El próximo domingo 20 de noviembre comenzará el Mundial de fútbol de Catar 2022 en el que competirán 32 selecciones nacionales hasta el 18 de diciembre. La elección de Catar como país sede del Mundial no ha estado exenta de polémicas, y a pesar de impedimentos objetivos, como las altas temperaturas –que llegan a alcanzar los 50ºC– o la vulneración sistemática de los derechos  humanos, finalmente logró imponerse frente a otros países con experiencia en la organización de Mundiales y donde se respetan ciertas libertades, como Estados Unidos, Corea del Sur o Japón.

Catar es una monarquía absoluta que ha sido gobernada por la familia Al Thani desde mediados del siglo XIX. Ideológicamente se trata de una saga familiar aliada del wahabismo, una de las vertientes musulmanas más integristas que defienden una vuelta radical a los supuestos orígenes del islam y se oponen a cualquier tipo de avance social. En la actualidad su líder supremo es Tamim bin Hamd, que heredó el trono tras la abdicación de su padre, uno de los artífices de la elección de Catar como sede del Mundial.

Con un Producto Interior Bruto de más de 200.000 millones de dólares, Catar es uno de los países más ricos del mundo; su renta per cápita asciende a los  83.000 dólares, según datos del Fondo Monetario Internacional.

La riqueza de Catar se explica porque es el tercer productor de gas del mundo [sólo por detrás de Rusia e Irán] y el primero de gas licuado, exportando el 75% de lo producido principalmente a China, India y Japón.

La economía catarí se sustenta en una enorme desigualdad. El país cuenta con 2,9 millones de habitantes y casi el 80% son personas migrantes. La mayor parte [casi 700.000] proceden de la India, pero también de Bangladesh, Indonesia, Nepal, Pakistán, Filipinas y Sri Lanka. Pues bien, en la práctica, todas estas personas, sufren una enorme discriminación. El sistema de castas y apartheid que impera en Catar divide a la población en dos partes muy desiguales basadas en el origen nacional: de un lado una minoría de origen occidental o catarí privilegiada y de otro los trabajadores explotados provenientes de Asia y África.

Para que nos hagamos una idea de la situación laboral de la población migrante: en Catar los sindicatos están prohibidos, los trabajadores no tienen derecho a huelga, y están totalmente sometidos a sus empleadores. Esto se traduce en que los patrones son los que supervisan la entrada y salida de las personas migrantes en el país, pudiendo presentar contra ellas cargos de fuga o anular su permiso de residencia. Además, el abandono del puesto de trabajo sin permiso es considerado delito y puede conllevar la deportación y prohibición de regresar al país.

Según señalan desde una institución poco sospechosa de izquierdismo como es el think tank anticomunista por excelencia, la Fundación para la Democracia, «depende del empleador proveer hospedaje y alimento, por lo que la dependencia es aún mayor. La confiscación de los pasaportes, las altas tarifas de contratación, las condiciones inhumanas de alojamiento y en las que se realiza la labor, el no pago de los haberes en término y las prácticas engañosas de captación siguen siendo habituales en Catar». Además, especialmente difícil es la situación de las trabajadoras domésticas internas, que se encuentran totalmente aisladas en el domicilio de su empleador.

Según datos publicados por The Guardian, cerca de 6500 personas habrían fallecido desde 2010 en las obras para la construcción de las infraestructuras del mundial. Las obras se produjeron bajo condiciones extremas, con temperaturas que podían alcanzar los 50 grados centígrados.

A pesar de tratarse de muertes laborales, estos fallecimientos son catalogados por las instituciones cataríes como muertes naturales, lo que implica que las familias no tienen derecho a recibir indemnización alguna por parte de las autoridades o las empresas.

De hecho, Human Rights Watch ha demandado a la FIFA y a Catar para que indemnicen a los familiares de los trabajadores muertos en las obras del Mundial. La organización ha elaborado un informe en el que relata la experiencia de 90 obreros de la construcción. En él denuncian la explotación laboral a la que estaban sometidos, el impago de salarios, el endeudamiento al que tenían que hacer frente para pagar su estancia en Catar o la muerte de muchos compañeros por inanición, es decir, de hambre.

Por su parte, Amnistía Internacional, ha documentado los abusos sufridos por los miles de migrantes procedentes de Kenia, incluyendo el trabajo forzoso en sectores como la construcción, el trabajo doméstico o la seguridad.

Tal y como cuenta Fonsi Loaiza en su libro, 'Catar, sangre, dinero y fútbol' a 3 meses del Mundial, el régimen de Catar detuvo y expulsó a 60 trabajadores que participaron en una protesta contra los impagos y las condiciones esclavistas. Llevaban 7 meses sin cobrar sus sueldos y trabajaban a más de 40 grados en jornadas laborales de hasta 18 horas. La manifestación se convocó frente a las oficinas de la empresa Al Bandary International Group, una constructora que había levantado complejos de lujo, parques acuáticos o rascacielos en todo el país.

Las mujeres, que suponen un 25% de la población, son sistemáticamente discriminadas. Según un informe de Amnistía Internacional, el sistema de tutela masculina, hace que las mujeres no puedan tomar decisiones vitales clave como casarse, estudiar, trabajar en muchos puestos del gobierno, viajar al extranjero o recibir algunos servicios de salud reproductiva sin el permiso de su tutor varón. Además el sexo fuera del matrimonio es ilegal [quedarse embarazada estando soltera puede suponer penas de cárcel], la violencia de género no está contemplada en el código penal y el divorcio supone para las mujeres la pérdida de la tutela efectiva sobre sus hijos.

Además, el régimen catarí alienta la homofobia y la persecución de personas del colectivo LGTBI. Su Código Penal castiga con hasta siete años de cárcel las relaciones homosexuales. En concreto su artículo 296 especifica los delitos de "conducir, instigar o seducir a un varón de cualquier manera para que cometa sodomía o disipación".

Recordemos también que Catar mantiene la pena de muerte, sobre todo para delitos de espionaje. Sin ir más lejos, el pasado mes de febrero, el emir detuvo la ejecución de un tunecino declarado culpable de asesinato.

En el país impera un régimen de censura que impide que se informe sobre determinados temas contrarios a los intereses del emirato. Y la situación no ha mejorado con el Mundial, de hecho, hace tan sólo un mes, el emir aprobó por decreto una ley que pena con hasta 27.000 dólares de multa y cinco años de cárcel a quién difunda noticias falsas.