Choque en público, conversaciones en privado: PP y Vox negocian en Extremadura a pesar del encontronazo en la Asamblea

Si se juzgaran solo las declaraciones del Partido Popular y de Vox, cualquiera pensaría que las posturas en Extremadura son irreconciliables. Sin embargo, entre tanto ruido y dramatización, tras analizar el detalle, las cosas avanzan, y, a estas alturas de legislatura, la situación de las negociaciones es más favorable para ambos que en 2023. La mesa de la Asamblea ya está configurada, la presidencia ha quedado en manos del PP y Vox ha recibido (por gracia del PP) un puesto en la secretaría. Hace dos años, el PSOE fue quien se presidió el órgano y la extrema derecha se quedó sin representación. 

El siguiente paso es la investidura de María Guardiola. El reglamento de la Asamblea extremeña da 15 días para el trámite de elegir candidato y otra quincena para la primera sesión del debate de investidura. En total, la ley da de margen hasta el 19 de febrero, fecha límite para esa primera votación. Ese calendario permitiría celebrar las elecciones de Aragón (el próximo 8 de febrero) sin haber resuelto la gobernabilidad de Extremadura, un movimiento que sería útil para que Jorge Azcón y el PP aragonés no se vean perjudicados por el desgaste de esas negociaciones.

Pero tras conformar la mesa de la Asamblea, la gobernabilidad de Extremadura sigue en el aire y la investidura de Guardiola no está garantizada. Necesitará, al menos, la abstención de Vox, que ahora visibiliza sus molestias tras no lograr lo que buscaba: tener peso determinante en la mesa de la Asamblea. Así lo reconocía este mismo martes Óscar Fernández, portavoz de Vox en Extremadura: "Queríamos haber negociado la Presidencia, pero la señora Guardiola se ha negado", argumentaba en la rueda de prensa posterior al pleno. 

La presidenta extremeña, en un intento de acercamiento a Vox tras los últimos choques, cedía varios diputados en la última votación para que la extrema derecha tuviera representación en la mesa. "Generosidad", aseguraba el PP sobre la jugada. "Migajas", respondía Vox. Fuentes cercanas a Santiago Abascal y a las negociaciones se mostraban a Público molestos por la postura de la presidenta y negaban que ese 'regalo' de una secretará en la Mesa de la Asamblea signifique algo: "Es una manera de disimular su escasa voluntad de llegar a acuerdos", comentaban. Pese a todo, y entre supuesta crispación, ambos han conquistado espacios políticos que no tenían.

Investidura o repetición electoral

Por ahora, PP y Vox se mueven entre la escenificación y el secretismo. Los populares fueron los primeros en ofrecer un gobierno de coalición a Vox, e intentaban así poner en un brete a la extrema derecha, en auge en las encuestas desde que se salieron de los gobiernos autonómicos en 2024: "Si no quieren gobernar, ¿para qué se presentan?", deslizaban desde el PP. A Vox no le quedó más remedio que aceptar el ofrecimiento y desde entonces las dos formaciones se miden a través de declaraciones públicas: Vox dice que el PP no les da lo que pide y el PP responde que Vox, en realidad, no está interesado en pactar. Lejos de haberse roto las negociaciones, Guardiola aseguraba que retomaría las conversaciones tras el pleno y desde la cúpula nacional de Santiago Abascal explicaban que están "en permanente contacto" con el PP.

Las verdaderas intenciones de Vox son un enigma. "No se sabe lo que quieren", explica un alto cargo del PP extremeño. Jugar a ser antisistema y abandonar los gobiernos autonómicos les ha disparado en las encuestas, y en el PP sostienen que ese auge acabará el día que entren de nuevo en los Ejecutivos. Si María Guardiola gobierna en solitario, habrá esquivado una nueva coalición con la extrema derecha (ha perdido votos respecto a 2023); y si gobierna en coalición, desactivará parte del discurso radical de Vox, que tantos votos resta al PP a nivel nacional. El mismo Feijóo, a finales de 2025, aprobó futuros pactos con la extrema derecha. "Nuestro cordón sanitario no es Vox", afirmaba en su balance anual. 

El elefante en la habitación es una repetición electoral. Si Vox y PP no alcanzan ningún tipo de acuerdo, habrá que volver a las urnas. Los partidos tendrán dos meses desde la primera votación de investidura. Si no, las cortes se disolverían y habría nuevas elecciones, allá por el mes de mayo, según el reglamento de las cortes extremeñas. "El ciudadano está cansado del proceso electoral. Y cuando está casando puede quedarse en casa o radicalizarse", teme un dirigente del PP de Extremadura, reticente a unas nuevas elecciones.