Las claves de los ERE: el caso que marcó a fuego la política andaluza

El caso de los ERE fraudulentos ha marcado la política andaluza de la última década y es una de las razones –no la única– que explican el ascenso del PP y la mayoría absoluta de la que goza hoy Juanma Moreno.

En la pieza que acaba de juzgar el Supremo, ratificando prácticamente en su totalidad –en sus elementos centrales, según un comunicado emitido este martes– la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que condenó a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán y otros 17 altos cargos y funcinarios, no se discute la honorabilidad personal de los expresidentes y consejeros socialistas de Hacienda, Innovación y Empleo entre 2000 y 2010.

Tampoco se trata de saber si el destino final de las ayudas para trabajadores de empresas en crisis fue delictivo –eso se ve en otras causas abiertas en los juzgados de Sevilla–, sino si el sistema de reparto que habilitó la Junta de Andalucía para paliar los efectos de los cierres y reestructuraciones laborales fue ilegal y quiénes lo montaron.

Sistema que eliminó controles

El modo de distribución fue opaco –se repartieron las subvenciones sin publicarse en el BOJA–, lo que favoreció irregularidades de todo tipo. La sentencia atribuye a Manuel Chaves, expresidente de la Junta, y a sus gabinetes –hasta siete consejeros suyos ha sido condenados con él– la puesta en marcha de "un sistema ágil" para dar "una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales", que eliminó por el camino "los mecanismos de control legalmente establecidos".

Así, según la Audiencia, la Consejería de Empleo dispuso de 679,2 millones de euros durante diez años que gastó 2sin sujeción a procedimiento alguno, sin control de la Intervención, sin exigir la más mínima acreditación de una situación que legitimase la percepción de la supuesta ayuda y sin necesidad de justificar el empleo o uso del dinero que se recibía".

Desmadre en empleo

Los gestores de Empleo, permitieron después, además de repartir el dinero en empresas y trabajadores –6.000 han cobrado las ayudas– "el enriquecimiento de empresas, a través del ahorro de gastos, y de terceros, ajeno a cualquier interés social o público debidamente acreditado" y con ello causaron perjuicios económicos a la Junta de Andalucía "claros e importantes", según el fallo.

La Consejería tuvo como jefes a José Antonio Viera y Antoni Fernández, ambos condenados por malversación y prevaricación. En su departamento se produjo un absoluto desmadre en la gestión de los fondos públicos, que personifica el hoy fallecido director general Javier Guerrero, quien dispuso a su antojo, según han revelado las investigaciones, de parte del dinero.

Las pesquisas judiciales han dibujado un panorama en el que Guerrero manejó importantes cantidades de efectivo y concedía algunas subvenciones sin mover un papel. Incluso gente que nada tenía que ver con inversiones productivas en Andalucía, como el exfutbolista Pizo Gómez, se llevó subvenciones.

La confesión de que había comprado cocaína con dinero público del chófer Juan Francisco Trujillo, el que fuera conductor de Guerrero, ante la jueza Mercedes Alaya, que llevó la instrucción del caso y que, con esta sentencia, ve refrendadas sus tesis, simboliza este desmadre.

El destino del dinero

La sentencia de la Audiencia revela a dónde fueron a parar los 679,2 millones. Fueron a tres destinos diferentes. Por un lado, a ayudas sociolaborales; por otro, a ayudas a empresas en crisis y, por último a otro tipo de ayudas ajenas a los fines a que debían ir destinadas.

Respecto a las ayudas sociolaborales, en el fallo se precisa que iban destinadas al pago de primas de pólizas de rentas y capital, abonadas por la Junta de Andalucía, de las que se beneficiaron 77 empresas, que tuvieron la necesidad de presentar expedientes de regulación de empleo, extintivos, o simplemente reducir plantilla mediante despidos.

Los magistrados subrayan que al no haberse publicado unas bases reguladoras de estas ayudas, que garantizase su publicidad y conocimiento por los potenciales beneficiarios, "se han visto privados de su derecho a acceder a estas ayudas un importante número de trabajadores afectados por el desempleo o/y situaciones de crisis empresarial".

También, según los hechos probados de la sentencia, al no haberse establecido el más mínimo mecanismo de comprobación de la pertenencia al colectivo afectado de las personas beneficiarias de las pólizas, otras personas que nunca han pertenecido al mismo han percibido sin tener derecho a ellos pólizas abonadas por la Consejería de Empleo. Estos son los famosos intrusos.

Además, "un gran número de estas ayudas" a empresas en crisis "carecían de un objeto concreto" y respondían a fines muy diversos, entre otros, pago de nóminas, de deudas, minutas por asesoramientos jurídicos y avales.

"Los fondos se emplearon también en fines distintos y ajenos a los recogidos en las fichas presupuestarias del mismo", se lee en la sentencia de la Audiencia.

Así, se abonaron "facturas emitidas por las mercantiles TAPSA y CICM, derivadas de varios contratos de campañas de comunicación sobre Fomento de Empleo y divulgación del SAE, por un total de 3.386.017,00 euros"; se financió un protocolo para la cesión al sistema de emergencias 112 Andalucía de unas dependencias del edificio Pabellón de Italia; se sufragó el programa de formación por internet del voluntariado de los Juegos del Mediterráneo en Almería, con un coste de 180.304 euros; una campaña de prevención de riesgos laborales con un coste de 491.424,43 euros; la financiación de parte de las subidas salariales de trabajadores de las empresas FCC S.A., FCC Medio Ambiente, S.A. y CESPA que puso fin a una conflictividad laboral de la limpieza pública de Granada, con un coste de 276.222 euros en cada empresa; la colaboración en la financiación de 16 muestras de artesanía y jornadas relacionadas con el empleo en municipios andaluces, de los cuales 14 eran regidos por el PSOE, uno por el Partido Andalucista y uno por IU, la mayoría de la provincia de Sevilla; y el pago de 1.192.000 euros a la Fundación San Telmo del Curso de Alta Dirección de Instituciones Sociales para un total de 100 personas.