"Cada día que pasa sin que den explicaciones claras sobre el espionaje político y asuman sus responsabilidades hace más difícil restablecer la confianza en el Gobierno español". Esta contundente afirmación es del presidente de ERC, Oriol Junqueras, y da la medida de la presión sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez que los republicanos están ejerciendo por lo que respecta al grave conflicto político generado por el Catalangate. Sin que de momento se les vea con intención de levantar el pie del acelerador. Y el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hace tándem -como es habitual en los dos dirigentes de Esquerra-, y lanza el ultimátum a quien le quiera escuchar: "No vamos a aceptar dilaciones, es cosa de días, como mucho, una semana".

La tensión por el grave caso de espionaje político masivo contra más de sesenta dirigentes políticos, activistas y abogados independentistas con el sistema Pegasus está lejos de enfriarse, aseguran fuentes del Palau de la Generalitat, "si la Moncloa no toma decisiones claras y efectivas de forma urgente". Las decisiones pasan por aceptar una investigación a fondo con supervisión independiente y forzar dimisiones. Y en este último punto desde el Govern no quieren concretar nombres ni cargos, pero fuentes de la dirección de Esquerra sitúan a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el centro de la diana.

Robles aumenta la indignación en ERC

Para los republicanos, la propuesta del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de abrir lo que él llama "un control interno" del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y que fuentes del Govern reducen a "simple auditoría técnica poco fiable", supone una admisión de que los servicios secretos españoles están presuntamente detrás del caso y, por tanto, "por acción o por omisión", debe dimitir algún responsable. Y, de entrada, los principales dirigentes de Esquerra, apuestan por tirar por elevación a quien tiene la máxima responsabilidad en la actualidad, que no es otra que la ministra de Defensa, Margarita Robles, de quien depende este organismo.

Por si faltara motivación, las palabras de Robles acusando a Aragonès de apuntar injustamente al CNI "porque sabe que no se puede defender" han causado verdadera indignación en Esquerra. "Los que no nos podemos defender somos los que hemos sido espiados", ha respondido airadamente el president.

La semana que ahora empieza marcará el listón de exigencia en este tema, pero en ERC insisten en que "deben rodar cabezas". Falta por ver si una posible dimisión como la de la directora del CNI, Paz Esteban López, le serviría a Robles de fusible para aplacar los ánimos de los republicanos. Descarte siempre difícil de ejecutar en materia tan sensible como la que dirige Esteban López. Pero si Pedro Sánchez decide mantener prietas las filas sin ofrecer ningún sacrificio al altar de la depuración de responsabilidades, veremos cómo la presión sobre Robles se incrementa.

El precedente del CESID

Para los que consideran esta petición exagerada, siempre pueden recordar –y en la sede nacional de ERC lo tienen muy presente– el episodio de espionaje que protagonizó el CESID en 1995. Cuando se descubrió que el precedente del actual CNI había estado espiando durante años a políticos, periodistas, empresarios y todo tipo de personalidades –incluido el entonces jefe del Estado, el rey Juan Carlos I– el entonces presidente del Gobierno español, el también socialista Felipe González, hizo lo mismo que su sucesor Pedro Sánchez: mirar para otro lado.

Pero, sólo 15 días más tarde, González no tuvo más remedio que asumir responsabilidades políticas. El primero en dimitir fue el responsable directo del espionaje, el teniente general Emilio Alonso Manglano, director general del CESID. Luego le siguieron el ministro de Defensa, Julián García Vargas, y el entonces vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra. Ahora los afectados son los independentistas y seguramente eso ha hecho creer a la Moncloa que la cosa no es comparable y el espionaje se devalúa. Pero nada se puede descartar en los próximos días. Ni las dimisiones, ni la pérdida de la mayoría en el Congreso en votaciones clave para el Gobierno.

Que la controversia política esté centrada en la actual ministra de Defensa y responsable del CNI no quiere decir que en el Palau de la Generalitat no se tenga en cuenta que el masivo espionaje político contra los independentistas empezó durante la etapa del PP con Mariano Rajoy en la presidencia y Félix Sanz Roldán dirigiendo el CNI, en aquel momento con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría como responsable política del servicio de espionaje español. Contra ellos ya no cabe exigir responsabilidades políticas, pero no se descartan las judiciales en caso de que se acabe demostrando la autoría del CNI.

