El 'caso Caballistas' sienta al PP balear en el banquillo

El caso Caballistas, un macrojuicio sin precedentes en Baleares, sentó ayer en el banquillo de los acusados a doce dirigentes del PP insular, entre ellos, diez alcaldes o ex alcaldes de diferentes municipios de Mallorca. Se les acusa de haber firmado documentos certificando las actividades de una asociación hípica que no existía, que sirvieron para la legalización de una edificación en suelo rústico en beneficio del ex alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal, principal imputado en el caso y para quien se pide la mayor pena: seis años de prisión.

Entre los acusados está el recién elegido presidente del PP de Mallorca, Joan Rotger, o la diputada regional Catalina Soler, hasta hace dos semanas portavoz del PP en las islas.

Tal y como expone la acusación pública, Vidal necesitaba que el Consell de Mallorca declarase de interés general la Agrupación Caballista de Ses Salines, que le iba a servir para legalizar la construcción de un chalé, una nave y otras edificaciones de su propiedad que, supuestamente, iban a ser sede de dicha asociación. Así, elaboró y firmó un documento oficial del Ayuntamiento para hacer constar que la agrupación operaba desde 1995, pese a que la asociación no fue constituida ni registrada hasta 2001.

Sebastià Vidal no se limitó a elaborar este documento sino que convenció a otros nueve regidores para realizar certificados similares que fueron incorporados al expediente de interés general. El ex alcalde de Ses Salines reiteró que no explicó a los firmantes la finalidad del documento.

Durante la primera jornada del juicio, que se celebró ayer en la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, declararon los 14 acusados: 12 miembros del PP y dos funcionarios municipales. El primero en hacerlo fue Sebastià Vidal, quien pidió "disculpas" a sus compañeros imputados por haberles pedido que expidieran certificados -"ciertos", dijo- para legalizar su casa.

En referencia a la polémica construcción, Vidal usó una táctica que ya puso en su día en práctica el ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo. Este llegó a afirmar ante el juez que, no sabía cómo, un buen día una caseta de herramientas de su propiedad se transformó en una vivienda. Pues bien, Vidal afirmó que la edificación principal la construyó su padre "en el año 63", y que ésta fue objeto de reformas, como la apertura de ventanas o la colocación de unas vigas. Estas intervenciones las hizo, dijo, él mismo "en horas perdidas" y supusieron la habilitación de "un baño, cocina y una chimenea para hacer torradas".

La mayoría de compañeros de banquillo de Vidal que accedieron a firmar el escrito eran entonces alcaldes. Es el caso de Andreu Prohens (del municipio de Campos), Antoni del Olmo (Santa Margalida), Catalina Soler (Felanitx), Miquel Vidal (Santanyí), Joan Jaume (Lloret), Biel Matas (Montuïri), Joan Rotger (Selva) y Antoni Serra (Sa Pobla). Sólo los regidores de Santanyí y Selva i Montuïri siguen en sus cargos, aunque otro de los acusados, Joan Jaume, que era teniente de alcalde Llucmajor cuando firmó el certificado, es ahora el regidor del municipio tras la dimisión de Lluc Tomàs, condenado en el caso Rabasco.

La Fiscalía pide seis años de prisión para Sebastià Vidal por 11 delitos de falsedad documental y 6 años de inhabilitación especial para cargo o función pública, mientras que para el resto de acusados se pide una multa de 20 euros diarios durante 10 meses y 9 meses de suspensión para cargo público.