La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial pedirá el auxilio de organismos internacionales ante la "falta de garantías" que existe en España en la investigación disciplinaria sobre los jueces, que pueden ser investigados por tiempo indefinido en forma de diligencias informativos informativas o incluso sin saberlo mediante informes emitidos al margen de cualquier procedimiento.

Así ha ocurrido con su portavoz, Manuel Ruiz de Lara, investigado en secreto durante más de un año por el órgano encargado de la disciplina de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según reveló Público el pasado 22 de febrero. Este órgano constitucional sostiene que no duró un año, sino que se trata de expedientes distintos y que no ha existido una investigación secreta.

Las cuatro asociaciones judiciales difundieron comunicados críticos con esta investigación, quejas a las que se sumaron los jueces decanos de España quienes expresaron la "generalizada inquietud" que entre los jueces porque no saben si existen casos similares al del portavoz de la Plataforma y donde podrían no haberse respetado sus derechos fundamentales.

"El problema no es un caso singular, con ser grave. El problema es la posibilidad de que cualquier juez español esté siendo investigado sin saberlo", sostiene Jesús Villegas, secretario general de dicha Plataforma, organización especialmente crítica para el CGPJ porque difunde las posibles arbitrariedades cometidas en su elección de cargos judiciales.

Villegas alude de esta manera a que un expediente disciplinario no puede superar los seis meses. Mientras que las diligencias informativas, como las abiertas a Ruiz de Lara, no tiene limitación en el tiempo, por lo que puede ser un recurso del CGPJ para investigar a un juez por tiempo indefinido.

La petición de auxilio a organismos internacionales se centrará en la "falta de garantías que existe en España para la investigación de los jueces, con el riesgo de su instrumentalización con fines políticos" y donde el CGPJ "puede obrar de forma opaca e inquisitorial", según Villegas.

El dirigente de la Plataforma no quiere aclarar qué organismos internacionales están en el punto de mira. Sin embargo, este diario ha podido saber que se baraja pedir auxilio ante el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, que el pasado octubre criticó de forma contundente a España por no atender sus recomendaciones para fortalecer la independencia judicial, según fuentes jurídicas.

También se baraja sumar esta situación a las varias denuncias ante la ONU sobre la "grave situación de la Justicia" presentadas por Jueces para la Democracia, Rights Internacional Spain y la propia Plataforma.

El caso Ruiz de Lara

La Plataforma ha acusado este martes al CGPJ de "manipulación informativa, propia de su origen político" en las explicaciones dadas por carta este lunes a las asociaciones judiciales en el caso Ruiz de Lara.

Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, difundió ayer una carta dirigida a las asociaciones en las que expone los detalles de la investigación realizada al juez Ruiz de Lara para negar que haya durado más de un año y sin su conocimiento, cosa que el afectado desmiente, y la Plataforma califica de "interpretación sesgada de la realidad".

El CGPJ reconoce en la carta que existe un informe de mayo 2015 sobre el juez "sin cobertura legal", según Villegas. Este informe "está incorporado a las diligencias; esto es, se utiliza contra un magistrado y potencialmente es susceptible de constituir un material de cargo contra él. Da igual que lo llames galgos o podencos: es irregular ", apostilla en alusión a los matices de la carta de Lesmes sobre que la investigación de 2015 era un informe y no diligencias informativas. "Las diligencias informativas (que carecen de plazo de caducidad) se han usado en fraude de ley para eludir la incorporación de un expediente disciplinario (que sí lo tiene)", expone la Plataforma en un comunicado difundido este martes.

El CGPJ tiene como misión amparar a los jueces frente a las presiones que afecten a su independencia. Por ello, la Constitución reservó para este órgano la competencia de seleccionar, formar y sanncionarlos. Tras la última reforma del PP, esta última misión corresponde al llamado Promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Fonseca-Herrero.

El pasado viernes, Ruiz de Lara fue interrogado por Fonseca-Herrero en el marco de las diligencias informativas 632/2016. El Promotor no preguntó al juez sobre si había renovado su solicitud para ser portavoz de la Plataforma (como inicialmente se concluía que era el origen del expediente informativo), sino sobre los autores de los informes críticos de su organización.

