CiU y PNV retiran sus enmiendas a la totalidad de la Ley de Transparencia

Los grupos parlamentarios de CiU y PNV han decidido finalmente retirar las enmiendas de totalidad que habían presentado al proyecto de Ley de Transparencia tras aceptar el Gobierno retocar el capítulo de buen gobierno, al que los nacionalistas ponían grandes reparos por considerar que invadían competencias locales y autonómicas al facultar al ministro de Hacienda ha sancionar a alcaldes y concejales.

Según han anunciado fuentes parlamentarias, CiU y PNV anunciarán su decisión desde la tribuna del Congreso durante el debate de las enmiendas de totalidad, que tiene lugar este jueves.

En su primera intervención ante el Pleno del Congreso, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya ha avanzado, respecto al tema del buen gobierno, que al Ejecutivo "le preocupa el que se sancione y se persiga" por los incumplimientos en esta materia, "no tanto quien lo haga", dejando así abierta la puerta a algunos cambios en este punto.

"No queremos que se vea esa exigencia de responsabilidad individual como un motivo de injerencia de unas administraciones en el personal de otras", ha dicho Santamaría, para añadir que la Ley de Estabilidad Presupuestaria ya ha "impuesto" nuevas obligaciones a las administraciones pero los ciudadanos "demandan también una responsabilidad a nivel individual".

La vicepresidenta ha anunciado este jueves la creación de un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que velará por el cumplimiento de la Ley de Transparencia, renunciando así a que sea un órgano estatal ya existente el que cumpla esa función, la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios, organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

"Siendo muy conscientes de la relevancia que la transparencia ha ido tomando en el debate público y la exigencia ciudadana, les anuncio la voluntad de transformarla en un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con los perfiles de mayor independencia y especialización que exige el espíritu de esta ley", ha afirmado la vicepresidenta.

En la intervención con la que ha abierto el debate, la vicepresidenta ha confirmado la inclusión en su ámbito de aplicación de la Casa del Rey y ha destacado que ésta será "la primera Monarquía europea en someterse a una obligación legal de transparencia". Según ha confirmado la vicepresidenta, el Banco de España también estará incluído expresamente en la Ley de Transparencia a petición de los nacionalistas, dando así satisfacción también a las peticiones de la oposición.

También ha aceptado la inclusión de los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales y entidades privadas que obtengan una financiación pública "relevante".

A este respecto, ha ofrecido a la oposición un acuerdo para definir los porcentajes o cuantías mínimas de dinero público que se considera relevante.

Sáenz de Santamaría ha defendido que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen gobierno es "urgente" e "inaplazable" para que los ciudadanos recuperen la confianza en sus instituciones y en la labor de sus gobernantes.

En su discurso, se ha mostrado convencida de que esta ley "marcará un antes y un después en el funcionamiento de las instituciones", y ha subrayado que no es la única reforma política emprendida por el Ejecutivo.

"El cambio se impone en todos los niveles y con él un nuevo paradigma institucional que propicie la responsabilidad, la eficiencia, la flexibilidad y la transparencia", ha proclamado.

A su juicio, estas reformas deben servir para "despejar las sombras de arbitrariedad, falta de transparencia, burocracia y falta de eficiencia que en estos momentos no sólo dificultan la capacidad competitiva de España, sino que impiden a los ciudadanos reconocerse en sus instituciones".