Cinco años sin ETA: el Gobierno se niega a facilitar un desarme y endurece su política carcelaria

Dos minutos y 37 segundos pueden alcanzar para muchas cosas. A las siete de la tarde de aquel jueves 20 de octubre de 2011, ETA los empleó para dar a conocer un mensaje histórico: el fin definitivo de la violencia. Cinco años después, el gobierno del PP ha dejado claro que no hay nada que le haga apartarse de su línea política: a pesar del silencio de las armas, La Moncloa ha rechazado cualquier vía que facilite –y acelere- la consolidación del nuevo escenario de paz. No en vano, los expertos internacionales que siguen de cerca este proceso se muestran asombrados con la actitud del presidente –aún en funciones- Mariano Rajoy. España, dicen, es un caso único.

“Creo que el Gobierno no ve la necesidad de dar pasos al respecto”, reconoce a Público desde Tel Aviv el mediador internacional Alberto Spektorowski. Hace ahora cinco años, este experto en resolución de conflictos –asesoró al exministro de Asuntos Exteriores de Israel Shlomo Ben-Ami durante las conversaciones de Camp David- estuvo presente en el Palacio de Aiete, lugar elegido para celebrar una Conferencia Internacional de Paz que sirvió como preludio a la declaración de ETA. “Los logros desde Aiete han sido inmensos: hoy existe una situación de paz y todos los partidos están compitiendo en la vida democrática –señala-, pero también queda mucho por hacer”.

Precisamente, Spektorowski volverá esta semana a Donostia para mantener una serie de encuentros con dirigentes políticos y sociales. Lo hará como miembro del Grupo Internacional de Contacto (GIC), la comisión de mediadores internacionales que encabeza el abogado sudafricano Brian Currin –otro de los promotores de la Conferencia de Aiete-. “El Estado español podría haber acabado con este asunto pagando un precio muy pequeño: bastaba con acercar a los presos, algo que entra dentro de las pautas de respeto a los derechos humanos”, comenta.

Sin embargo, el Gobierno de Rajoy ha decidido endurecer la política de dispersión. Según cifras proporcionadas por la plataforma ciudadana Sare (“Red” en euskera), hace cinco años había 665 presos dispersados en 71 cárceles, lo que suponía el 98,8% de ese colectivo. De ellos, sólo ocho se encontraban en prisiones del País Vasco. “A día de hoy existen 360 reclusos, pero no precisamente por una actitud benevolente de las instituciones, sino porque han cumplido sus condenas”, explica a este periódico Joseba Azkarraga, exconsejero de Justicia del Gobierno Vasco y actual portavoz de Sare.

De acuerdo a las cifras que maneja ese colectivo, de los 360 reclusos que existen en la actualidad, el 99,17% está en cárceles lejanas a sus domicilios –en 2011, con casi el doble de presos, el porcentaje era del 98,8%-, mientras que sólo tres (0,83%) se encuentran en Euskadi. Esta realidad también tiene su reflejo en el número de presos enfermos que continúan en prisión: cinco años atrás, había siete con graves problemas de salud; hoy son diez. También ha aumentado el aislamiento: hace cinco años, 12 presos se encontraban completamente solos; en este otoño, el número asciende a 22. “Más que una evolución, ha habido una involución. Estamos en una situación peor que cuando ETA estaba en activo”, resume Azkarraga.

La política penitenciaria del PP también puede medirse en kilómetros. Según las últimas informaciones proporcionadas por Etxerat –asociación de familiares de presos abertzales-, el 84,8% de los reclusos que sufre la dispersión está en cárceles ubicadas a distancias que oscilan entre los 400 y los 1.100 kilómetros. Hace unos días, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguraba que esta situación cambiaría si ETA se disolviese. “Nos parece gravísimo que se pongan contrapartidas al respeto a los derechos humanos”, responde Urtzi Errazkin, portavoz de Etxerat. “Hoy volvemos a constatar –subraya- que están utilizando el sufrimiento de los familiares para chantajear a los presos, en modo vengativo”.

La política penitenciaria del gobierno también provoca críticas entre la mayoría de los partidos políticos. “La política de dispersión no tuvo sentido cuando ETA estaba en actividad, y tampoco lo tiene ahora”, afirma el parlamentario del PNV Iñigo Iturrate, quien consideró que se trata de “un castigo añadido a los familiares, que no son responsables de los actos de los presos”.

Mientras tanto, el portavoz del PSE –partido que podría alcanzar un acuerdo con el PNV de cara a la nueva legislatura en el Parlamento de Vitoria-, José Antonio Pastor, cree que Rajoy no ha aprovechado la nueva situación abierta en Euskadi. “O bien ha sido corto de vista, por ser generoso en la valoración, o bien ha pretendido seguir estirando el chicle de utilizar el terrorismo como arma política”, comentó a Público. A su juicio, tras el fin de la violencia de ETA tendría que haberse producido, “de forma paulatina”, un “acercamiento de presos”. “Nadie está hablando de facilitar la impunidad de los asesinos –aclaró-. Lo que simplemente estamos diciendo es que, puesto que ETA no mata, ya no tiene sentido esa política de alejamiento y dispersión de presos que se hizo en una época muy concreta y determinada”.

