El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, y el secretario ejecutivo de Convergencia Político-Social, Enrique Santiago, han presentado este jueves en la Audiencia Nacional una querella criminal por el caso Bárcenas. La querella va dirigida contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y  los que fueran responsables de organización, finanzas y asesoría legal del PP y exministros Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo, por supuestas comisiones irregulares al PP entre los años 2003 y 2008, así como ocho empresarios, por la supuesta contabilidad B en la formación política. 

La denucia ha sido elaborada por la formación de izquierdas, conjuntamente con la Asociación Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción y la Federación de los Verdes. En ella, pide que el tribunal requiera urgentemente a la Fiscalía Anticorrupción, que está investigando los conocidos como papeles de Bárcenas, todas las diligencias que ha practicado hasta el momento para que el caso lo asuma la Audiencia Nacional.

En la querella, IU desgrana las donaciones de los empresarios al PP que figuran en los papeles manuscritos atribuidos a Bárcenas y los relaciona con adjudicaciones hechas a esas empresas por las administraciones públicas. IU afirma que los extesoreros y los entonces miembros del Gobierno y altos cargos del partido 'recibían una cantidad de dinero o bien mercancías, servicios y otros regalos en especie en pago por haber violado la ley' a cambio de adjudicaciones a los empresarios, 'defraudando así a la sociedad y haciendo primar exclusivamente su propio y desmedido afán de enriquecimiento'.

Según precisó Cayo Lara, la querella ha sido dirigida también contra los directivos de ocho empresas que realizaron estos pagos y contra el exsecretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, así como contra Adolfo Sánchez, identidad que podría responder a un 'nombre codificado' en los papeles de Bárcenas que presuntamente reflejan las donaciones y pagos en B efectuados en el seno del PP.

El escrito incluye los delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y asociación ilícita.

Tras su presentación, Cayo Lara declaraba a la prensa que pretende acabar con los casos de supuesta corrupción que empañan la vida pública española y están causando una desafección en los ciudadanos de la democracia.

El pasado lunes en una conferencia de prensa, Izquierda Unida relató que la acusación comienza en el año 2003 al considerar que los delitos de años anteriores podrían estar ya prescritos, aunque los hechos relatados comienzan en 1990 e incluyen los presuntos pagos de empresas privadas al PP, que cuantifican en alrededor de seis millones de euros.

Lara manifestó que IU entiende que estas compañías podrían haber caído en competencia desleal, porque considera que consiguieron la adjudicación de obras o servicios públicos a cambio de estas donaciones al PP, que hasta 2004 estaba en el Gobierno. De hecho la querella, agregó, incluye una serie de extractos del Boletín Oficial del Estado (BOE) que demuestran concesiones a estas empresas en fechas próximas a las que presuntamente donaron fondos al PP.

Los directivos contra los que se dirige la querella –adelantó IU – son el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, que presuntamente donó a los populares más un millón de euros; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy, donante de 858.000 euros; Juan Manuel Villar Mir, expresidente de OHL, que pagó más de medio millón de euros; Luis de Rivero, expresidente Sacyr Vallehermoso, donante de medio millón euros; Alfonso García Pozuelo, de construcciones Hispánica, que pagó entre 250.000 y 300.000 euros; Juan Manuel Fernández, de Aldesa, también donante de entre 250.000 y 300.000 euros; José Mayor Oreja, de Construcciones de Fomento y Contratas, que pagó al menos 170.000 euros; Antonio Vilella, de Construcciones Rubau, que donó al menos 100.000 euros.

De la misma forma, el líder de IU subrayó que, a su juicio, el PP incurrió en competencia ilícita electoral porque pudo utilizar fondos ilícitos durante alguna campaña electoral, igual que cree que el partido pudo favorecer 'la mayor estafa inmobiliaria de la democracia que ha arruinado al país'. Izquierda Unida concretó que la querella se dirigiría contra personas físicas, aunque contemplaba la posibilidad de que el PP tenga responsabilidad como persona jurídica.

Finalmente, declaró que no excluían la posibilidad de ampliar las acusaciones a lo largo de la investigación y señalaron que no habían incluido en ella al presidente del PP, Mariano Rajoy, porque, aunque fue secretario general del partido entre 2003 y 2004, creen que estaba 'volcado' en la campaña de sus primeras elecciones generales como candidato.