El magistrado y exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso abrirá este miércoles la ronda de comparecencias en la comisión de investigación del Congreso sobre el supuesto uso partidista del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz tras recibir el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Inmediatamente después lo hará el exministro.

En estos días previos a la comparecencia de De Alfonso ha habido un cruce epistolar en torno al exdirector de la Oficina Antifraude catalana por su condición de magistrado.

El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, envió el pasado jueves una carta al Congreso para recordar que esa citación está sujeta al marco legal de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según la cual no podía responder a cuestiones que afectan a su jurisdicción y que, según el artículo 399.1 de esa norma, puede contestar preguntas por escrito o en su despacho.

Una misiva a la que, según confirmaron fuentes parlamentarias, la Cámara Baja respondió recordándole que las citaciones para una comisión de investigación parlamentaria suponen "un mandato imperativo". De hecho, De Alfonso no es el primer magistrado que comparece en una comisión de investigación del Congreso (ya lo hizo Baltasar Garzón en la del 11-M) y además ya declaró en el Parlament por el mismo tema.

El propio magistrado comunicó a la comisión de investigación, que preside el peneuvista Mikel Legarda, que él quería comparecer, pero como "invitado" y ya advertía de que, al ser magistrado, no podía hacerlo sin el correspondiente permiso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tenía previsto reunirse hasta este jueves, un día después de su citación en el Congreso.

Comparecer es un "mandato imperativo"

Finalmente, el CGPJ decidió adelantar su reunión a este lunes y acordó autorizar a De Alfonso a comparecer en la comisión de investigación pero, eso sí, insistía en que, aunque existe el deber constitucional de comparecer y colaborar con las comisiones de investigación, en el caso de jueces y magistrados en activo los asuntos abordados "no podrán versar sobre datos o declaraciones que se refieran a su cargo o función jurisdiccional".

El propio presidente ha comunicado este mismo martes al Congreso la decisión adoptada por el Consejo del Poder Judicial y el presidente de la mencionada comisión de investigación así se lo ha trasladado a los distintos portavoces en la reunión que han mantenido este martes en dependencias parlamentarias.

Tanto De Alfonso, que está citado a las cuatro de la tarde, como Fernández Díaz, que comparecerá a continuación, contarán con diez minutos de intervención inicial y, a continuación, cada grupo dispondrá de quince minutos para formularle las preguntas que considere oportunas, a las que deberán responder en ese momento, siguiendo el modelo de los interrogatorios judiciales. Tras atender a cada grupo, cerrará el compareciente con una intervención final de cinco minutos.

Este formato, que fue propuesto por el PSOE y se acordó sin apoyo del PP, ya se ha utilizado en el pasado en otras comisiones de investigación como la de Gescartera o la de los atentados del 11-M y permitirá que las comparecencias sean más ágiles y evitará las grandes exposiciones iniciales que tienen lugar en cualquier comparecencia ordinaria.

Fernández Díaz y De Alfonso son los protagonistas de aquella conversación grabada en el despacho del ministro que abrió la polémica al desvelarse supuestas maniobras policiales, mediáticas y judiciales contra formaciones de la oposición. Aunque están citados para este miércoles, no se descarta que la oposición vuelva a convocarles más adelante.

Se prorroga un mes los trabajos

Tras los testimonios de Fernández Díaz y De Alfonso, el resto de comparecientes llegarán en mayo, según el acuerdo alcanzado por los grupos, que también han decidido prorrogar un mes más, hasta finales de junio, los trabajos de la comisión, al considerar que los tres meses iniciales previstos no iban a ser suficientes para hacer las correspondientes conclusiones.

Esta decisión provocará que coincidan más tiempo de lo inicialmente previsto los trabajos de dos comisiones de investigación: la de Fernández Díaz y la relacionada con la crisis bancaria, que está previsto que eche a andar entre finales de abril y principios de mayo.

De entrada, el presidente de la comisión ha convocado a los grupos para el próximo 18 de abril, justo después de Semana Santa, para tratar de definir los comparecientes a los que citarán en próximas semanas. Para entonces se espera que tengan ya en su poder la documentación que consideran necesario reclamar para afrontar el trabajo de la comisión de investigación de los próximos meses.

En su última reunión, los grupos trataron de acordar los documentos que la comisión solicitaría, pero el consenso fue imposible casi desde el principio porque el PP, el PSOE y Ciudadanos cuestionaban la mayor parte de las peticiones de información de los soberanistas  catalanes al considerar que excedía el objetivo para el que se creó la comisión.

Así, la comisión rechazó, entre otras cuestiones, la documentación relativa a las conversaciones que tuvieron lugar en La Camarga' entre la dirigente del PP Alicia Sánchez Camacho y la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, o el informe enviado por el Ministerio de Asuntos Exteriores que dirigía José Manuel García-Margallo a las embajadas contra el proceso soberanista catalán.

Pero también se censuraron otras solicitudes relacionadas con el ático de Ignacio González o con el pequeño Nicolás y otras tantas por falta de concreción o por pretender hacer de la investigación sobre la gestión de Fernández Díaz una causa general, añadieron las mismas fuentes.