También fue interrogado por su labor de patrocinio de unos debates entre universitarios, que fueron investigados en el informe de 2015 y que él pagó de su bolsillo para que alumnos del colegio donde había estudiado participaran en estos lances de oratoria entre estudiantes universitarios. Ruiz de Lara confirmó que carece de vinculación con dicha Liga Nacional de Debates y que su colaboración con los jóvenes es "altruista".

El viernes también, el Promotor interrogó al presidente de la Plataforma, Agustín Azparren, y la presidenta de esta liga de debates, Ana María Fúnez, alumna de la Complutense, a quien previamente se le había requerido que informara sobre quién pagaba los viajes de estos torneos y sobre los creadores de su asociación.

En su comunicado, la Plataforma sostiene que en la carta de Lesmes se reconoce la existencia del informe de 22 de mayo de 2015 "que se realiza sin cobertura de procedimiento alguno y cuyos datos se utilizan después para el interrogatorio del señor Ruiz De Lara y se incorporan a las diligencias informativas abiertas en 2016".

"Nunca se realiza notificación de dicho informe" al afectado "hasta enero de 2017 y se hacen constar en el mismo investigaciones de la Plataforma y de su web", expone el comunicado.

El Promotor explica en la carta dirigida por Lesmes a las asociaciones que en ningún momento se han cuestionado las actividades de la Plataforma. "No obstante, durante el interrogatorio" a Ruiz de Lara que duró 57 minutos "se le pregunta durante 8 minutos, por las actividades de la Plataforma, se le interroga sobre quién hace los informes de nombramientos del CGPJ y cómo se aprueban los mismos".

El magistrado fue citado por el Promotor "sin informarle de los hechos que se le imputan, de si se le imputa alguna falta disciplinaria y de los derechos que le asisten para ejercitar su derecho de defensa".}

La Plataforma concluye que el CGPJ ha utilizado "fraudulentamente el trámite de diligencias informativas que carece de regulación legal y reglamentaria para realizar investigaciones y mantener una 'auténtica instrucción' disciplinaria sin límite de tiempo, con duración superior a lo previsto en la ley incluso para instruir delitos".

Un juez incómodo

El magistrado Manuel Ruiz de Lara fue citado a declarar por el CGPJ tres días

después de que la Plataforma difundiera un vídeo en el que denunciaba el pasteleo político para repartirse los cargos en el CGPJ y la politización de la Justicia.

Ruiz de Lara es uno de los jueces que ha llevado a la justicia europea cuestiones prejudiciales en defensa del consumidor sobre cláusulas abusivas. Es juez de lo Mercantil 10 de Barcelona, destino que logró después de una sentencia del Supremo que concluyó que el CGPJ había actuado de manera arbitraria y ajeno al interés general al no convocar esta plaza que estaba vacante.

El expediente de Fonseca-Herrero abierto contra él parte de un informe de la jefa de Inspección del CGPJ, Esperanza Córdoba Castroverde, del 12 de Julio de 2016 elaborado a partir de que Ruiz de Lara solicitara para los estudiantes la celebración de un debate en la embajada de Washington, dentro de una competición internacional que iba a tener lugar en la Universidad de Harvard.

La Plataforma tilda dicho documento de "informe precocinado, elaborado sólo en base a noticias de prensa, recortes de web para posibilitar la apertura de diligencias informativas. El informe se elabora a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo" y del CGPJ, Carlos Lesmes.

En el expediente, "todos los requerimientos" realizados por el Promotor concluyen que el juez Ruiz De Lara, "no tiene cargo alguno en ninguna asociación o fundación universitaria, que no gestiona las referidas entidades y que no ha recibido retribución alguna" de esta liga de debates.

Pese a ello, el Promotor citó a Azparren y a la presidenta de la liga estudiantil "a una comparecencia, sin tener competencias para ello" ya que sólo está facultado para citar a magistrados y jueces.