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La cara B del turismo: uno de cada diez hoteles se salta la ley con las 'kellys'

La movilización de las camareras de piso fuerza al Gobierno a aumentar la presencia en los hoteles de la Inspección de Trabajo, que constata que a la precariedad se le suma un elevado volumen de condiciones laborales ilegales

Las ‘kellys’ reclaman cambios legislativos para atajar la creciente precarización de sus empleos como consecuencia de las externalizaciones. Reuters

La movilización de las ‘kellys’, las camareras de piso que se ganan la vida limpiando habitaciones del hotel por poco más de dos euros el cuarto, ha forzado al Gobierno y a las comunidades autónomas a intensificar las inspecciones laborales en el sector hotelero, en el que la supervisión había comenzado a relajarse tres años antes, precisamente en un periodo en el que, como consecuencia de la reforma laboral y del aumento de las externalizaciones, las condiciones de trabajo de este colectivo comenzaron a sufrir un deterioro progresivo.

Las 10.199 inspecciones sobre la situación laboral de las gobernantas o camareras de piso realizadas el año pasado en todo el país suponen un aumento del 27,4% frente a las 8.006 del ejercicio anterior, el de menor intensidad de los últimos cinco. Sin embargo, ese aumento de las inspecciones coincide con una menor detección de infracciones, ya que su volumen cayó por debajo del 10%, algo que solo había ocurrido en 2015. 

La fiscalización de la situación laboral de las ‘kellys’ había registrado un descenso continuo a partir de 2013, cuando las 10.139 inspecciones se fueron reduciendo a un ritmo de entre el 7% y el 14,5% anual, según consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia, que también recoge cómo el número de revisiones en las que se detectaban infracciones caía más de 16 puntos en esos cuatro años, al bajar de 1.106 al año a 925, aunque siempre con anomalías entre una de cada nueve y una de cada diez. 

Los datos del Gobierno incluyen a todo el sector del alojamiento, integrado por 24.728 empresas que facturan 21.510 millones de euros al año y emplea a 259.543 trabajadores en hoteles, apartamentos y cámpings, principalmente, según los datos del Instituto Nacional de Estadística referentes a 2016. Llama la atención que no consten infracciones en comunidades como Catalunya, Madrid, Comunitat Valenciana, Murcia, Galicia o Euskadi. 

"La cara B del sector turístico"

Heredia considera un “dato muy preocupante” que casi una de cada diez inspecciones detectara infracciones en la situación laboral de las camareras de piso, “unas trabajadoras con unas condiciones de trabajo muy precarias resultado de la reforma laboral del PP”, tras la que muchas de ellas han sufrido recortes salariales de hasta el 40% al ser externalizado el trabajo a empresas de limpieza el trabajo que antes realizaban como plantilla, acogidas al convenio de hostelería. 

Una camarera de piso durante su turno de limpieza de habitaciones en un hotel de Madrid. Reuters

Una camarera de piso durante el turno de limpieza de habitaciones en un hotel de Madrid. Reuters

“Cuando la camarera de hotel cobra dos euros por habitación, o incluso menos, eso no se llama crear empleo sino explotación laboral”, señala el diputado, que reclama una “solución inmediata” para “la cara B del sector turístico” que permita atajar las consecuencias que la reforma de 2012 está teniendo en el colectivo. 

En este sentido, anunció una batería de iniciativas parlamentarias para recabar la opinión del ejecutivo sobre “el elevado número de irregularidades que se registran en hoteles en relación a las camareras de hotel”, conocer la tipología de las infracciones y aclarar si adoptará alguna medida concreta si algún hotel reincide. 

Precariedad, dolencias y ansiedad

“Somos bastante claritas y tenemos muy claro lo que queremos: soluciones y cambios legislativos”, señala Ángela Muñoz, vicepresidenta de la asociación en la que las camareras de piso comenzaron a organizarse y a canalizar sus reivindicaciones hace ahora dos años, y una de las representantes del colectivo, que agrupa a alrededor de 200 trabajadoras en todo el país, que este jueves se reunía en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibe en el Palacio de la Moncloa a una delegación del colectivo 'Las Kellys', que representa a las camareras de piso.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibe en el Palacio de la Moncloa a una delegación del colectivo "Las Kellys", que representa a las camareras de piso.

“El origen de nuestros problemas está en la externalización de los servicios”, con las que “nos han barrido de las plantillas” y cuyo veto reclaman, explica. 

Esas externalizaciones y la preeminencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales, favorecidas en ambos casos por la reforma laboral, han hecho que buena parte de las gobernantas pasaran de las condiciones de la hostelería (14 pagas de 1.200 euros netos por ocho horas diarias y 50 días de vacaciones al año en Madrid) a las de la limpieza, en las que el sueldo cae al salario mínimo, los ratios de productividad exigen llegar a 400 habitaciones en un mes para superar los 900 euros y abundan los contratos de obra y servicio y las jornadas parciales. 

“Limpiar una habitación sale a 2 o 2,30 euros cuando el precio medio de una en un hotel de cuatro estrellas de Madrid es de 119 euros por noche”, señala. “En Canarias se dan jornadas de 28 habitaciones diarias de lunes a domingo”, añade. 

La senadora de Nueva Canarias María José López Santana, que ha hecho de mediadora para esa reunión, que las ‘kellys’, estima que las externalizaciones, y el consiguiente deterioro de sus condiciones laborales, afectan a un 70% del colectivo en ciudades como Madrid y Barcelona. “Sus condiciones se han deteriorado mucho con la excusa de la crisis, es algo que roza la obscenidad y que se está dando de una manera generalizada en todo el país”, añade. 

A eso se le suman hechos como que muchas de las dolencias derivadas de su trabajo no están reconocidas como enfermedades laborales ( ). “Prácticamente el 90% de ellas toma medicación y sufre ansiedad por la elevada carga de trabajo que deben soportar”, anota la senadora.

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