Cinco años sin ETA: el Gobierno se niega a facilitar un desarme y endurece su política carcelaria

Dos minutos y 37 segundos pueden alcanzar para muchas cosas. A las siete de la tarde de aquel jueves 20 de octubre de 2011, ETA los empleó para dar a conocer un mensaje histórico: el fin definitivo de la violencia. Cinco años después, el gobierno del PP ha dejado claro que no hay nada que le haga apartarse de su línea política: a pesar del silencio de las armas, La Moncloa ha rechazado cualquier vía que facilite –y acelere- la consolidación del nuevo escenario de paz. No en vano, los expertos internacionales que siguen de cerca este proceso se muestran asombrados con la actitud del presidente –aún en funciones- Mariano Rajoy. España, dicen, es un caso único.

Precisamente, Spektorowski volverá esta semana a Donostia para mantener una serie de encuentros con dirigentes políticos y sociales. Lo hará como miembro del Grupo Internacional de Contacto (GIC), la comisión de mediadores internacionales que encabeza el abogado sudafricano Brian Currin –otro de los promotores de la Conferencia de Aiete-. “El Estado español podría haber acabado con este asunto pagando un precio muy pequeño: bastaba con acercar a los presos, algo que entra dentro de las pautas de respeto a los derechos humanos”, comenta.
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Sin embargo, el Gobierno de Rajoy ha decidido endurecer la política de dispersión. Según cifras proporcionadas por la plataforma ciudadana Sare (“Red” en euskera), hace cinco años había 665 presos dispersados en 71 cárceles, lo que suponía el 98,8% de ese colectivo. De ellos, sólo ocho se encontraban en prisiones del País Vasco. “A día de hoy existen 360 reclusos, pero no precisamente por una actitud benevolente de las instituciones, sino porque han cumplido sus condenas”, explica a este periódico Joseba Azkarraga, exconsejero de Justicia del Gobierno Vasco y actual portavoz de Sare.

“No se arrepienten de su pasado”

El discurso de los conservadores no encuentra aliados en el Parlamento Vasco, pero sí en la sede de COVITE, el grupo de víctimas del terrorismo que lidera Consuelo Ordóñez. Su hermano, el dirigente del PP vasco Gregorio Ordoñez, fue asesinado por ETA el 23 de enero de 1995 mientras comía junto a otros integrantes de su partido en un bar del Casco Viejo de Donostia. “No tiene que haber ningún cambio en la política penitenciaria, porque ya se establece claramente cuáles son los requisitos para que haya un pronóstico favorable de reinserción. Lo que pasa es que los presos prefieren seguir en Andalucía o Valencia y continuar fieles a ETA, porque no se arrepienten de su pasado”, señaló la responsable de COVITE a este periódico. “La dispersión la eligen los etarras porque quieren”, añadió.

El impulso del Foro Social

Estos puntos estarán sobre la mesa en la reunión que este viernes mantendrá el Foro Social –una organización civil que trata de impulsar el proceso en Euskadi- junto a los mediadores del Grupo Internacional de Contacto. Tras ese encuentro, el sábado habrá un acto en el Palacio de Aiete, el mismo escenario que acogió la Conferencia Internacional de Paz de hace cinco años. Allí se lanzará el Foro Social Permanente, una red de entidades y personas que tratará de hallar soluciones a los asuntos relacionados con el proceso de paz que aún siguen estancados. La entrega de las armas está entre ellos.