El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha tenido este miércoles una oportunidad de oro para anunciar cambios en la Comisión General de Codificación que evaluará el cambio del Código Penal en lo que se refiere a la violencia sexual que sufren las mujeres. Esta reforma se ha pedido con fuerza por parte de la sociedad, grupos políticos y expertas en derecho tras conocerse hace ahora dos semanas la sentencia del caso de La Manada. Esta comisión, que evaluará la necesidad de modificar la norma, está formada sólo por hombres.

Tampoco ha aclarado cómo está aplicando el Gobierno, y en especial su ministerio, el pacto de Estado contra la violencia de género, que el pasado mes de septiembre aprobó el Congreso y que ocho meses después, ni siquiera cuenta con los fondos comprometidos en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). 

Durante la sesión de control del Gobierno de este miércoles, tanto el PSOE, como Unidos Podemos, centraron gran parte de sus intervenciones e interpelaciones en estas dos cuestiones.

"Lamento decirle esto, pero el Gobierno de la nación no está haciendo nada para cumplir con el pacto. Ni siquiera han puesto los recursos acordados encima de la mesa. ¿Dónde están los 200 millones que no aparecen en los PGE?. Ahora, por la alarma social de la sentencia de La Manada, ha convocado usted la Comisión de Codificación para revisar los delitos sexuales. Las mujeres no somos invitadas a las comisiones, somos protagonistas. Por lo tanto modifique esta comisión", afirmó Adriana Lastra, diputada del Partido Socialista dirigiéndose al ministro de Justicia.

En su turno de preguntas, la vocera parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, exigió al ministro que modifique la composición de la comisión que va a evaluar la modificación del Código Penal, para que sea un órgano paritario, tal como exige la ley.  "Que se le están revelando las mujeres porque las está metiendo usted a capón para intentar disimular", afirmó Montero en referencia a la negativa de varias de las penalistas propuestas a sumarse puntualmente a esta comisión y sólo para revisar este aspecto concreto.

El ministro había propuesto sumar a seis penalistas a esta comisión de forma puntual, cuatro de las cuales han declinado la invitación por estar en desacuerdo en ser "un parche" y que la propuesta no sea formar parte permanente de esa comisión no paritaria.

"Sobre las mujeres quieren ustedes que legislen hombres. Rectifique. Ningún juez puede pensar algo diferente a que si una mujer no dice sí, lo demás es violación, lo demás es agresión sexual. Rectifique usted, y si no dimita", espetó Montero al ministro de Justicia.

En su respuesta sobre este particular, Catalá se limitó a afirmar la necesidad de remirar la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal y a afirmar que "esa reforma vendrá a esta cámara [por el Congreso] para que la acordemos si lo consideramos oportuno", dejando claro que la posibilidad de modificar la comisión que hará la propuesta de reforma, no es un tema que esté sobre la mesa.

Al hilo de este tema, Unidos Podemos ha anunciado este miércoles la presentación de una proposición no de ley relativa a la paridad en la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, así como en el resto de órganos de la administración general del Estado.

No se ha avanzado en el Pacto de Estado.

Otro de los puntos clave sobre el que los dos partidos interpelaron al ministro de Justicia durante la sesión de control al Gobierno, fue la inactividad en la aplicación del pacto de Estado contra la violencia machista. 

Lastra se dirigió al ministro para espetarle: "Lamento decirle esto pero el Gobierno de la Nación no está haciendo nada para cumplir con el pacto. Ni siquiera han puesto los recursos acordados encima de la mesa. ¿Donde están los 200 millones que no aparecen en los Presupuestos Generales del Estado?". Y añadió que ante la apatía del Gobierno en aplicar las más de 200 medidas acordadas, el Partido Socialista "ha presentado una ley de medidas urgentes que incluye formación específica y permanente en violencia de género para jueces y fiscales, en la fase de oposición y en la formación continua. Aquí  no hay un problema individual, hay un gran problema colectivo". Y concluyó: "La justicia tiene que ser la última garantía de las mujeres, no el último refugio del patrircado".

Por su parte, Montero también centró sus preguntas sobre el cumplimiento de este pacto y la necesidad de modificar la legislación para que tenga perspectiva de género. En su turno de respuesta al ministro, la vocera de Unidos Podemos exigió a Catalá que se comprometa con políticas públicas que protejan y respeten a las víctimas de violencia sexual, y le exigió un cambio de legislación, tal como recoge el pacto de Estado, para reconocer todas las violencias contra la mujer.

"Adapten las leyes para cumplir con el Convenio de Estambul para reconocer las violencias sexuales como violencias machista", recordando que hasta el momento sólo se considera violencia de género la que ejerce la pareja o expareja. También reclamó al ministro que cumpliera con la recomendación 35 de la comisión antidiscriminación de las Naciones Unidas (CEDAW por sus siglas en inglés) que señala a España por la falta de  perspectiva de género en el derecho.

"Para esto hace falta formación, no cursos de sensibilización. Formación rigurosa". Montero respondía así a las referencias que el ministro Catalá ha hecho en toda su intervención, en la que prácticamente no habló de formación de jueces y fiscales, sino de la necesidad de sensibilización sobre el tema.

"Hay que fortalecer la sensibilización, el lenguaje, establecer guías de lenguaje no sexista", afirmó el ministro. Sin embargo no aclaró qué medidas concretas estaba tomando su ministerio y el Gobierno en este asunto.