Semana de curvas y reunión al más alto nivel

La comparecencia de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, pero también las fuentes de Esquerra consultadas por Público, dejan claro que la visita relámpago del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dista mucho de devolver las aguas a su cauce. Esto se traduce en que este lunes comienza una semana de infarto en la que "vienen curvas", en palabras de un dirigente republicano. "Van a pasar cosas", asegura esta misma fuente, "y, si no pasan, que el Gobierno español se atenga a las consecuencias".

El viaje de Bolaños a Barcelona ha servido para una primera cata presencial de cómo están los ánimos después de diversas llamadas telefónicas en los últimos días y mensajes intercambiados entre diversos interlocutores de los dos Gobiernos, incluidos entre Aragonès y Sánchez. Pero "habrá más reuniones", aseguran en la plaça Sant Jaume. Desde la presidencia de la Generalitat, trabajan con la Moncloa para una reunión "al más alto nivel", que debería permitir que los dos presidentes trataran este asunto en persona "por su extrema gravedad", aseguran. Un encuentro que las fuentes consultadas aclaran que "por sí solo, no solucionará el grave problema que tenemos entre manos", pero que en el Palau de la Generalitat consideran "imprescindible para poder encauzar la solución".

De entrada, Bolaños se volvió este domingo a Madrid con el reproche de Vilagrà por el hecho que Pedro Sánchez aún no haya dado una sola explicación pública plausible sobre el Catalangate y el encargo de que esta semana se corrija esta carencia con alguna declaración, probablemente en sede parlamentaria.

La fecha límite del decreto anticrisis del jueves

ERC es un partido que arrastra en Catalunya la mofa de "partido pagafantas" por su relación con el PSOE. Y todo indica que el Catalangate le está sacando de esa imagen y los republicanos, muy enfadados por el espionaje de Pegasus, se han gustado en la nueva faceta de firmeza y dureza. De momento, la primera y principal preocupación en la Moncloa es la convalidación del decreto de medidas económicas para paliar la crisis provocada por la guerra de Ucrania y que supondrá este jueves el primer deadline en el Congreso. Esquerra no ha comprometido su voto favorable, aunque tampoco ha confirmado el voto negativo y, con la mayoría de la investidura en jaque por el Catalangate, el Gobierno español puede quedar en manos del PP. Y el precedente de la votación del decreto de la reforma laboral es un muy mal recuerdo para Pedro Sánchez.

"Decidiremos el voto a lo largo de la semana en función de la respuesta que nos dé sobre el Catalangate el Gobierno español", aseguran en Esquerra. Y añaden que "como pasó con la reforma laboral, las cosas hay que negociarlas, pero no podemos negociar con quién nos espía. Las medidas que hay que convalidar son importantes y ERC siempre está al lado de la gente para mejorar sus condiciones de vida, pero el tema del espionaje político es muy grave porque afecta a los fundamentos de la democracia y de los derechos fundamentales y las libertades".

Fuego a discreción en el Congreso

La semana parlamentaria será muy intensa hasta llegar al jueves con fuego a discreción de todos los grupos independentistas en forma de iniciativas parlamentarias en el Congreso. De momento, ya se han presentado siete peticiones de comparecencia para dar explicaciones sobre el espionaje con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, o el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la cabeza. Y también se han registrado baterías de preguntas al respecto.

Habrá que esperar a ver la evolución del asunto del Catalangate, que puede ser vertiginosa. Pero da la sensación de que en el PSOE no tenían muy bien puestos los sensores sísmicos hace justo una semana cuando The New Yorker destapó uno de los casos -o el caso- de mayor calibre en el espionaje político en Europa. "Están calibrando con retraso y en diferido la gravedad del asunto", aseguran fuentes republicanas. "Primero escondieron la cabeza como los avestruces, después minimizaron el asunto y, cuando han visto la repercusión internacional, se han puesto nerviosos. Pues ahora les toca reaccionar adecuadamente o las consecuencias serán de extrema gravedad", afirman las mismas fuentes.

Cambio de paradigma

"Hay un antes y un después del Catalangate", aseguran en ERC, en las relaciones del partido con el PSOE y entre el Govern y el Gobierno español. Incluso si se desencalla satisfactoriamente el conflicto y se reactivan las confianzas maltrechas, los republicanos advierten que habrá que hacer un reset y habrá que revalidar los acuerdos anteriores que han dejado de ser válidos "por la gravedad de esta cuestión". Entre ellos, el de la Mesa de Diálogo, que en el Palau de la Generalitat exigen se reactive de una vez por todas con voluntad de avanzar, si de verdad el Gobierno español quiere zanjar el Catalangate.