Las declaraciones de Iturrate y Pastor van en la línea de distintas mociones aprobadas durante los últimos años por el Parlamento Vasco, donde históricamente ha existido una clara mayoría política en contra de la dispersión. Esa postura –respaldada, evidentemente, por la izquierda abertzale- también es compartida por Elkarrekin Podemos, la coalición que ha irrumpido en esta nueva legislatura con 11 escaños. “La política penitenciaria tiene una orientación vengativa”, sostiene Sergio Campos, responsable de discurso y política de la formación morada. “Eso ya era inaceptable cuando ETA mataba, y sigue siendo inaceptable hoy”, subraya.

De esta manera, sólo el PP sigue defendiendo las medidas de excepción en el ámbito carcelario. “La política de dispersión nació por ETA y morirá con ETA”, dice Borja Sémper, líder del PP en Gipuzkoa. Para sostener su postura, argumenta que es el propio entorno de los reclusos el que impide el fin del alejamiento. “Hace un par de años, me reuní con el padre de una etarra que estaba presa en Galicia –relató-. Me dijo que su hija quería acogerse a las medidas que la legislación penitenciaria española le permitía para acercarse a cárceles vascas, pero no se atrevía a hacerlo porque en su pueblo iba a sufrir el señalamiento de la izquierda abertzale”.

El discurso de los conservadores no encuentra aliados en el Parlamento Vasco, pero sí en la sede de COVITE, el grupo de víctimas del terrorismo que lidera Consuelo Ordóñez. Su hermano, el dirigente del PP vasco Gregorio Ordoñez, fue asesinado por ETA el 23 de enero de 1995 mientras comía junto a otros integrantes de su partido en un bar del Casco Viejo de Donostia. “No tiene que haber ningún cambio en la política penitenciaria, porque ya se establece claramente cuáles son los requisitos para que haya un pronóstico favorable de reinserción. Lo que pasa es que los presos prefieren seguir en Andalucía o Valencia y continuar fieles a ETA, porque no se arrepienten de su pasado”, señaló la responsable de COVITE a este periódico. “La dispersión la eligen los etarras porque quieren”, añadió.

Ya sea en el PP, en el Gobierno o en las asociaciones de víctimas de ETA, el sí a la dispersión corre de la mano con el no a cualquier proceso de desarme. No en vano, la mayoría de la clase política y de los observadores internacionales sigue sin entender la actitud de Rajoy ante una posible entrega verificada de las armas. Esta cuestión también abarca al Gobierno francés, ya que los arsenales que aún quedan estarían en ese país. De hecho, el pasado día 12 de este mismo mes, la Policía francesa y la Guardia Civil desmantelaron un zulo al norte de París, donde encontraron 145 armas cortas. Tras conocerse este caso, Sortu advirtió de que ese tipo de operaciones policiales no son más que “obstáculos” a la “voluntad manifiesta” de ETA de “poner su armamento fuera de uso”.

En efecto, no se trataba del primer golpe contra el proceso de desarme. En 2014, la Audiencia Nacional citó a los miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), un grupo compuesto por expertos internacionales que intenta facilitar la entrega y destrucción de las armas. Además, en julio de 2015 se produjo un operativo policial contra el aparato técnico-logístico de ETA en Iparralde (País Vasco francés), lo que se sumaba al hallazgo de otro zulo que se había producido unos meses antes en ese mismo territorio.

Ante estas informaciones, uno de los portavoces de Sortu, Rufi Etxeberria, no dudó en advertir a Público que “la vía del desarme se ve continuamente torpedeada por la acción de las fuerzas policiales”. “Los observadores internacionales nos dicen que se trata de una cuestión insólita que no han visto en ningún otro conflicto, ya que los gobiernos de España y Francia se niegan a atender la disposición de una organización armada que quiere desarmarse de una manera ordenada”, remarca.

Estos puntos estarán sobre la mesa en la reunión que este viernes mantendrá el Foro Social –una organización civil que trata de impulsar el proceso en Euskadi- junto a los mediadores del Grupo Internacional de Contacto. Tras ese encuentro, el sábado habrá un acto en el Palacio de Aiete, el mismo escenario que acogió la Conferencia Internacional de Paz de hace cinco años. Allí se lanzará el Foro Social Permanente, una red de entidades y personas que tratará de hallar soluciones a los asuntos relacionados con el proceso de paz que aún siguen estancados. La entrega de las armas está entre ellos.

“Hoy vemos con incredulidad que los gobiernos español y francés no quieren encarar un desarme ordenado dentro de unos estándares internacionales que ya existen para otros procesos, tal como estamos viendo en Colombia, salvando las distancias”, señaló a Público el portavoz del Foro Social, Agus Hernan. “El Gobierno ha hecho caso omiso a las distintas peticiones que le han ido llegando. Por eso, creo que ha mostrado muy poca empatía y comprensión hacia las necesidades de la sociedad vasca”, añade Paul Ríos, responsable del ya desaparecido grupo pacifista Lokarri, impulsor de aquella histórica Conferencia de Paz de 2011. Ya han pasado cinco años.