Campo defiende a Marlaska: el cese de Pérez de los Cobos "se ajusta a la legalidad"

"Estoy convencido de que la actuación se ajusta a la legalidad". El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido este jueves a su compañero de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la crisis desatada tras su decisión de cesar al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid.

Campo ha admitido que  "desconoce los detalles" del cese del coronel, pero está convencido de que no guarda relación con la investigación del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid sobre las concentraciones previas al estado de alarma y que está seguro de que Marlaska ha actuado con "apego a la legalidad".

Durante su intervención en el 'Foro Justicia' organizado por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), el ministro ha sido preguntado por si cree que Grande-Marlaska ha podido cometer un delito o si ha habido "injerencia política" por tratar supuestamente de conocer datos de la investigación penal que dirige la jueza Carmen Rodríguez-Medel contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir diversos actos, entre ellos la manifestación feminista del 8 de marzo."

"Por supuesto que no", ha respondido con rotundidad el titular de Justicia, al mismo tiempo que ha asegurado que Grande-Marlaska "cree" en la actuación que hace la policía judicial. Ha destacado además que la destitución de cargos de la Guardia Civil es una "competencia" del ministro del Interior  "que en cuestión de la confianza se va a otorgando o relevando".

No habla de los 'proces's vivos'

Al ser preguntado por la versión de Marlaska, Campo ha respondido que se queda "con la versión que dice" el ministro del Interior. "Pero estoy convencido de que la actuación se ajusta a la legalidad", ha apostillado.

Campo no ha querido hacer ningún tipo de valoración sobre la investigación abierta contra el delegado del Gobierno de Madrid por el presunto delito de prevaricación administrativa al autorizar concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma: "No hablo de los procesos que están vivos", ha repetido en varias ocasiones.

El ministro sí ha destacado que la policía judicial "reporta ante el juez", en relación al oficio que Rodríguez-Medel envió el lunes 25 de mayo a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que había ordenado a los agentes de "guardar rigurosa reserva" sobre las actuaciones encomendadas y advertía a Interior de las consecuencias disciplinarias y penales en caso de desobediencia.

Grande-Marlaska basó el cese de Pérez de los Cobos en una reestructuración de los cargos de confianza dentro de la Guardia Civil. El cese se produjo en la noche del domingo 24 de mayo, tres días después de que agentes de la Guardia Civil entregara a la jueza un informe como policía judicial. El coronel se había negado ese domingo a averiguar detalles del documento porque la magistrada había ordenado a los agentes que no compartieran información con nadie.

Dimite el 'número dos' y cesa el 'número 3'

El martes 26, el teniente general Laurentino Ceña, el 'número dos' de la Guardia Civil al ser su Director Adjunto Operativo (DAO) dimitió de su cargo por desavenencias con Marlaska por el cese del coronel. Fue un acto simbólico  ya que iba a jubilarse el próximo 2 de junio. Ese mismo día el ministro explicó que los cambios se debían a una reestructuración y desligó el cese de Pérez de los Cobos del informe judicial presentado a la jueza Rodríguez-Medel.

Marlaska nombró el martes nuevo DAO al general de división Pablo Salas, jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil y experto antiterrorista. El elegido estaba por debajo del escalafón del teniente general Fernando Santafé, quien era señalado como el próximo DAO a la jubilación de Ceña.

Al día siguiente, el ministro cesó al 'número tres', el general Santafé que era jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil.  En su lugar anunció el nombramiento del general Félix Blázquez, que dirige la Autoridad Nacional de Coordinación de las actuaciones para hacer frente a la inmigración irregular en la zona del Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán.