Las brechas de la ley que permiten urbanizar un monte incendiado

¿Puede un monte incendiado ser recalificado y urbanizado en España? Sí, y sin que antes deba transcurrir ningún plazo concreto, más allá del que requiera la tramitación ordinaria de los instrumentos legales y urbanísticos necesarios para que eso ocurra. 

El 21 de octubre de 2015, gracias a una reforma de la Ley de Montes aprobada con el único apoyo del PP y sus socios navarros de UPN y la única abstención de CiU (hoy PDCat), desaparecía en la práctica el veto de 30 años para modificar el uso forestal de los montes incendiados, introducido en 2006 para, precisamente, desincentivar los incendios intencionados para generar terrenos urbanizables. 

El veto, cuya recuperación a propuesta de Unidos Podemos tumbó hace unos días en el Senado la mayoría conservadora, sigue figurando formalmente en la ley, aunque el cambio de reglas de 2015 abre dos vías para eludirlo. Dos vericuetos que, sin embargo, no han sido utilizados para urbanizar un terreno recalificado tras un incendio; al menos hasta el momento.

La primera de esas dos vías consiste en que la recalificación del monte estuviera prevista antes del incendio, incluso en casos en los que el instrumento de planeamiento no hubiera sido formalmente aprobado. Basta también con que exista “una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero extensivo de montes no arbolados en estado de abandono”, cuyo suelo pasaría a ser susceptible de acoger otros usos tras el fuego.

La reforma, además, faculta a las comunidades autónomas para, con “carácter excepcional” y siempre que no se trate de montes catalogados, sustituir la catalogación urbanística de un terreno forestal arrasado por el fuego siempre que se cumplan dos requisitos: aprobar una ley que establezca la existencia de “razones imperiosas de interés público de primer orden” para esa reclasificación de los terrenos y prever “las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada”.

"No tiene sentido quemar el monte para urbanizarlo"

No obstante, ninguna comunidad autónoma ha puesto en marcha ese proceso en los casi dos años que lleva habilitado para hacerlo. Años en los que, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, han aumentado tanto la superficie forestal quemada tras varios años de descenso (solo de enero a septiembre superó las 105.000 hectáreas) como el número de grandes incendios (los de más de 500 hectáreas), que por vez primera superan la veintena en dos ejercicios consecutivos y que en los últimos nueve meses han quemado el 40% de la superficie total.

Para Theo Oberhuber, responsable del área de Conservación de la Naturaleza de Ecologistas en Acción, “no tiene sentido que alguien queme el monte pensando en urbanizarlo porque no hay base legal para hacerlo, ya que las comunidades autónomas deben determinar previamente las excepciones” al veto. “Tampoco podemos descartar que alguien pueda hacerlo, aunque cuesta pensar que ese fuera el motivo fundamental”, añade.

Mónica Parrilla, responsable de Bosques de Greenpeace, llama la atención sobre el hecho de que “antes y después de esa reforma ha habido incendios, y el debate se sigue centrando en ella aunque no ha llegado a ser aplicada”. En este sentido, reclama “focalizar la atención en otros aspectos, como las bajas dotaciones de las fiscalías de Medio Ambiente, la escasez de los presupuestos de prevención, el abandono de los montes y la ausencia de planes de gestión forestal”.

“Se habla mucho de incendios, pero poco de su respuesta penal”, anota.

Las cifras oficiales no indican que esta sea muy expeditiva; entre otros motivos, por las dificultades que entrañan las investigaciones. Medio Ambiente contabilizó 5.044 incendios y 12.642 conatos (menos de una hectárea afectada) en 2015 y 2016 , ejercicios en los que la Fiscalía abrió 2.594 investigaciones que generaron 878 imputados (91 fueron detenidos), mientras las sentencias arrojaban un balance de 171 condenas y 56 absoluciones.

¿Otra norma olvidada?

