevaricar cuando se dio a conocer su retirada.
"Hoy el BOE publica la jubilación forzosa del juez García Castellón. Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE. Vergüenza", escribió la diputada en la red social X el pasado 2 de septiembre.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado este jueves que da un plazo de diez días naturales a las defensas del magistrado y la secretaria general de Podemos para argumentar si, cuando esta última tuiteó sobre García Castellón, lo estaba haciendo en calidad de diputada o a título personal. Aquí radica la diferencia en que los hechos los analice el Supremo, como pide el demandante, o deben pasar a un juzgado ordinario.
El presidente del organismo ha explicado que aplaza su decisión para recabar los argumentos necesarios y que la sala pueda apreciar de oficio hasta qué punto es competente para enjuiciar el asunto. El magistrado recuerda que la cuestión es determinar si Belarra se manifestó en condición de diputada y puede acogerse a la inmunidad parlamentaria, como ella misma ha defendido, o si, por el contrario, sus publicaciones quedan limitadas al ámbito privado.
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