CiU: "El Gobierno español ha impedido que decenas de miles de catalanes voten en las europeas"

"España ha impedido que decenas de miles de catalanes voten en estas elecciones europeas" debido a las complicaciones burocráticas relacionadas con el voto por correo. Lo ha afirmado este viernes el candidato de CiU, Ramón Tremosa, quien ha criticado la "indolencia del Gobierno español". 

Las solicitudes de voto por correo para las elecciones europeas, que se consideran un termómetro de la participación, se han incrementado en Catalunya un 45%, mientras que en el resto del Estado han caído con relación a los comicios de 2009. Según los últimos datos provisionales de la Oficina del Censo Electoral recogidos, en el conjunto de España se han aceptado 301.321 solicitudes de voto por correo para las elecciones europeas, lo que supone un descenso de casi un 4,5% respecto a las 315.374 aceptadas en los comicios de 2009.

No obstante, se observa que en Catalunya no ha habido tal descenso, sino todo lo contrario, pese a que el recuento de los datos del actual proceso electoral aún no están cerrados. De hecho, la mitad de los catalanes que han pedido votar desde el extranjero no han recibido las papeletas, según denuncia la Federación Internacional de Entidades Catalanas. Su Su secretario general adjunto, Antoni Montserrat, ha afirmado este viernes en declaraciones a la emisora Rac 1 que sólo un 5% de los emigrantes han completado los trámites para poder votar en las europeas que de éstos menos de la mitad lo podrán conseguir.

"Una vez se hace la solicitud de voto, se debe esperar que la junta electoral de la provincia de origen envíe las papeletas y que Correos de cada país las distribuya a tiempo. A día de hoy más de la mitad de los catalanes residentes en el extranjero con derecho a voto no han recibido ningún tipo de documentación. Puede que la reciban después del día 25", ha explicado.

En Barcelona se han aceptado ya 21.732 peticiones de voto para estos comicios, frente a las 15.298 que se registraron hace cinco años, lo que supone un incremento del 42%. El mismo porcentaje de aumento se ha registrado en Tarragona, donde ahora se han tramitado 3.190 solicitudes y en 2009 fueron 2.240 solicitudes.

El mayor crecimiento se aprecia en Girona, donde este año se han recibido 3.126 peticiones y hace cinco años sólo se tramitaron 1.923, lo que supone un 63%. Y no es que en esta provincia cayeran mucho las demandas de voto por correo en 2009, pues fueron muy similares a las cifras de 2004. Por último, en Lleida las solicitudes han pasado de 1.815 aceptadas en 2009 a 2.801 este año, un 54% más.

Este aumento de las solicitudes de voto por correo se produce en unas elecciones planteadas en clave soberanista en Catalunya, con el derecho a decidir como elemento central de campaña, y con ERC y CiU disputándose el primer puesto.

Emigrantes españoles denuncian las dificultades para votar

Los ciudadanos españoles que residen en el extranjero se han enfrentado a todo tipo de trabas a la hora de participar en las europeas, informa Alejandro López de Miguel. La Marea Granate lleva días denunciando a través de su web las dificultades burocráticas, los "ridículos" plazos, los retrasos y la ausencia de claridad en las instrucciones que reciben, que están mermando considerablemente la participación en las elecciones de los europeos.

En muchos casos sus obligaciones laborales les impiden desplazarse hasta el consulado más cercano, en otros la administración no les ha hecho llegar la documentación a tiempo, pero denuncian que nadie puede darles alternativas o explicaciones, ni siquiera recoger sus quejas si no pueden votar

La plataforma, integrada por españoles que se vieron obligados a emigrar a distintos países por las políticas económicas y la "injusticia social", responsabiliza de estas "abstenciones involuntarias" al bipartidismo, y llama a todos los españoles a ejercitar el derecho al voto.

Por todo ello han puesto en marcha la campaña #‎VotoRogadoVotoRobado, con la que intentan dar a conocer la situación y promover que los afectados reclamen ante la Junta Electoral Central por impedirles ejercitar un derecho básico.