Vecinos de la Barceloneta reclaman a Colau que aplique ya las medidas de choque contra los pisos turísticos

BARCELONA.- Durante todo el verano, y siempre que el tiempo acompañe, miles de personas se tumban en la playa de la Barceloneta para disfrutar del sol. La mayoría son turistas y una parte significativa de ellos se aloja en el barrio marinero por excelencia de la ciudad, que se ha transformado radicalmente en los últimos años y en el que los pescadores van camino de ser sólo un recuerdo del pasado. La proliferación de apartamentos turísticos ilegales ha supuesto la llegada masiva de visitantes atraídos por la combinación de playa y fiesta constante a buen precio de la que tiene fama Barcelona. Y en un barrio de calles estrechas, en el que aislarse del ruido exterior es misión casi imposible en esta época del calendario, las necesidades de los turistas han chocado radicalmente con la de gran parte de los vecinos.

El malestar de estos últimos se venía cociendo desde hacía tiempo pero estalló justo hace un año, en un agosto caliente del que se recuerda la imagen de unos turistas italianos intentado comprar desnudos en un supermercado y las constantes movilizaciones de los vecinos contra el turismo de masas, con manifestaciones que llegaron a reunir a más de 2.000 personas. En doce meses han cambiado algunas cosas y el Ayuntamiento de Barcelona ha tomado varias medidas para paliar el malestar, pero la tensión y la desconfianza vecinal se mantienen porque la raíz del problema -el número de apartamentos turísticos- se mantiene, a pesar de las sanciones y las inspecciones municipales.

Basta con pasear un rato por sus calles para entender unas de las quejas principales de los vecinos: la Barceloneta se ha transformado en un barrio al servicio de los turistas, en el cual es cada vez más complicado -y más caro- vivir. Un trayecto de apenas 500 metros -desde la estación de metro hasta una terraza ubicada en el mercado de la Barceloneta- sirve para constatar cómo las tiendas de proximidad prácticamente han desaparecido para dejar paso a restaurantes de todo tipo -muchos de comida rápida-, a tiendas de alquiler de bicicletas, a pequeños supermercados que llenan la caja fundamentalmente con el consumo de alcohol de los visitantes y un sinfín de negocios destinados al turista.

Sergio Arnás, Juan Antonio Vázquez y Sebas, tres de los vecinos impulsores de la plataforma La Barceloneta Diu Prou (La Barceloneta Dice Basta), reciben a Público junto al mercado y reconocen que están "mejor que hace un año", pero que eso no significa ni que estén "bien" ni que "la presión se deba acabar”. Justo el 12 de agosto del año pasado se celebró una reunión en el campo de fútbol que congregó a unas 150 personas y que fue el embrión del movimiento de protesta contra el turismo de masas y, especialmente, contra los apartamentos, tanto legales -menos del 10% del total, según los datos de los vecinos- como ilegales.

Las movilizaciones vecinales forzaron al entonces gobierno de Xavier Trias a actuar. Así, se puso en marcha una campaña para detectar las viviendas destinadas a uso turístico que operaban sin licencia, que permitió localizar un total de 386 inmuebles que se alquilaban como apartamentos ilegales. Con todo, los miembros de la Barceloneta Diu Prou afirman que el número de pisos turísticos -hay 69 legales- es mucho más alto. “La cifra alcanzó los 1.300 y hoy se mueve entre los 800 y los 1.000”, subraya Sergio Arnás. Además, se aumentó la presencia policial de noche en los puntos más conflictivos del barrio, aquellos en los que las congregaciones eran mayores e impedían el descanso de los vecinos, y se abrió una oficina para que los vecinos pudieran denunciar los apartamentos ilegales que se detectaran. Pasados unos meses, los vecinos denuncian que la presencia policial se ha reducido y que las molestias por la noche, una vez cierran los locales de copas más cercanos al núcleo del barrio, siguen siendo constantes, aunque no se llega al extremo vivido hace un año, cuando la tensión era enorme.

