Botella legisló en secreto para poder contratar esquiroles y reventar la huelga de limpieza

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, lo negó por activa y por pasiva durante los 13 días que duró la huelga de limpieza viaria y jardinería. Nunca existió, según las palabras de la alcaldesa, riesgo sanitario alguno para los madrileños a causa de la cantidad de basura que se acumulaba en las calles.

Sin embargo, el pasado martes, el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid publicaba un decreto con fecha del 15 de noviembre de 2013, por el que el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Diego Sanjuanbenito, declaraba la "situación de extraordinaria y urgente necesidad de proceder a la limpieza de determinadas vías y espacios públicos" de la ciudad para "garantizar la prestación del servicio esencial de limpieza de las vías y espacios públicos". Es decir, para justificar la contratación de la empresa pública Tragsa, que se haría cargo de los servicios mínimos de limpieza.

Algo que según sindicatos y reputados abogados laboralistas y catedráticos en Derecho del Trabajo consultados por Público en su día, suponía una clara vulneración del derecho de huelga, ya que se estaban contratando directamente a esquiroles que sustituyeran a los huelguistas.

Esta medida, que para el Ayuntamiento no es un decreto de alerta de alerta sanitaria, fue aprobada el día en el que el quipo de Botella contrató a Tragsa. Según fuentes del Ayuntamiento consultadas por Público, el estado de alerta sanitaria nunca llegó a decretarse. "Nunca ha existido alerta sanitaria ni riesgo para la salud de las personas. Es un decreto por el que se toman medidas extraordinarias ante el incumplimiento de los servicios mínimos", aseguran estas fuentes.

Sin embargo el decreto asegura en su artículo 8 lo siguiente: "existe un deterioro importante de la sanidad ambiental, debido a la acumulación de gran cantidad de suciedad y residuos, especialmente de naturaleza orgánica [...]Todo ello está suponiendo un riesgo para la sanidad ambiental de determinada zonas de la ciudad especialmente sensibles por la densidad de población expuesta [...] e implicando un riesgo para la salud de las personas que viven o visitan nuestra ciudad y, especialmente, para aquellas en situación de especial protección como son menores, enfermos, ancianos, personas con discapacidad o diversidad funcional".

Si algo prueba este decreto es que la alcaldesa se contradice al asegurar en rueda de prensa que no existía riesgo para la salud pública, algo en lo que coincidía con los sindicatos. Pero también es una muestra de las maniobras  a escondidas del Ayuntamiento para hacer posible la contratación de Tragsa y mantener Madrid limpia pese a la huelga, ya que la aprobación de esta medida nunca fue anunciada hasta el pasado martes.

Mientras se desconocía el decreto, la misma Ana Botella dirigió personalmente -envuelta en abrigo de piel- el dispositivo que la madrugada del sábado recogió toneladas de desperdicios. 

"Es la excusa para contratar a Tragsa, algo que vulnera el derecho de huelga claramente" Para UGT, esta medida es una "excusa para llevar a cabo una doble ilegalidad". Por un lado "es la excusa para la contratación de Tragsa, que vulnera el derecho de huelga claramente" y por otro "la ilegalidad del propio decreto, ya que no se ajusta a la realidad. Nunca hubo un riesgo para la salud de ningún tipo. Medidas como ésta se decretaron en otras huelgas cuando había pasado un mes y medio, no 10 días", relata a Público Moisés Torres, portavoz de limpieza viaria en la federación de servicios públicos de UGT, que tilda de "oportunista y absurdo" el decreto de Botella.

Por esa razón, la denuncia que anunciaron en caso de que Tragsa fuera contratada "sigue adelante y desde varios frentes, ya está siendo redactada por nuestros servicios jurídicos", afirma. Además, añade el sindicalista, desde el comité de empresa de Tragsa también están estudiando otra denuncia contra el Ayuntamiento por contratar trabajadores a través de empresas de trabajo de temporal.

"Vulnera el derecho de los ciudadanos a conocer los riesgos para su salud" Para la oposición en el Consistorio madrileño, este decreto representa una nueva mentira en el repertorio de la alcaldesa. Según la portavoz del grupo socialista en la comisión de Medio Ambiente, Ruth Porta, la medida aprobada "con nocturnidad y alevosía" supone "una vulneración de derechos fundamentales". "Si no había alerta sanitaria, Tragsa no podría intervenir y habría vulnerado el derecho a huelga de los trabajadores y, si existía ese riesgo y lo ha ocultado, está vulnerando el derecho de los ciudadanos a conocer los riesgos para su salud", asegura a Público, una vulneración para la que sólo cabe "su inmediata dimisión", sostiene.

"Es otra mentira en todo este proceso generado por su modelo de contratación" En opinión de la portavoz de IU-Los Verdes en la comisión de Medio Ambiente, Raquel López, ésta "es otra mentira en todo este proceso, que nos ha llevado a una huelga y a una posible alerta sanitaria por su nuevo método de contratación integral", critica y añade que el decreto "le sirve para que la denuncia de los sindicatos por vulneración de su derecho a huelga no tenga efecto. Ha ocultado información, porque dijo [Botella] que había riesgo para la salud pero no lo declara como tal".

"Es algo muy grave que sólo se explica por la incapacidad de la alcaldesa para gobernar" Desde UPyD, el portavoz en la comisión, Jaime Berenguer, critica los cuatro días de retraso desde la emisión hasta la publicación del decreto. "Se refiere a la situación de emergencia precisa para que Tragsa intervenga, algo que nos sorprende mucho porque  nunca comunicó a los madrileños que estaban cerca de la alerta. Pretendía que pasara tapado", explica el edil. "Siempre hemos oído que no había alerta, por lo que a la ocultación se le suma la mentira. Es algo muy grave que sólo se explica por la incapacidad de la alcaldesa para gobernar", apostilla.