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El 'caso Iliass Tahiri' lleva al Defensor andaluz a rechazar también las sujeciones mecánicas en los centros de menores

Maeztu, después de que Fernández Marugán censurase con contundencia la práctica que condujo a la muerte de Tahiri, insta al Gobierno andaluz a "suspender las sujeciones mecánicas a las personas que se hallan bajo custodia en los Centros de Internamiento para Menores Infractores de Andalucía"

El centro de menores 'Tierras de Oria' de Almería - EUROPA PRESS
El centro de menores 'Tierras de Oria' de Almería - EUROPA PRESS

raúl bocanegra

La evolución del caso Iliass Tahiri, que murió en manos de unos guardias el 1 de julio de 2019 en el centro de menores Tierras de Oria, en Almería, ha llevado al Defensor del Pueblo andaluz a rechazar, en un escueto comunicado, las sujeciones mecánicas en los centros de menores de la Comunidad.

Una vez que Fernández Marugán, Defensor estatal en funciones, sacó una contundente resolución al respecto, este jueves la oficina de Jesús de Maeztu, el defensor andaluz, se sumó con una breve nota, en la que consideraba necesario "suspender la práctica de sujeciones mecánicas a las personas que se hallan bajo custodia en los Centros de Internamiento para Menores Infractores de Andalucía".

La palabra sujeción o contención mecánica, que además haberle costado la vida a Tahiri, también acabó con la de Mamadou Berry en Melilla a finales de 2017, es un eufemismo que oculta lo que realmente significa: atar a alguien por varios puntos boca arriba o boca abajo en una cama. Es un práctica legal en España, aunque ha sido cuestionada por el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y ahora también por el Defensor del Pueblo español.

"No puede volver a morir nadie en España en estas circunstancias", opinó Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo español. "La práctica de la sujeción mecánica exige el uso de la fuerza, por lo que constituye siempre una situación de riesgo, estando en juego derechos tan fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a la integridad física", agregó.

"Lo que rechaza la conciencia, lo rechaza la justicia, lo rechaza el derecho de estos adolescentes a ser protegidos por el Estado para que puedan alcanzar una vida plena en la que superen, ya adultos, las dificultades que les llevaron a terminar en una privación de libertad antes de la  mayoría de edad", remachó Fernández Marugán.

El Defensor apuntó que existen alternativas a la sujeción para afrontar una situación de tensión o de violencia y recomendó "una decisión rápida y radical, que termine definitivamente con las sujeciones mecánicas", lo que "exige la reforma del Reglamento de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores": "[Hay] técnicas no invasivas, propias de una nación civilizada y del desarrollo del conocimiento científico, que permiten abordar con éxito situaciones límite sin poner en riesgo la vida ni la integridad física de quienes han de ser sometidos a ellas".

Al respecto de este asunto, la oficina del Defensor del Pueblo andaluz ha ido siempre por detrás de la estatal, no solo ahora, con esta nota. Así, un equipo enviado por Fernández Marugán, que visitó por sorpresa en marzo de 2018 Tierras de Oria, había encontrado, durante su periplo por el centro de menores infractores en el que un año después moriría Tahiri, halló varias deficiencias -que sugería corregir-, entre las que destacan dos que hoy adquieren una particular relevancia al estar relacionadas con las circunstancias que rodean la muerte del joven Iliass, desde el momento en que este falleció mientras se utilizaban medios mecánicos para "contenerlo".

Por un lado, el Defensor instaba al centro a "adecuar una habitación de mayores dimensiones para la aplicación de las sujeciones mecánicas, con la cama articulada y anclada en el suelo en posición central, con interfono y sistema de videovigilancia con audio".

Por otro, a "dotar al centro de un libro de registro de medios coercitivos en el que quede consignada su aplicación, con indicación, junto con el nombre del menor, del medio coercitivo empleado, el momento de inicio y cese de la medida, el motivo de su aplicación y el seguimiento por parte del personal sanitario".

Este informe del Defensor del Pueblo de España y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura contrastó con lo revelado por Maeztu en su informe anual del año 2018. Allí se afirma que se giró visita al centro Tierras de Oria, en abril, y que durante la misma se produjeron "entrevistas con los internos y con el personal": "En todos los casos las manifestaciones que realizaron fueron muy positivas respecto del clima de convivencia en el centro y con el desempeño de su labor profesional en el centro, sin destacar ninguna incidencia relevante", se lee en el informe del Defensor.

360 sujeciones

Los centros de internamiento para menores infractores en Andalucía aplicaron sujeciones mecánicas a jóvenes al menos en 360 ocasiones durante 2017 y 2018, según los datos que maneja la Junta de Andalucía. En el primer año, fueron 106 chavales diferentes los que soportaron esta práctica; y en el segundo, 121.

Esta cifra supone una cada dos días y es solo una referencia mínima, porque al menos hasta la muerte de Hariri, la existencia de libros-registro de estas actuaciones, obligatorios en los centros de reforma, no eran de uso común. En Tierras de Oria, de hecho, no existía, según un informe del Defensor del Pueblo. Por tanto, pueden ser más.

La sujeción mecánica es un procedimiento que solo debe aplicarse, según las instrucciones de la Junta de Andalucía, en una situación de extrema gravedad en la que el diálogo y la intervención educativa son inviables y con el único fin de evitar que el menor o el resto de personas del centro puedan sufrir daño alguno.

En el año 2016, tres años antes de la muerte de Tahiri, el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa visitó el centro Tierras de Oria y, aunque manifestaba que la situación general era normal –"los episodios de violencia entre los internos no eran muy frecuentes y el personal normalmente intervenía adecuadamente"–, documentó al menos el uso de restricciones mecánicas en 24 ocasiones entre enero y septiembre de ese año.

"Esta medida normalmente duraba entre una y dos horas. A los menores inmovilizados no se les permitía ir al baño (pese a pedirlo) y en algunos casos se habían orinado encima", se puede leer en el informe del CPT.

Esta es la descripción que hizo el Consejo de Europa de las contenciones con medios mecánicos en Tierras de Oria: "El centro disponía de una habitación específica para la restricción mecánica, que estaba equipada con una cama (que no estaba anclada al suelo) equipada con tres pares de asas a lo largo del borde para atar las correas. Los menores eran atados a la cama boca abajo, con las muñecas y los tobillos (y a veces el torso) atados a la cama con correas y con las piernas bien abiertas. El menor que se encontraba atado era constantemente vigilado por un miembro del personal a través de una ventana con barrotes, pero no había ningún miembro del personal continuamente presente en la habitación".

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