Otra norma legal, cuya aplicación debería resultar clave para reducir tanto el número como los efectos de los incendios forestales, también destaca por su bajo nivel de aplicación. Se trata del decreto que desde 2013 regula las medidas de planificación en materia de protección civil de núcleos de población frente a los incendios forestales.

El decreto determina que las urbanizaciones e instalaciones en el llamado “interfaz urbano-forestal”, es decir, los núcleos habitados como nuevos barrios o urbanizaciones y las zonas productivas ubicados en áreas de monte, deben cumplir una serie de requisitos, entre los que se encuentra la obligación para las comunidades autónomas de delimitar las zonas de riesgo, prever los efectos que el fuego podría causar en ellas y tener en cuenta los “posibles requerimientos de intervención y despliegue de medios y recursos, así como localizar la infraestructura física a utilizar en operaciones de emergencia".

Cada año la mano del hombre está detrás de más de 8.000 conatos e incendios en España

Paralelamente, los ayuntamientos deben “poner en marcha medidas de autoprotección de los núcleos urbanos y edificaciones, encaminadas a evitar el riesgo de interfaz urbano-forestal, a través de la creación y mantenimiento de franjas perimetrales”, además de garantizar la existencia de franjas perimetrales de 30 metros libres de vegetación para romper la continuidad del arbolado y del resto de combustible forestal.

“En general no se está aplicando”, señala Oberhuber. “Las urbanizaciones y los núcleos en el monte deberían cumplir esos requisitos y tener esos planes de emergencia, pero el problema es que esa ley está abandonada”, añade. Eso hace que, en ocasiones, dispongan de una única vía de acceso, cuyo eventual corte puede imposibilitar tanto la evacuación como la llegada de los servicios de emergencia.

Concentrados en el noroeste peninsular

Los incendios forestales se concentran geográficamente en la zona noroeste de la península, donde este lunes había activos simultáneamente más de 160 focos: 132 en Galicia y 35 en Asturias, además de otros 300 en Portugal. Y, en cuanto a las causas, las del 18% no llegan a ser determinadas.

Del resto, explica Parrilla, “un 96% tienen origen humano mientras solo el 4% son provocados por rayos”; es decir, que cada año la mano del hombre, ya sea por accidente o negligencia, o de manera intencionada, está detrás de más de 8.000 conatos e incendios en España.

Ecologistas en Acción, por su parte, destaca que más de dos tercios (70,26%) de los incendios son intencionados en el noroeste peninsular, mientras esa tasa se queda en el 31,4% en las áreas mediterráneas y baja al 29,4% en Canarias y las comunidades del interior.

Origen humano agravado por la meteorología

“La meteorología no explica el origen de los incendios, aunque sí su evolución”, apunta Parrilla. Y en España, además de la meteorología, tampoco el clima ayuda mucho cuando prende el fuego.

Los expertos llevan décadas incluyendo la cuenca Mediterránea entre las áreas del planeta más vulnerables al cambio climático, algo que, en el caso español, tiene un peligroso complemento: los incendios se concentran en la única zona de la Península Ibérica que por ahora se halla a salvo del avance de la aridez y la desertificación. Es decir, que la mano del hombre llega donde no acaba de hacerlo el calentamiento global.

El Ministerio de Medio Ambiente, cuyas publicaciones oficiales alertan de cómo “el cambio climático en nuestro país va exacerbar los índices de riesgo de incendios con la consecuente influencia en los procesos de desertificación”, coincide en el diagnóstico con los ecologistas cuando, junto con “el abandono de los aprovechamientos tradicionales de los montes”, señala “la presión turística y urbanística y otros factores de tipo socioeconómico” entre las causas principales que “ han hecho crecer su número y superficie afectada, superando ampliamente los límites normales de un fenómeno natural”.

“Tenemos que convivir con el fuego. Llevamos miles de años haciéndolo –explica Parrilla-, pero el fuego ha pasado de ser un compañero cultural a convertirse en un problema de emergencia".