Los seis frentes judiciales de CDC

BARCELONA.- Media docena de investigaciones judiciales rodean con sospechas de corrupción a CDC, que en menos de un año ha visto derrumbarse a una de sus emblemáticas figuras con la confesión del expresidente catalán Jordi Pujol, y afronta un ciclo electoral con quince sedes embargadas por el caso Palau.

El registro de la fundación Catdem y del despacho del administrador de CDC, ordenado este viernes por un juez que investiga un caso de presunta corrupción con epicentro en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona), suma un nuevo capítulo a la lista de asuntos judiciales que desde hace varios años ha puesto en el punto de mira la financiación de Convergència.

Con las diligencias practicadas este viernes, el juez trata de averiguar si la constructora Teyco controlada por los Sumarroca —familia fundadora de CDC que mantiene vínculos políticos, empresariales y personales con los Pujol— pagó comisiones ilegales a la formación nacionalista a través de su fundación afín, a cambio de la adjudicación de obra pública por parte de ayuntamientos dirigidos por alcaldes convergentes.

Precisamente, la fundación Catdem está en el punto de mira del caso del Palau de la Música, ahora pendiente de juicio, ante las sospechas de que fue una de las vías por las que CDC cobró comisiones de la constructora Ferrovial, a través de Fèlix Millet, por la adjudicación de obra pública en los gobiernos de Jordi Pujol.

Junto a las dudas que el sumario sobre el expolio del Palau de la Música sembró sobre la financiación de CDC, la formación encajó el año pasado un nuevo mazazo con la carta de confesión en la que su emblemático dirigente y expresidente de la Generalitat Jordi Pujol admitió que su familia tuvo una fortuna oculta en el extranjero durante más de treinta años. La confesión de Pujol, que ha comportado su imputación, la de su esposa y cuatro de sus hijos, ocurrió semanas después de que su hijo Oriol —uno de los llamados a suceder a Artur Mas al frente de CDC— abandonara su acta de diputado en el Parlament y la secretaría general del partido.

Oriol Pujol permanece imputado desde marzo de 2013, por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, acusado de cobrar comisiones ilícitas de empresarios del sector de las ITV a cambio de favorecer sus intereses a través del grupo parlamentario de CiU, que él dirigía.

También su hermano Jordi está siendo investigado por la Audiencia Nacional desde enero de 2013, después de que la Agencia Tributaria detectara movimientos de divisas por valor de 32 millones de euros que el juez sospecha podrían corresponder a comisiones ilegales manejadas por el primogénito del expresidente de la Generalitat.

La justicia sigue también los pasos de su otro hermano Oleguer, que el pasado mes de octubre fue detenido durante unas horas y registrado su domicilio por orden de la Audiencia Nacional, que le mantiene imputado por blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Otro de los frentes judiciales que tiene abiertos CDC tiene origen en Reus (Tarragona), donde un juez investiga presuntas irregularidades en el grupo de empresas municipales Innova y en los contratos del Hospital Sant Joan de Déu de la población.

En esa compleja trama, que comportó la detención de la exprimera teniente de alcalde y diputada de CDC en el Congreso Teresa Gomis, se investigan supuestas presiones al centro hospitalario para adquirir unas prótesis a la empresa Traiber que resultaron defectuosas.

Asimismo, la justicia está a punto de dictar sentencia sobre otro peso pesado de CDC, el exalcalde de Lloret de Mar (Girona) y exdiputado Xavier Crespo, al que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) juzgó el pasado mes de junio acusado en el caso Clotilde de aceptar dádivas de un empresario vinculado a la mafia rusa a cambio de favorecer sus intereses urbanísticos en el municipio.

Otro caso pendiente de juicio que afecta a históricos dirigentes de la formación convergente es el llamado Pretoria, en que los exaltos cargos Macià Alavedra y Lluís Prenafeta afrontan penas de seis años y diez meses de cárcel, por supuestos cobros de comisiones en operaciones urbanísticas en varios ayuntamientos, entre ellos el de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) cuando lo dirigía el socialista Bertomeu Muñoz.