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El Ayuntamiento de Madrid paga el abogado al número dos de Gallardón en el caso del 'espionaje' interno en el PP madrileño

El letrado del Consistorio de la capital ejerce la acusación contra dos guardias civiles y un ordenanza de la Comunidad de Madrid, entre otros, en representación de Manuel Cobo, teniente alcalde en época de los populares. Pero la Fiscalía y la otra víctima de los seguimientos, Alfredo Prada, no los acusa porque creen que no son los auténticos responsables del affaire. 

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Vista del monitor de la sala de prensa de la Escuela Balear de la Administración Pública, durante la declaración del exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo en el juicio por el caso Nóos. EFE

El gabinete jurídico del Ayuntamiento de Madrid, que depende directamente de la alcaldesa y ex jueza Manuela Carmena, continúa asistiendo al ex teniente alcalde del PP en la época de Alberto Ruiz Gallardón en el caso del espionaje a dirigentes populares, orquestado presuntamente desde la Comunidad de Madrid que presidía  Esperanza Aguirre

Manuel Cobo, un habitual ahora de determinadas tertulias, dejó de trabajar en el Consistorio madrileño cuando Ana Botella fue nombrada alcaldesa. Sin embargo, ocho años después de que se abriera la investigación por malversación de fondos públicos, entre otros delitos, el conservador sigue valiéndose de los servicios municipales en un caso en el que la Fiscalía, por ejemplo, ha pedido el sobreseimiento de las acusaciones contra los imputados al no quedar acreditado que "los investigados hayan destinado a usos ajenos a la función pública caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones". 

Al ser preguntado por Público, el consistorio alega: "El Ayuntamiento de Madrid no está sufragando los gastos de abogados particulares que actúen en nombre de D. Manuel Cobo Vega a título personal. La actuación del Ayuntamiento se realiza en la medida en que los seguimientos que pudo haber sufrido el citado Sr. Cobo Vega se produjeron cuando el mismo era Vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, tal como se hace habitualmente".

Esta postura es la opuesta a la que desde un principio adoptó otro de los dirigentes populares víctima de los seguimientos, el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada, quien se personó en la causa con un abogado pagado por él y que también ha desistido en acusar a los procesados al creer que no son los auténticos responsables del espionaje. 

Aguirre, González y Granados, sin investigar

Dos guardias civiles, José Oreja y Antonio Coronado, además del ordenanza de la CAM, José Manuel Pinto, denunciaron el pasado año en la comisión de corrupción abierta en la Asamblea de Madrid cómo "se orquestó un montaje contra nosotros para culparnos de unos seguimientos que nunca realizamos, aunque nos los encargaron nuestros jefes, los policías Sergio Gamón y Miguel Castaño, por orden presuntamente del entonces vicepresidente Ignacio González y del que también eran conscientes Francisco Granados y la presidenta Esperanza Aguirre", asegura uno de ellos a Público

La declaración en la comisión de corrupción se realizó a petición de Podemos y también de Ciudadanos, quienes dieron credibilidad a la versión del montaje de los ahora acusados por Manuel Cobo, a través del letrado del Ayuntamiento. Por eso se preguntan "por qué el mismo partido político paga con fondos públicos la acusación contra nosotros, entrando en contradicción con la postura que mantienen contra la corrupción en la Asamblea"

El caso del espionaje entre los dirigentes populares ha sufrido un sin fin de reveses desde que se abrieran las diligencias en 2009. Fue tres veces archivado y gracias a la acción de estos tres acusados se reabrió. Su objetivo es demostrar que Aguirre, González y Granados serían los auténticos máximos responsables de este espionaje y de la malversación de fondos públicos y que fueron otros quienes realizaron los seguimientos, pero ni siquiera se les ha apoyado cuando han solicitado estas testificales. 

Tampoco se les apoyó cuando pidieron que fuera a declarar el investigador de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que firma los pocos informes que aparecen en el sumario, como suele ocurrir en cualquier causa. Un comisario a quien se le quitó el caso de las manos cuando las pesquisas comenzaron a apuntar a que se estaba contratando a agencias de detectives a las que se les pagaba con fondos públicos y que estos tres acusados nada tenían que ver con los seguimientos. 

Sólo fue a declarar Granados, ahora en la prisión de Estremera, y fue excelentemente tratado por la jueza ya que, según él cuenta en una conversación telefónica intervenida en la Operación Púnica, la magistrada incluso le besó y le dijo que era el mejor consejero de Justicia que había habido en Madrid.

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