MADRID.- Más de 60 catedráticos de Derecho Penal en 33 universidades públicas españolas han hecho público un manifiesto en el que critican duramente la reforma del Código Penal que se discute este miércoles en el Congreso -que incluye la figura de la prisión permanente revisable y un aumento generalizado de las penas-, y afirman que bebe de las fuentes más "reaccionarias" y sustituye principios como el de culpabilidad por el de peligrosidad, lo que a su juicio "pisotea" la dignidad humana.

En el manifiesto los expertos critican que el Gobierno abuse de su mayoría absoluta para imponer una reforma que, en primer término evidencia una "enorme pobreza técnica", tal y como ha sido puesto de manifiesto por los juristas que han venido compareciendo ante la Comisión de Justicia del Congreso de forma previa a la discusión de la reforma.

Ello explica, según los catedráticos, que la norma incluya preceptos "que superan la Constitución, pero no solamente por sus propuestas de fondo sino también por el deliberado y constante uso de términos ambiguos en la redacción de las normas, lo que compromete seriamente exigencias básicas del principio de legalidad penal".

"Las reformas propuestas, además, beben político criminalmente de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias, más autoritarias, de aportaciones en suma que han sido por todos denostadas", advierten en el comunicado.

Un indeseado incremento de la gravedad de muchas conductas

En relación con iniciativas concretas, como infracciones actualmente consideradas faltas relativas a accidentes de tráfico, los penalistas critican que apuesta de forma consciente por una "privatización" que va a provocar que el ciudadano "cargue con el pago de tasas, costas y peritajes, lo que le llevará en no pocas ocasiones a renunciar a reclamaciones para mayor beneficio de las compañías de seguros".

Advierten igualmente que se produce un "indeseado incremento de la gravedad de no pocas conductas, especialmente por la conversión de faltas en delitos" a lo que se suma el aumento de unas penas de prisión que ya son de por sí demasiado altas -pueden llegar hasta los cuarenta años- y a la previsión de "una injustificable pena de cadena perpetua".

"Con todo ello el único efecto seguro va a ser el del aumento de una población penitenciaria ya suficientemente elevada, lo que por otra parte no se traducirá en una mayor seguridad ciudadana", argumentan los expertos.

Lo más grave para los profesores, sin embargo, es el "claro abandono que se produce del principio de culpabilidad y su sustitución por criterios de peligrosidad", puesto que a su juicio "la dignidad humana va a resultar pisoteada en aras de un defensismo a ultranza, y los ciudadanos van a verse entregados no a la seguridad de la norma sino a la indeterminación de los criterios personales con los que se va a "administrar" la peligrosidad".

Deslealtad democrática

"Entendemos que nos encontramos ante un verdadero estado de necesidad política provocado por la deslealtad democrática del actual Gobierno, quien mediante las denunciadas iniciativas legislativas está elaborando una urdimbre jurídica extraordinariamente alejada de un sistema democrático atento a las libertades y derechos fundamentales, y mucho más próxima a un sistema autoritario que francamente creíamos ya olvidado", concluyen.

Por todo lo anterior, solicitan a la mayoría parlamentaria que se constituya tras las próximas elecciones generales, "que considere la necesidad de derogar, de raíz y sin excepciones, las leyes de seguridad privada, seguridad ciudadana y la nueva reforma penal; y que sólo posteriormente, y con el consenso más amplio posible y los mejores modos democráticos, pacten con los grupos parlamentarios las reformas penales, administrativas y procesales que verdaderamente resulten necesarias para el mejor gobierno de la nación y la tutela de todos los ciudadanos".

Firman el manifiesto más de sesenta catedráticos de Derecho Penal de universidades como la Carlos III, Rey Juan Carlos y Complutense en Madrid, la Autónoma de Barcelona, Santiago de Compostgela, Cádiz, Cantabria, Valencia, Granada y Zarazoza entre otras.