ZARAGOZA.- El Estado de Bienestar comienza a resurgir poco a poco en Aragón. Y lo está haciendo a pesar de las sorpresas que los nuevos responsables de las dos principales instituciones, el Gobierno autonómico (PSOE) y el ayuntamiento de la capital (Zaragoza en Común), están encontrando en sus cuentas: 90 millones pendientes de pago en condenas al municipio y un desfase de casi 600 millones en la comunidad entre los ingresos y los gastos previstos. Más del 10% del presupuesto anual, en ambos casos.

Sin embargo, y pese a las dudas sobre los recursos con los que van a contar en realidad, los nuevos equipos de gobierno de ambas instituciones están comenzando a restañar las graves heridas que el Estado de Bienestar ha sufrido en el último sexenio.

Este martes, la Consejería de Salud anunciaba que los centros públicos volverán a atender a los extranjeros ‘sinpapeles’, que solo deberán cumplir dos requisitos para acceder a una tarjeta sanitaria de vigencia anual y prorrogable si se mantiene su situación: llevar tres meses residiendo en la comunidad y ganar menos de 15.975 euros al año –basta con una “declaración responsable”-. Esta medida, en la práctica, abrirá las puertas de los hospitales y los centros de salud a las 14.000 personas que fueron expulsadas de ellos en 2012. No obstante, deberán pagar el 40% del coste de los fármacos si tienen entre 18 y 65 años y un 10% si superan esa edad.

En su primer mes de gestión, el ejecutivo autonómico que dirige Javier Lambán ha tomado otras medidas como abrir el proceso de participación social previo a la ley que en unos meses debe regular la Renta Social Básica, desatascar el Ingreso Aragonés de Inserción -1.500 beneficiarios que cumplen los requisitos para acceder no lo reciben y otros 1.900 tienen congelada su renovación- y ha declarado inembargables las ayudas de comedor –que se han duplicado y alcanzan ya a 2.406 familias- para escolares con problemas de alimentación por pobreza.

La mayoría de esas medidas han sido tomadas por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, que se ha encontrado con una bolsa de 7.500 dependientes en lista de espera para comenzar a recibir sus ayudas, a los que se sumaron el 1 de julio otros 8.000. Educación, por su parte, ha agilizado la construcción de dos nuevos colegios y el tramo final de las obras en un tercero en la poblada zona sur de Zaragoza y ha paralizado la aplicación de la Ley Wert en los institutos.

Pese a este ritmo, la recuperación del Estado del Bienestar ya ha provocado algún rifirrafe político. Lambán pidió ayer “paciencia” y confianza a su socio parlamentario de referencia, Podemos, cuya portavoz, Maru Díaz, criticó la lentitud con la que, a su juicio, el Gobierno autonómico está acometiendo los acuerdos de investidura, que incluían poner en marcha en un mes –que ya ha pasado- un Plan de Emergencia Social. Díaz utilizó la palabra “escepticismo” para referirse a las perspectivas sobre el cumplimiento de ese pacto.

Sin embargo, al Gobierno de Aragón le ocurre como al Ayuntamiento de Zaragoza: está pendiente de finalizar la revisión de las cuentas para activar el bloque de las medidas sociales. En este sentido, el equipo municipal que dirige el alcalde Pedro Santisteve espera disponer de las conclusiones de su auditoría en la primera semana de septiembre para lanzar el plan de emergencia en la segunda.

“El gasto social va a ser una prioridad presupuestaria en esta legislatura”, anunció hace unos días la vicealcaldesa, Luisa Broto, que hace unas semanas acordó con la consejera de Ciudadanía, Mariví Broto, conveniar la prestación de los servicios en los que operan ambas instituciones. Esa medida es inédita en Aragón, donde el Gobierno autonómico y el ayuntamiento de la capital han estado tradicionalmente enfrentados, aunque los gobernara el mismo partido.

La comunidad y el consistorio de la capital evitaron que 23 familias se quedaran sin techo en julio. De hecho, la política de vivienda es una de las que más cambios alumbran: la comunidad prepara para septiembre un decreto que vetará los desalojos sin alternativa habitacional para los afectados mientras el consistorio pone en marcha un servicio de mediación entre caseros e inquilinos y estudia plantear a los bancos la posibilidad de subrogarse en hipotecas a precios de mercado bancario; es decir, de pedir para la Administración las tarifas de los fondos-buitre.

En una línea similar, el pleno municipal aprobó en su última sesión destinar a ayudas de urgente necesidad algo más de dos millones de euros inicialmente destinados a pagar intereses bancarios de la deuda y que la rebaja del Euribor dejó en las arcas municipales.

Paralelamente, la concejalía de Servicios Sociales amplía este verano las plazas para niños con necesidades especiales en la colonia estival Zaragalla mientras la de Economía busca fórmulas para paliar la subida del IBI del próximo año y la de Servicios Públicos inicia los estudios para atajar las privatizaciones y comenzar las remunicipalizaciones.

El equipo de Zaragoza en Común, una de cuyas primeras decisiones destacadas consistió en paralizar el plan para privatizar el estadio de La Romareda que apoyaban PP, PSOE y Chunta Aragonesista, prevé comenzar por el servicio de atención telefónica 010 y el de puntos limpios, que suman 30 trabajadores, y seguir por la contrata de Parques y Jardines, con 250 empleados. Huesca, donde Luis Felipe (PSOE) gobierna con el apoyo de Cambiar Huesca y Aragón Sí Puede, comenzará por la limpieza de edificios, seguirá el año que viene con la asistencia domiciliaria y continuará en 2017 con la limpieza viaria.