“Teníamos muchas expectativas con la llegada al gobierno municipal de Barcelona en Comú, porque hablan el mismo lenguaje que nosotros y entienden el problema, pero las primeras semanas han sido una decepción. Nos piden más tiempo, pero todavía no se han aplicado las medidas de choque que pedimos, como una vigilancia policial permanente por la noche, un incremento del número de inspectores de los pisos turísticos ilegales y la regularización del régimen sancionador para que los apartamentos se puedan cerrar rápidamente una vez sean detectados”, expone Sergio Arnás.

Con todo, los tres representantes de la plataforma vecinal aplauden las medidas anunciadas la semana pasada por la concejal del distrito de Ciutat Vella y antigua activista del barrio, Gala Pin, y el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello. En concreto, el ayuntamiento condonará el 80% de las multas a los propietarios de pisos turísticos ilegales de Ciutat Vella que cedan su piso al consistorio para que lo ponga en alquiler social durante tres años. Se trata de una prueba piloto que quiere combatir los apartamentos ilegales a la vez que intenta garantizar el derecho a la vivienda en barrios con una alta gentrificación, un proceso de transformación urbana en el que la población original de un barrio deteriorado es desplazada por otra de un mayor nivel adquisitivo a la vez que se renueva la zona. Además, el consistorio iniciará una campaña informativa destinada a los turistas para que ellos mismos faciliten datos de los pisos ilegales y también se pedirá a los intermediarios, básicamente plataformas como Airón y Booking.com, que presenten los datos de los inmuebles y de las personas que los ofrecen.

Lourdes López, integrante de la combativa Asociación de Vecinos de l'Òstia -de la que fue activista Gala Pin-, se muestra más confiada con el gobierno encabezado por Ada Colau, pero reconoce que “la administración va muy lenta” y advierte de las dificultades que tendrá Barcelona en Comú para ejecutar sus políticas “con sólo 11 ediles” de un total de 41. La activista vecinal subraya que el gran triunfo es que se ha logrado “concienciar a los vecinos sobre lo perjudicial que es alquilar los pisos a los turistas, ya que al final el barrio no gana casi nada y sólo sufre las molestias”. López, que vende cupones a escasos metros del mercado de la Barceloneta, lamenta que ahora es casi imposible “hacer la compra en el barrio” y coincide con los integrantes de la Barceloneta Diu Prou en que no están en contra del turismo ("porque siempre ha habido y hemos vivido de él”, afirma), pero defiende un modelo menos masivo y, sobre todo, que no provoque la expulsión de los vecinos.

“Los problemas que sufrimos se pueden resumir en tres bloques: la especulación, la inseguridad y el incivismo”, expone Sebas, de la Barceloneta Diu Prou, que también alude a la “gentrificación” generada por los apartamentos turísticos. “Por el alquiler de un piso de 30 metros cuadrados [los tradicionales cuartos de casa, la vivienda habitual del barrio] te pueden pedir 800 euros al mes, que es una salvajada, pero si este piso se destina al turismo, el propietario puede ingresar más de 3.000 euros en el mismo periodo de tiempo”, relata el vecino. Otra derivada de la presión inmobiliaria ha sido los casos de mobbing, hasta el punto de que el movimiento afirma haber contabilizado “hasta 18 edificios” del barrio que se han vaciado de vecinos para destinarse íntegramente al negocio turístico.

“Nos están cambiando el barrio, pero estoy contenta y creo que el actual gobierno lo hará bien. En todo caso, nosotras saldremos igualmente a la calle”, avisa Lourdes López, de l'Òstia. Sergio Arnás, por su parte, se muestra convencido de que el movimiento vecinal activado hace un año “está consiguiendo cosas” y también subraya que no piensan dejar de movilizarse porque, por encima de todo, no quieren dejar de vivir en la Barceloneta y reclaman un barrio para los vecinos. En este sentido, este mismo miércoles la Barceloneta Diu Prou celebra una asamblea abierta para reividincar “un año de lucha”. Mientras hablan, grupos de turistas pasean en dirección a la playa, sin fijarse en los carteles presentes en varios balcones con el lema “cap pis turístic” (ningún piso turístico).