La Bilateral Estado-Generalitat sella el acuerdo de los presupuestos catalanes entre Govern y ERC

La Comissió Bilateral Estado-Generalitat celebrada este miércoles por la tarde ha servido para confirmar el aval del Ejecutivo español a las medidas del acuerdo de los presupuestos catalanes entre el Govern y ERC. Por lo tanto, ya sólo falta el "sí" de los Comuns, con quien se está en negociaciones, para que el Ejecutivo de Salvador Illa tenga atados definitivamente los apoyos necesarios para aprobar sus primeras cuentas, que muy probablemente serán los únicos del mandato. Contar con unos nuevos presupuestos garantizará la estabilidad en la legislatura catalana.

La Bilateral apenas se ha alargado una hora y ha estado encabezada por el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y también ha participado en ella la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero. Con relación al acuerdo presupuestario, se ha dado el visto bueno estatal al impulso del tren orbital, a la creación de una sociedad mercantil que fiscalizará y agilizará las inversiones estatales en Catalunya, al cambio en la gobernanza del Consorci de la Zona Franca o al refuerzo en las competencias de gestión del litoral de la Generalitat. Por lo demás, se ha ligado la financiación para que el cuerpo de los Mossos d'Esquadra pueda ampliarse hasta 25.000 agentes en 2030.

El Govern considera que todo lo acordado permite dar un "nuevo paso adelante" en el despliegue de competencias de la Generalitat. En este sentido, el conseller Dalmau ha puesto de manifiesto el marco de entendimiento entre los dos ejecutivos -del mismo color político- que contrasta con etapas anteriores de confrontación. Directamente, ha manifestado que las medidas aprobadas certifican "una nueva etapa de relaciones" marcada por la "cooperación" y la "mejora de la vida" de los ciudadanos. A su vez, el ministro Torres ha destacado que el resultado de la reunión es fruto de una labor de negociación importante en las últimas semanas y que los acuerdos "no tienen marcha atrás".

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A nivel concreto, Estado y Generalitat han acordado la creación de un consorcio de inversiones, con la participación paritaria de ambas administraciones, que debe servir para planificar, agilizar y garantizar la ejecución de las inversiones del Estado en Catalunya. El organismo fue tumbado por Junts en el Congreso de los Diputados y, por tanto, tendrá que volver a la Cámara Baja en un futuro. En cualquier caso, también se ha validado la creación este 2026 de una sociedad mercantil de inversiones -también participada por los dos gobiernos- que en la práctica realizará las mismas funciones y que puede tirar adelante y empezar a operar sin el aval de la cámara baja.

En cuanto al tren orbital, se ha acordado impulsar el proyecto con la creación de una mesa técnica de seguimiento y la actual línea R8 de Rodalies será la primera fase funcional del proyecto. El Estado es quien deberá asumir el grueso de financiación de la infraestructura, cifrado en 5.200 millones. En el Consorcio de la Zona Franca se ha pactado un nuevo reparto. Si hasta ahora el ente estaba controlado al 100% por el Estado, ahora este pasará a tener el 45%, la Generalitat asumirá el 40% y el Ayuntamiento de Barcelona el 15%.

Además, también se ha acordado crear un grupo de trabajo que antes de acabar el año deberá presentar una propuesta para extender la formación en catalán a diferentes ámbitos y cuerpos de la Administración General del Estado en Catalunya, y se ha pactado ampliar las competencias de la Generalitat en la gestión del litoral, de manera que deje de requerir de un informe vinculante del Estado para determinadas cuestiones.

Las negociaciones con los Comuns

Tras el acuerdo con ERC y la ratificación de la Bilateral, el siguiente paso para tirar adelante las cuentas debe ser actualizar el pacto con los Comuns. Sobre este punto, el conseller Dalmau ha apostado por "acelerar" las conversaciones durante las próximas horas.

Este miércoles por la mañana, la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha avanzado que han pactado con el Govern crear una dirección general de disciplina en vivienda que se encargue de la inspección y las multas para el incumplimiento de los topes de los precios del alquiler.

Una vez se ate el "sí" de los Comuns, el Govern pretende aprobar las cuentas en un consejo ejecutivo extraordinario, para después llevarlos al Parlament, donde iniciarán una tramitación que se alargará unos 40 días antes de que el pleno los pueda validar definitivamente, previsiblemente a principios de julio.